Alarma en Tierra del Fuego por el arancel cero a celulares

La eliminación de aranceles a la importación de celulares dispuesta por el gobierno de Javier Milei generó un fuerte rechazo en Tierra del Fuego, donde se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica. Autoridades provinciales, municipales y gremiales advierten que la medida podría provocar entre 2.000 y 2.500 despidos directos, con impacto en toda la economía regional.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar con el arancel cero para la importación de teléfonos celulares encendió todas las alarmas en Tierra del Fuego, provincia que desde hace décadas sostiene uno de los polos industriales más importantes del país. Allí se concentra la mayor parte de la producción nacional de electrónica, un sector que emplea de manera directa a 7.569 trabajadores, de los cuales el 83% está vinculado a la fabricación de celulares y dispositivos tecnológicos.

Según estimaciones oficiales y sindicales, la medida pone en riesgo inmediato entre 2.000 y 2.500 puestos de trabajo directos. Pero el impacto no se limita a las plantas fabriles: la caída de la actividad amenaza también a miles de empleos indirectos en comercio, transporte, logística, servicios técnicos y proveedores, que dependen del funcionamiento del entramado industrial fueguino.

El gobernador Gustavo Melella fue contundente al cuestionar la decisión del Ejecutivo nacional. “No hay nada que festejar”, afirmó, al advertir que detrás de cada incremento de importaciones se esconde una pérdida concreta de empleo local. “Tras cada aumento de importaciones hay un trabajo argentino menos. Mejor dicho: un trabajador argentino menos. Una familia más en problemas”, expresó.

Melella contextualizó la medida dentro de un escenario laboral ya deteriorado. Según datos de la Encuesta de Indicadores Laborales, el empleo formal cayó un 2,8% a nivel nacional desde fines de 2023, mientras que en Tierra del Fuego la contracción alcanza el 9,6%. En términos absolutos, esto implica 176.908 puestos de trabajo destruidos en todo el país, una cifra que refuerza la preocupación por nuevas políticas de apertura sin protección productiva.

Pese al diagnóstico crítico, el gobernador ratificó el compromiso de la provincia con el empleo y la producción. “Junto a los municipios, a cada trabajador y trabajadora, a cada familia fueguina, seguiremos construyendo oportunidades reales para nuestra provincia. Con más producción y más trabajo, seguiremos adelante”, sostuvo.

En la misma línea se pronunció el intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien cuestionó el argumento oficial de que la quita de aranceles se traducirá en una baja significativa de precios para los consumidores. “Nos venden desde Buenos Aires que esto es para bajar precios”, señaló, y recordó experiencias recientes que desmienten esa promesa.

Pérez mencionó el antecedente de la apertura de importaciones durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se habilitó el ingreso irrestricto de notebooks y otros productos electrónicos. “No bajaron los precios, pero sí se perdieron miles de puestos de trabajo”, afirmó.

Para el jefe comunal, la competencia es desigual cuando el propio Estado decide favorecer productos importados por sobre los fabricados en el país. “No se trata de privilegios. Se trata de defender producción nacional, empleo argentino y el trabajo de miles de familias fueguinas”, remarcó.

Desde la Secretaría de Industria provincial, la advertencia fue aún más cruda. La titular del área, Alejandra Man, afirmó que con la eliminación de aranceles “es imposible competir contra China”, principal origen de los celulares importados. La funcionaria explicó que la industria local no cuenta con condiciones equivalentes para enfrentar la escala, los costos y el financiamiento de la producción asiática.

La medida, que entró en vigencia de forma inmediata y sin instancias de transición ni políticas de acompañamiento, deja a la industria fueguina expuesta a una apertura total del mercado. Para las autoridades locales, esta decisión compromete la sostenibilidad de un sector clave que no solo genera empleo formal, sino que estructura gran parte de la economía provincial.

La eliminación del arancel a la importación de celulares vuelve a poner en discusión el modelo productivo argentino y el rol del Estado en la protección del empleo. En Tierra del Fuego, la decisión no se vive como una oportunidad, sino como una amenaza concreta a miles de puestos de trabajo y al entramado industrial construido durante décadas. Sin medidas compensatorias ni una estrategia de desarrollo, la apertura comercial aparece, una vez más, como un ajuste silencioso que se traduce en fábricas paralizadas, familias en incertidumbre y economías regionales al borde de una nueva crisis.