Silencios empresarios y cautela sindical ante el avance de la reforma laboral

Mientras el Gobierno acelera el tratamiento de la reforma laboral, en el oficialismo aseguran contar con los votos necesarios para su aprobación. El empresariado mantiene un llamativo silencio y el sindicalismo apuesta a modificar los puntos más conflictivos en el Congreso, en un escenario de negociaciones cruzadas y márgenes cada vez más estrechos.

El Ejecutivo nacional avanza en el tratamiento parlamentario del proyecto de reforma laboral con un mensaje claro hacia adentro y hacia afuera del Congreso: los votos estarían. En despachos alineados con la administración libertaria aseguran que el poroteo resulta favorable tanto en Diputados como en el Senado, gracias al respaldo de aliados clave y a acuerdos que, aunque no siempre explícitos, comienzan a reflejarse en el clima legislativo.

Mientras se afina la ingeniería parlamentaria, el contraste entre actores sociales es marcado. Las cámaras empresariales optan por el silencio, sin comunicados conjuntos ni gestos de presión institucional, lo que en la práctica es leído como una señal de aval implícito al proyecto. En este aspecto, el movimiento sindical —que hasta ahora no convocó a un paro general— parece concentrar su estrategia en intentar bloquear o modificar los puntos más polémicos de la iniciativa durante el debate en comisiones y el recinto.

En la Casa Rosada, el presidente Javier Milei y la hoy senadora Patricia Bullrich siguen de cerca las negociaciones y empujan un objetivo político concreto: llegar al 1 de marzo, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, con la reforma laboral ya sancionada. Ese cronograma imprime urgencia a las conversaciones y eleva la presión sobre aliados y opositores dialoguistas.

En ese esquema, el rol de los gobernadores aparece como una pieza central. Aunque varios mandatarios provinciales evitan definiciones públicas o ensayan gestos de distancia del oficialismo, en el Congreso crece la percepción de que muchos de ellos ya habrían cerrado acuerdos con el Gobierno nacional. Ese silencio calculado, interpretan incluso en sectores de la oposición, podría traducirse en votos decisivos a favor del proyecto, aun cuando se expresen críticas parciales o disidencias discursivas.

El empresariado, por su parte, despliega un doble discurso. En público, algunos referentes advierten sobre incertidumbre jurídica o señalan que la reforma no los satisface plenamente. Sin embargo, en los hechos no se registran acciones concretas para frenar la iniciativa: no hay posicionamientos colectivos, ni advertencias de peso, ni señales de conflicto abierto con el Ejecutivo. En el mundo sindical, esta pasividad es interpretada como un indicio de que los principales grupos empresarios ya estarían negociando beneficios sectoriales y reacomodando intereses dentro del nuevo marco laboral.

Desde las centrales sindicales, en cambio, el diagnóstico es más prudente. Dirigentes gremiales sostienen que el proyecto difícilmente se apruebe antes de marzo y que, en su redacción actual, “así no pasa”. La apuesta pasa por introducir cambios durante el debate parlamentario y aprovechar las tensiones internas del oficialismo y sus aliados para reabrir la discusión. No obstante, puertas adentro también reconocen que el margen de maniobra se achica con el correr de los días.

La principal incógnita sigue siendo la capacidad de respuesta del movimiento obrero. Para frenar o modificar de fondo la reforma, advierten distintas fuentes sindicales —incluso dentro de la CGT—, no alcanza con gestiones reservadas ni comunicados. Haría falta una gran movilización nacional, acompañada por paros sectoriales y acciones concretas en los lugares de trabajo, incluso con sindicatos que decidan avanzar por cuenta propia si no hay una convocatoria unificada.

Con el reloj político corriendo y los acuerdos avanzando en silencio, la reforma laboral se encamina a una definición clave. El desenlace dependerá no sólo del número de votos, sino también de cuánto estén dispuestos los distintos actores a salir de la especulación y asumir costos políticos reales.