La reforma laboral avanza sobre las obras sociales y amenaza el financiamiento del sistema solidario de salud

Casi sin debate ni discusión mediática, el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno introduce una reducción en los aportes patronales destinados a las obras sociales. Especialistas y gremios advierten que la medida provocará un fuerte desfinanciamiento del sistema y trasladará costos directamente a los trabajadores.

Mientras el foco del debate público se concentra en los cambios sobre indemnizaciones, convenios colectivos y condiciones de contratación, el proyecto de reforma laboral incorpora un impacto profundo y estructural sobre el sistema nacional del seguro de salud, uno de los pilares del modelo solidario argentino. La iniciativa prevé una reducción de un punto porcentual en la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales, una modificación de gran deterioro que avanza, hasta ahora, con escasa discusión pública.

En términos concretos, la reforma reduce el aporte empresario del 6% al 5%, lo que implica que el financiamiento total del sistema de salud pase del 9% al 8%. Según advierten especialistas y dirigentes gremiales, esta decisión supone un traslado directo de costos desde los empleadores hacia los trabajadores y afiliados, que deberán afrontar mayores gastos para acceder a estudios, tratamientos y prestaciones médicas.

De acuerdo con estudios de impacto elaborados por el sector, la baja de aportes patronales significaría una pérdida estimada de 994 mil millones de pesos anuales para el sistema de obras sociales. El recorte se produce, además, en un contexto ya crítico: salarios deteriorados por la inflación, caída del poder adquisitivo y un proceso de “descreme” generado por la libre derivación de aportes, que debilitó el rol histórico de las obras sociales sindicales como intermediarias obligatorias.

Desde el sector advierten que el efecto será desigual pero profundo. Las obras sociales más pequeñas —con menor cantidad de afiliados y altos costos fijos— se encuentran entre las más vulnerables y podrían enfrentar una crisis terminal, con serias dificultades para sostener la prestación de servicios básicos. En muchos casos, la viabilidad misma del sistema quedaría comprometida.

Las proyecciones coinciden en que el ajuste terminará impactando de lleno en el bolsillo de los trabajadores. Entre las alternativas que se analizan para compensar la pérdida de ingresos figuran el deterioro en la calidad de los planes de atención, el aumento de cápitas en esquemas desregulados y la generalización de copagos más altos y extendidos. Para quienes combinan obra social con medicina prepaga, la reducción del aporte patronal se traducirá en un mayor gasto mensual para sostener el mismo nivel de cobertura.

Uno de los puntos más sensibles apunta al Fondo Solidario de Redistribución (FSR), encargado de financiar los reintegros del Sistema Único de Reintegros (SUR), las prestaciones de alto costo y el Mecanismo de Integración para personas con discapacidad. La reducción de recursos limitará su capacidad para compensar asimetrías entre obras sociales, generará demoras en los reintegros y provocará un desfinanciamiento directo de prestaciones críticas.

El FSR resulta clave para garantizar tratamientos vinculados a discapacidad, medicamentos oncológicos, terapias para personas con HIV y otras prestaciones esenciales. Su debilitamiento compromete el principio de solidaridad que sostiene al sistema y profundiza las desigualdades en el acceso a la salud.

Frente al avance del proyecto —que el oficialismo buscaría aprobar en el Senado en los próximos días— las organizaciones sindicales se mantienen en estado de alerta permanente. Desde la CGT reiteraron su disposición al diálogo, pero advirtieron que no descartan medidas de fuerza, incluido un paro nacional, si se mantiene la redacción actual.

Los gremios sostienen que la reducción de aportes patronales no sólo pone en riesgo la sustentabilidad del sistema solidario de salud, sino que constituye un nuevo retroceso en derechos, con un impacto directo y cotidiano en la vida de trabajadores y jubilados. En silencio y sin debate amplio, la reforma laboral avanza sobre uno de los núcleos más sensibles del entramado social argentino.