Poder adquisitivo en retroceso: una familia necesitó más de $1.360.000 para no ser pobre

La última medición del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) confirmó que la canasta básica total para una familia tipo alcanzó más de $1,360.000, el umbral que determina la línea de pobreza. En consecuencia, los salarios registrados —tanto del sector público como privado— quedaron casi tres puntos por debajo de la inflación acumulada en 2025, profundizando la pérdida del poder adquisitivo.

El deterioro del salario real vuelve a instalarse como una de las principales preocupaciones económicas y sociales del año. La suba sostenida del costo de vida, impulsada por alimentos, servicios y bienes esenciales, continúa desfasada respecto de la evolución de los ingresos formales.

El dato de la canasta básica total no es un número aislado: fija el piso a partir del cual una familia tipo es considerada pobre. Que ese umbral haya trepado a más de $1,360.000 revela la magnitud del esfuerzo económico que deben realizar los hogares trabajadores para sostener un nivel mínimo de consumo.

Al mismo tiempo, los sueldos registrados no lograron acompañar la dinámica inflacionaria. Según los últimos estudios oficiales, el promedio de ingresos del sector formal quedó casi tres puntos por debajo del alza general de precios acumulada en 2025. El resultado es una nueva contracción del poder adquisitivo, que se suma a la pérdida arrastrada en los últimos años.

La brecha entre precios e ingresos

La combinación de inflación persistente y paritarias que corren desde atrás genera un círculo complejo. Aun cuando los acuerdos salariales intentan incorporar cláusulas de revisión o ajustes escalonados, la aceleración de precios en rubros clave termina erosionando cualquier mejora nominal.

El impacto es particularmente visible en alimentos, tarifas y transporte, componentes que concentran buena parte del gasto mensual de los hogares. Cuando esos rubros crecen por encima del promedio, el salario real se deteriora incluso en contextos de recomposición parcial.

Desde el ámbito gremial, el desfasaje vuelve a encender alarmas. La pérdida de casi tres puntos frente a la inflación implica que el ingreso formal —históricamente un resguardo frente a la informalidad— ya no garantiza estabilidad en términos de capacidad de compra.

La discusión no es solo porcentual. También involucra la periodicidad de los ajustes, la inclusión de sumas fijas o bonos compensatorios y la posibilidad de cláusulas automáticas de indexación, en un contexto donde la política económica nacional transita un año de ajustes y redefiniciones.

Las paritarias, una vez más, se convierten en el principal instrumento de defensa del ingreso formal. Su eficacia —y la voluntad política de sostener la recomposición— determinarán si 2026 profundiza la pérdida o logra revertir la tendencia.