El Gobierno rompe puentes con la CGT y endurece la pulseada por la reforma laboral

A semanas del inicio del debate formal en el Congreso, el Gobierno decidió excluir a la CGT de cualquier instancia de negociación sobre la reforma laboral. El malestar oficial por gestos políticos recientes de la central sindical selló una ruptura que empuja el conflicto al terreno parlamentario y a la calle.

Cuando restan pocas semanas para que el Congreso comience a discutir formalmente la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei tomó una definición política de alto impacto: cerrar por completo el diálogo con la Confederación General del Trabajo (CGT), uno de los actores centrales del sistema laboral argentino.

En la Casa Rosada reconocen que la relación con la central obrera atraviesa su peor momento desde el inicio de la gestión libertaria. Funcionarios del oficialismo admiten que “ya no hay margen para negociar” con la CGT, a la que consideran hoy un actor abiertamente confrontativo y sin voluntad de acompañar el proyecto.

El punto de quiebre, según deslizan en Balcarce 50, fueron los gestos políticos recientes del sindicalismo, en particular el comunicado de la CGT contra el DNU 941/2025, que reformó la estructura de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), y las declaraciones públicas de dirigentes históricamente considerados “dialoguistas”, que en las últimas horas cuestionaron con dureza el contenido de la reforma laboral.

Desde el oficialismo interpretan ese endurecimiento como una respuesta a presiones internas del propio entramado sindical, que forzó a referentes con vínculos aceitados con La Libertad de Avanza a abandonar cualquier postura conciliadora. El resultado fue una decisión tajante: la CGT quedó fuera del esquema de consultas.

El artículo sensible y el núcleo del conflicto

Uno de los puntos que más tensiona la relación es el artículo 161 del proyecto, que reduce del 6% al 5% la contribución patronal destinada a las obras sociales sindicales. Para la conducción gremial, la modificación implica un desfinanciamiento directo del sistema de salud laboral, uno de los pilares económicos y políticos del sindicalismo argentino.

Las propias estimaciones oficiales reconocen que la rebaja representaría una pérdida de entre 679 y 700 millones de dólares anuales, una cifra equivalente a aproximadamente el 0,1% del PBI. En la lectura sindical, se trata de un golpe estructural que excede lo fiscal y busca debilitar la capacidad de acción de los gremios.

En el Gobierno, en cambio, consideran que la reacción de la CGT confirma que la reforma avanza sobre privilegios históricos y no sobre derechos laborales básicos. Esa convicción refuerza la decisión de avanzar sin consenso con la central obrera.

Estrategia sindical: gobernadores, Congreso y calle

En la calle Azopardo son plenamente conscientes del escenario. Admiten que no esperan ningún gesto del Ejecutivo y que el canal de diálogo político está virtualmente clausurado. Frente a eso, la CGT redefinió su estrategia: replegarse sobre los gobernadores y buscar que los legisladores provinciales bloqueen o modifiquen el proyecto en el Congreso.

A esa vía institucional se suma la presión social. La conducción sindical apuesta a que la movilización en las calles y la instalación del debate en la opinión pública generen el costo político suficiente para frenar la reforma. En tal sentido, comenzó a sobrevolar una opción de máxima tensión: un paro nacional. Aunque en el oficialismo desestiman esa posibilidad, dentro de la CGT ya no la descartan.

Paro nacional, una carta latente

Cristian Jerónimo, secretario general, dejó abierta esa puerta en declaraciones radiales. Señaló que la central obrera ya desplegó una estrategia política y comunicacional para advertir sobre el alcance de la reforma laboral, combinando trabajo territorial y presencia en redes sociales.
Jerónimo sostuvo que se agotarán todas las instancias institucionales, pero fue explícito al marcar un límite: si no hay respuestas, el Consejo Directivo evaluará los próximos pasos. “No se descarta nada”, afirmó, en una frase que resume el clima de confrontación creciente.

La decisión del Gobierno de excluir a la CGT del diálogo por la reforma laboral marca un punto de inflexión en la relación entre el poder político y el sindicalismo. Lejos de buscar consensos, el oficialismo apuesta a imponer su proyecto con respaldo parlamentario y respaldo social propio, aun al costo de profundizar el conflicto.

Del otro lado, la central obrera se reconfigura como actor opositor, apoyada en los gobernadores, el Congreso y la calle. En ese cruce de estrategias, la reforma laboral se perfila no solo como una discusión técnica, sino como una disputa de poder de fondo que definirá el nuevo equilibrio entre el Estado, el mercado y el movimiento obrero en la Argentina.