Reforma laboral: juristas advierten una violación abierta a derechos constitucionales

La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas (AAL) manifestó un rechazo categórico al proyecto de reforma laboral promovido por el Gobierno nacional, al que considera incompatible tanto con la Constitución Nacional como con los tratados y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La posición fue expresada en el marco del Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social, espacio multisectorial del que la AAL integra su mesa ejecutiva.

El pronunciamiento quedó plasmado en un documento consensuado por organizaciones de derechos humanos, sindicatos, asociaciones profesionales, jueces, cátedras universitarias y dirigentes de las centrales sindicales CTA y CGT. Desde ese ámbito anticiparon una oposición frontal al tratamiento legislativo de la iniciativa durante las sesiones extraordinarias del Congreso, cuyo debate en el Senado estaría previsto para el próximo 11 de febrero.

Según el texto difundido, el proyecto oficial carece de cualquier elemento que pueda considerarse jurídicamente admisible. “Nada, absolutamente nada de los contenidos de este proyecto es compatible con los Tratados, Convenios Internacionales de la OIT ni con la Constitución Nacional”, sostiene el documento, cuya redacción contó con una participación activa de la AAL.

Los ejes del cuestionamiento

Entre las principales objeciones, los abogados laboralistas advierten que la reforma introduce regulaciones “prácticamente prohibitivas” sobre el derecho de huelga, uno de los pilares de la libertad sindical consagrada tanto en la normativa constitucional como en los convenios internacionales suscriptos por la Argentina.

Asimismo, el proyecto elimina o debilita los sistemas de indemnización y las sanciones frente a incumplimientos de las obligaciones laborales, lo que, según la AAL, generaría un escenario de mayor precarización del empleo y de desprotección estructural para las personas trabajadoras. En ese marco, sostienen que la iniciativa favorece una transferencia de riesgos hacia el trabajador y consolida un retroceso en los estándares históricos del derecho del trabajo.

Para Guillermo Pérez Crespo, presidente de la Asociación, el Foro se constituyó como respuesta a lo que definió como “un brutal ataque del poder económico y del Gobierno nacional contra la clase trabajadora”. Desde su perspectiva, el proyecto no es una reforma orientada al desarrollo productivo ni a la creación de empleo, sino una ofensiva que busca debilitar la capacidad de defensa colectiva y reducir el alcance de los derechos laborales.

Rechazo, pero con una condición

Romina Stampone, secretaria general de la AAL, sostuvo que frente al contenido del proyecto “no queda otra respuesta que el rechazo”, aunque aclaró que el espacio no descarta el diálogo si existiera una voluntad real de discutir una reforma en términos democráticos y constitucionales.

Según remarcó, cualquier debate serio sobre el régimen laboral debería partir del fortalecimiento del principio protectorio del derecho del trabajo y del pleno cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el país. “Nada de eso está presente en esta iniciativa”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre el impacto social y jurídico que podría tener su aprobación.

Un frente amplio en defensa del derecho del trabajo

El Foro por la Defensa del Derecho del Trabajo y de la Justicia Social fue presentado el año pasado en la sede de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE) y reúne a decenas de sindicatos, organizaciones académicas, profesionales y de derechos humanos. Desde ese espacio, la AAL reafirmó su compromiso con la defensa del derecho del trabajo como un pilar central de la justicia social y del sistema democrático.