El movimiento obrero copó el Congreso para frenar la reforma laboral

Las tres centrales obreras encabezaron una multitudinaria marcha frente al Congreso para exigir el rechazo del proyecto impulsado por el Gobierno nacional. Aunque la protesta mostró una inusual postal de unidad sindical, la jornada quedó atravesada por incidentes y un operativo represivo. La votación en el Senado definirá el rumbo de una reforma que tensiona al sistema político y al mundo del trabajo.

En una de las movilizaciones sindicales más significativas de los últimos meses, la CGT y las dos vertientes de la CTA confluyeron frente al Congreso en rechazo a la reforma laboral promovida por el Ejecutivo nacional. La convocatoria coincidió con el inicio de la sesión en la que el Senado comenzó a debatir el proyecto, en un clima político atravesado por fuertes presiones cruzadas y una expectativa que excede el recinto.

La Plaza de los Dos Congresos y sus alrededores fueron el epicentro de una movilización que reunió a gremios industriales, estatales, docentes y organizaciones sociales y políticas. La CGT concentró mayoritariamente sobre la calle Hipólito Yrigoyen, mientras que los sectores referenciados en partidos de izquierda ocuparon la Avenida Rivadavia. Fue precisamente en ese sector donde se produjeron los incidentes que alteraron el desarrollo de la jornada: un grupo reducido de manifestantes derribó parte del vallado perimetral y arrojó bombas molotov, lo que derivó en la intervención de las fuerzas de seguridad con gases lacrimógenos, camiones hidrantes y balas de goma.

La tensión desdibujó parcialmente la puesta en escena sindical, aunque no opacó el mensaje central: el rechazo frontal a una iniciativa que, según sostienen las centrales obreras, implica un retroceso estructural en materia de derechos laborales.

Unidad en la calle, diferencias en la estrategia

Más allá de las divergencias tácticas que habían quedado expuestas en debates previos, los sectores dialoguistas y combativos coincidieron en la necesidad de exhibir unidad frente al proyecto oficial. Esa postal, poco frecuente en el último tiempo, buscó enviar una señal política directa a los senadores.

En la antesala de la marcha, la CGT difundió un documento en el que reclamó a los legisladores que actúen “con responsabilidad” y advirtió que la reforma “no resuelve los problemas del trabajo, sólo los agrava”. El texto apuntó contra lo que definió como una iniciativa que persigue “la degradación de las condiciones laborales y el debilitamiento de las organizaciones gremiales”.

Durante el acto se dio lectura a un documento consensuado por las organizaciones convocantes, donde se detallaron los principales cuestionamientos al proyecto y se ratificó la continuidad del plan de lucha. Aunque circularon versiones sobre un eventual discurso de la conducción cegetista, los incidentes modificaron la dinámica prevista y limitaron las intervenciones públicas.

Las CTA, por su parte, reforzaron la protesta con un paro nacional de 24 horas. En un comunicado conjunto denunciaron que la movilización fue reprimida y remarcaron que la jornada forma parte de un plan de lucha escalonado que ya tuvo expresiones masivas en Córdoba y Rosario, y que prevé nuevas acciones en distintas provincias.

El trasfondo político de la reforma

En el plano discursivo, las centrales sindicales coincidieron en que la reforma responde a una lógica de flexibilización que, bajo el argumento de la modernización, avanzaría sobre garantías históricas del derecho laboral argentino. Señalaron que el proyecto habilitaría modalidades contractuales más precarias, abarataría los costos de despido y ampliaría la discrecionalidad empresarial.

El titular de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, sostuvo que el Frente Sindical de Unidad nació “para enfrentar y vencer la reforma laboral de Milei y de los gobernadores cómplices”, mientras que Hugo Yasky, de la CTA de los Trabajadores, subrayó que la masividad de la protesta demuestra que “hay un pueblo que tiene dignidad y defiende en la calle sus derechos”. En la misma línea, el secretario general de la UOM, Abel Furlán, ratificó el rechazo integral al articulado y descartó cualquier negociación sobre su contenido.

Más allá de las consignas, la disputa es de fondo. Para el oficialismo, la reforma constituye una herramienta para dinamizar el mercado laboral y reducir la litigiosidad. Para el movimiento obrero, en cambio, se trata de un rediseño regresivo del esquema de protección que debilita la negociación colectiva y altera el equilibrio entre capital y trabajo.

Un conflicto que trasciende la votación

La CGT fue clara en su advertencia: aun si el Senado aprueba la media sanción, el plan de lucha continuará. La central dejó abierta la posibilidad de profundizar medidas en el Congreso y en la Justicia, configurando un escenario de conflictividad sostenida.

El Senado, así, no sólo definirá el destino inmediato del proyecto, sino también el nivel de tensión social que acompañará su eventual implementación. La movilización frente al Congreso dejó en evidencia que la reforma laboral no es un debate técnico sino un punto de inflexión político.

En un país donde el derecho del trabajo forma parte de su identidad institucional y social, cualquier modificación de gran alcance impacta directamente en el equilibrio de poder entre el Estado, las empresas y los trabajadores. La decisión que adopte la Cámara alta marcará no sólo el rumbo legislativo, sino también el clima social de los próximos meses.