Más planes, menos salarios: la paradoja social del modelo libertario

A contramano del discurso oficial sobre el “fin de los planes”, el gobierno de Javier Milei expandió como nunca la asistencia social directa. Mientras el salario, las jubilaciones y el empleo formal retroceden frente a la inflación, la AUH y la Tarjeta Alimentar crecieron en términos reales y se consolidaron como el principal sostén del ajuste libertario.

Uno de los rasgos más singulares —y menos admitidos— del experimento libertario en la Argentina es el rol central que adquirió la política social como mecanismo de contención. Lejos de eliminar los planes, como prometía el relato de campaña, el gobierno de Javier Milei los expandió hasta alcanzar un récord histórico: más de seis millones de beneficiarios entre la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar. Una cifra que no solo contradice el discurso oficial, sino que revela el núcleo real del modelo.

Mientras los salarios, las jubilaciones y el empleo formal perdieron de manera sistemática frente a la inflación, las transferencias destinadas a la infancia fueron las únicas que crecieron de forma sostenida en términos reales durante los primeros dos años de gestión. En ese dato se condensa una clave política decisiva: el ajuste fue profundo, pero no derivó en un estallido social generalizado.

Los números son elocuentes. Según datos oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares, entre ellos 93.453 personas con discapacidad. A su vez, la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En conjunto, el sistema de asistencia directa supera ampliamente los seis millones de prestaciones, un umbral inédito que marca un proceso de transformación estructural: una Argentina cada vez más alejada del país de clase media que predominó hasta los años setenta.

El contraste con el resto de las variables económicas es contundente. De acuerdo con el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. La licuación salarial fue una constante del ajuste, profundizada tras la devaluación del 120 % de diciembre de 2023, cuyos efectos nunca terminaron de revertirse.

En cambio, la AUH y la Tarjeta Alimentar mostraron una evolución opuesta. Durante el gobierno de Milei, la AUH es un 23 % superior en términos reales a la que se pagaba bajo la presidencia de Alberto Fernández y un 10 % más alta que durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, creadora del programa. En la comparación interanual, el incremento real alcanzó el 47 %, mientras que la medición oficial del propio Gobierno arroja subas cercanas al 100 % entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024. Una mejora excepcional que convirtió a la asistencia social en el principal amortiguador del modelo.

Esta política explica, en buena medida, la ausencia de conflictos sociales masivos pese a la magnitud del ajuste. Milei no eliminó la ayuda estatal: la rediseñó. Desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación, reforzó las transferencias directas y concentró la contención en el umbral alimentario. El resultado fue un esquema que no saca a los hogares de la pobreza, pero logra evitar que millones caigan en la indigencia.

El recorrido histórico refuerza la paradoja. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder con alrededor de 250 mil planes sociales, cifra que Cambiemos utilizó como símbolo de estigmatización. Sin embargo, durante la presidencia de Mauricio Macri la asistencia se disparó hasta casi 1,5 millones de beneficiarios. Con Alberto Fernández y la pandemia, el número trepó a cuatro millones. Lejos de revertirse, ese proceso se profundizó con Milei, aun sin emergencia sanitaria.

La contracara es el mercado laboral. En los dos primeros años del actual gobierno se perdieron cerca de 180 mil empleos formales, con una aceleración marcada en los últimos meses: solo en octubre se destruyeron unos 70 mil puestos. Mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la política social se consolidó como la principal herramienta de gobernabilidad.

A este esquema se suma el rol de las provincias, también golpeadas por el ajuste nacional. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció alrededor del 30 % durante 2025. Programas como la Tarjeta Única de Ciudadanía, la Tarjeta Institucional y ProSoNut alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada en fechas críticas con partidas extraordinarias.

El modelo libertario ajustó con fuerza sobre el salario, el empleo y las jubilaciones, pero blindó la asistencia directa. Esa es la paradoja central del experimento Milei: un Estado que se retira del mundo del trabajo, pero se vuelve imprescindible para garantizar la subsistencia básica.

Los planes sociales no desaparecieron; se transformaron en el principal dique de contención del ajuste. Una estrategia que amortigua la indigencia, sostiene la gobernabilidad y expone, sin eufemismos, que el costo del reordenamiento económico recae sobre el trabajo mientras la política social se convierte en el ancla silenciosa de la estabilidad.