Reforma laboral: Tomada denunció extorsiones políticas y pidió protestar en las provincias

El exministro de Trabajo Carlos Tomada cuestionó con dureza el proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno, denunció presiones sobre los gobernadores para garantizar su aprobación y llamó a una movilización anticipada y federal para frenar una iniciativa que, según afirmó, implica un retroceso histórico en materia de derechos laborales.

El debate por la reforma laboral volvió a tensarse tras las declaraciones del exministro de Trabajo Carlos Tomada, quien lanzó una severa advertencia sobre el método político que —según sostuvo— el Gobierno nacional estaría utilizando para garantizar la aprobación del proyecto en el Congreso. “Estamos cada vez más cerca de tener una segunda Banelco”, afirmó, en alusión directa al escándalo de sobornos que marcó la aprobación de la reforma laboral del año 2000.

En diálogo con Futurock, Tomada sostuvo que la iniciativa impulsada por la administración de Javier Milei no solo carece de beneficios para los trabajadores, sino que se apoya en diagnósticos falsos sobre el mercado laboral argentino. A su entender, el debate público aún no refleja la magnitud del retroceso que implicaría la reforma y reclamó una mayor tarea de información y concientización social sobre el contenido real del proyecto.

“No hay un solo artículo que beneficie a los trabajadores”, afirmó el exfuncionario, y agregó que el paquete de medidas propuesto retrotrae a la Argentina a principios del siglo XX, desandando décadas de conquistas laborales. En ese sentido, rechazó de plano el argumento oficial que vincula la flexibilización de derechos con la modernización productiva o la incorporación de tecnología.

Críticas al discurso antisindical y respaldo empresario incipiente

Tomada también cuestionó el discurso instalado desde hace décadas contra el sindicalismo y los convenios colectivos, al que definió como una construcción ideológica del neoliberalismo. “Durante años se le lavó la cabeza a la gente y hoy llegamos al absurdo de escuchar que el pan aumenta porque no se hizo la reforma laboral”, ironizó.

A la vez, valoró que algunos sectores del empresariado hayan comenzado a expresar reparos frente al proyecto, en referencia a la postura reciente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Si bien consideró que esas críticas “se quedan cortas”, señaló que representan un dato político relevante y podrían abrir el camino para que otras cámaras empresariales expongan los riesgos económicos y sociales de la iniciativa oficial.

Presión a los gobernadores y llamado a una movilización federal

Uno de los ejes centrales de la advertencia de Tomada estuvo puesto en el plano político. Según afirmó, el Gobierno estaría presionando a los gobernadores mediante condicionamientos fiscales y acuerdos discrecionales para que ordenen a sus legisladores votar a favor de la reforma.

“La extorsión forma parte del método de construcción de poder de este Gobierno”, sostuvo, y propuso reorientar las protestas hacia las provincias. “Tenemos que volver a movilizarnos, pero dejemos tranquilas a la Plaza de Mayo y la del Congreso. Hay que ir a las provincias para que los gobernadores dejen de presionar a sus legisladores a cambio de beneficios del Gobierno nacional”, planteó.

Finalmente, llamó a retomar la movilización social de manera inmediata y sostenida, con el objetivo de advertir a la sociedad sobre las consecuencias de la reforma. “Tenemos que tomar la calle desde ahora para informar que esto es un retroceso del que va a costar mucho salir”, alertó.

La referencia histórica: qué fue la Ley Banelco

La mención a la “Ley Banelco” remite a la reforma laboral aprobada en abril de 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, que quedó marcada por denuncias de sobornos a senadores para garantizar su sanción. El nombre surgió tras las declaraciones de Hugo Moyano, quien aseguró que el entonces ministro de Trabajo, Alberto Flamarique, le habría dicho: “Para los senadores tengo la Banelco”.

Aquella ley amplió el período de prueba, debilitó la ultraactividad de los convenios colectivos, habilitó convenios por empresa y modificó mecanismos de negociación laboral. El escándalo político derivó en la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez y marcó el principio del fin del gobierno de la Alianza. La norma fue derogada en 2004, aunque algunos de sus efectos nunca se revirtieron por completo.