La CGT sale a buscar aliados provinciales para frenar la reforma laboral

El triunvirato cegetista inicia una gira por el interior para influir en el voto de senadores y gobernadores frente a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Córdoba será la primera parada, en un escenario atravesado por tensiones fiscales, internas sindicales y negociaciones reservadas con el oficialismo.

La Confederación General del Trabajo (CGT) pondrá en marcha este martes en Córdoba su primera ofensiva territorial para intentar frenar la sanción de la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional y que comenzará a debatirse en el Senado a partir del 11 de febrero. La elección de la provincia no es casual: el gobernador Martín Llaryora aparece como uno de los mandatarios que, al menos en público, expresó reparos tanto al recorte de derechos laborales como al impacto fiscal del proyecto sobre las provincias.

La delegación cegetista estará encabezada por los integrantes del triunvirato —Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello—, quienes definieron a comienzos de mes una estrategia de contactos directos con gobernadores y senadores para condicionar el tratamiento parlamentario de la iniciativa oficial. El objetivo inmediato es claro: impedir que la reforma sea sancionada en sesiones extraordinarias y forzar su discusión en el período ordinario, ganando tiempo en un contexto económico y político todavía inestable para el Ejecutivo.

En Córdoba, la CGT buscará comprometer a Llaryora para que los legisladores de su provincia no acompañen el proyecto. El gobernador ya había marcado distancia al plantear la necesidad de debatir nuevas modalidades laborales sin retroceder en derechos adquiridos. “Me parece importante discutir las nuevas modalidades de trabajo, dar un marco de seguridad jurídica privilegiando a las pymes, pero no volver para atrás ni un milímetro con los derechos de los trabajadores”, sostuvo durante el inicio del Festival de Cosquín, en una definición que fue leída con atención por el sindicalismo.

El itinerario original de la central obrera incluía visitas a Tucumán, Salta, Catamarca y Santa Fe, y luego a Río Negro, Chubut y Santa Cruz. Sin embargo, hasta ahora, la agenda aparece raleada: Córdoba es el único encuentro confirmado. Desde la CGT reconocen malestar por la falta de respuestas de tres gobernadores —Gustavo Sáenz, Osvaldo Jaldo y Raúl Jalil—, a quienes acusan de dilatar o directamente esquivar las reuniones. Para la conducción sindical, esa actitud refuerza la sospecha de que una mayoría de mandatarios podría terminar alineándose con el Gobierno en el Congreso.

El trasfondo fiscal profundiza las tensiones. El capítulo impositivo de la reforma laboral, que reduce los fondos coparticipables derivados del Impuesto a las Ganancias, genera resistencia en varias provincias. Aun así, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantiene una posición inflexible frente a cualquier esquema de compensación, lo que introduce dudas sobre la solidez del respaldo provincial al proyecto.

Cristian Jerónimo, cotitular de la CGT, buscó relativizar la idea de un apoyo automático de los gobernadores. “No están dispuestos a firmar a libro cerrado una medida como este proyecto de ley”, afirmó, y agregó que la central viene “generando conciencia con cada gobernador y con cada senador”, en un intento por sostener una vía de presión política más institucional.

Con este panorama, la CGT despliega una estrategia de negociación múltiple dentro del oficialismo. Mantiene contactos reservados con el asesor presidencial Santiago Caputo; con el sector que orbitan Martín y “Lule” Menem, en articulación con el ministro del Interior Diego Santilli; y con Patricia Bullrich, desde el Senado, donde funciona una comisión técnica que analiza modificaciones al texto original. En ese marco, Federico Sturzenegger quedó marginado de las conversaciones, una señal de que el Gobierno prioriza preservar canales de diálogo con la central obrera.

Sin embargo, en la CGT predomina la cautela. Aunque admiten una “buena predisposición” oficial para introducir cambios, aseguran que todavía no hubo decisiones concretas. “Nadie bajó el martillo”, repiten en voz baja.

El plan moderado de la conducción cegetista convive, además, con una creciente presión interna. Sectores sindicales más duros, junto con las dos CTA, avanzaron esta semana en un plan de lucha propio. En un encuentro realizado en la UOM, resolvieron movilizaciones en Córdoba el 5 de febrero y en Rosario el 10, además de paros y protestas el día en que el Congreso trate la reforma.

El dirigente de ATE, Rodolfo Aguiar, fue uno de los más explícitos: llamó a “exponer a los gobernadores” que acompañen el proyecto y advirtió que la reforma “termina por desfinanciar y fundir a las provincias”. Sus declaraciones reflejan el clima de creciente conflictividad que rodea el debate.

La CGT juega una partida compleja y de alto riesgo. Mientras apuesta a una táctica federal para erosionar el respaldo político a la reforma laboral, enfrenta la desconfianza de algunos gobernadores, la dureza fiscal del Gobierno y la presión de un sindicalismo que exige respuestas más contundentes. Córdoba será el primer test de una ofensiva que busca ganar tiempo y modificar el equilibrio de fuerzas en el Congreso. Si fracasa, el escenario que se abre es el de una confrontación abierta entre el Ejecutivo y el movimiento obrero, con consecuencias políticas y sociales que podrían extenderse mucho más allá del debate legislativo.