El ajuste del Gobierno en Vialidad agrava la crisis de seguridad vial en todo el país

Un informe del Instituto Argentina Grande revela que casi el 30% de las rutas nacionales se encuentra en mal estado, con picos superiores al 50% en provincias clave. La subejecución de fondos del Impuesto a los Combustibles, la paralización de obras y el ajuste sobre Vialidad Nacional profundizan el deterioro de la infraestructura y multiplican los riesgos viales, en una situación de creciente conflictividad sindical y denuncias judiciales.

El deterioro de la red vial nacional dejó de ser una advertencia técnica para convertirse en una crisis con consecuencias económicas y humanas concretas. Según un reciente informe del Instituto Argentina Grande, el 29% de las rutas nacionales se encuentra actualmente en mal estado, un salto significativo respecto del 23% registrado en la gestión anterior. La situación es aún más crítica en provincias estratégicas como Tucumán, donde el 60% de los caminos presenta severos deterioros, seguida por Buenos Aires (52%) y Chaco (51%).

El estudio confirma lo que desde hace meses vienen denunciando los trabajadores de Vialidad Nacional y sus gremios: la falta de inversión en mantenimiento y obras, profundizada desde la asunción del gobierno de Javier Milei, está dejando a gran parte del sistema vial en estado de abandono. Al mismo tiempo, se redujo de manera drástica la proporción de rutas en buen estado, que pasó del 54,9% al 47,5% de la red nacional, una caída de más de siete puntos porcentuales en apenas un año.

Este deterioro no es casual. Forma parte del ajuste estructural que atraviesa la Dirección Nacional de Vialidad, un organismo que estuvo incluso al borde de su cierre y que hoy funciona con recursos y personal insuficientes. “El resultado de no invertir es el empeoramiento del estado de las rutas nacionales”, advierte el informe, que también señala la paralización casi total de las tareas de mantenimiento rutinario.

Emergencia vial y conflicto gremial

Frente a este escenario, la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) volvió a reclamar la declaración de la emergencia vial en todo el país. En los últimos días, varios gremios de base enviaron cartas documento al interventor del organismo, Marcelo Jorge Campoy, denunciando un “intenso recorte presupuestario” que impide cumplir con las funciones básicas de la entidad. Hasta el momento, no obtuvieron respuesta oficial.

La gravedad de la situación quedó expuesta de forma trágica en Entre Ríos, donde en los primeros días del año se registraron al menos cuatro accidentes fatales que dejaron un saldo de diez personas fallecidas. Según el Sindicato del Personal de Vialidad Nacional local, afiliado a FEPEVINA, la falta de mantenimiento y la paralización de obras son factores determinantes en estos siniestros.

“Estamos en un contexto donde no contamos con los elementos necesarios para llevar adelante el mantenimiento rutinario que requieren las rutas. No es un problema nuevo, pero se agravó con la desfinanciación”, explicó Raúl Meza, secretario general del gremio entrerriano. De acuerdo con el informe, el 44% de las rutas de esa provincia se encuentra en mal estado, mientras el organismo opera con un plantel cada vez más reducido y salarios que empujan a la salida de personal especializado.

Subejecución y uso de fondos

Uno de los puntos más sensibles del informe del Instituto Argentina Grande es la denuncia por subejecución presupuestaria. Según el relevamiento, en 2025 Vialidad Nacional ejecutó apenas el 46% de los fondos que le correspondían provenientes del Impuesto a los Combustibles, un tributo de afectación específica que destina alrededor del 14,25% de su recaudación al mantenimiento del sistema vial.

En términos concretos, una parte sustancial del dinero que los ciudadanos pagan cada vez que cargan combustible no se utilizó para bacheo, señalización ni obras, sino para apuntalar el superávit fiscal. Esta práctica fue denunciada penalmente por FEPEVINA, que acusa a las autoridades del organismo de malversación de fondos y desvío de recursos.

La causa judicial, que tramita en el juzgado de Sebastián Ramos, apunta contra el administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Jorge Campoy, y se centra en el uso del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, creado por ley en 2002 con destino específico al mantenimiento de rutas.

Impacto económico y social

Las consecuencias del abandono vial exceden ampliamente el ámbito de la infraestructura. El Instituto Argentina Grande advierte que el mal estado de las rutas tiene un impacto directo en la competitividad de la economía, al encarecer los costos logísticos y el transporte de mercaderías. “Una ruta rota es un flete más caro, y un flete más caro termina siendo un aumento en el precio de los alimentos que llegan a la góndola”, señala el informe, que define esta ineficiencia como “un impuesto oculto que pagan todos los argentinos”.

El deterioro también se traduce en mayor siniestralidad. Aunque no existen cifras oficiales actualizadas, especialistas estiman que en 2024 los accidentes fatales aumentaron un 25% interanual. Datos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial indican que las maniobras bruscas explican el 38,6% de los choques, muchas veces provocadas por baches, desniveles y calzadas en mal estado.

Desde el sector de la construcción, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) advierte que la inacción no solo es peligrosa, sino también económicamente irracional: reparar una ruta destruida cuesta hasta diez veces más que realizar el mantenimiento preventivo a tiempo.

Privatización y debate de fondo

Considerando esto, el gobierno avanzó con un esquema de concesiones privadas. El pasado 6 de enero se firmaron los contratos de la Red Federal de Concesiones, que transfieren 741 kilómetros de corredores estratégicos —como la Autovía del MERCOSUR y la Conexión Alto Delta— a manos privadas. Mientras las autoridades celebran la medida como un avance en “integración regional”, los trabajadores de Vialidad y los gremios del sector alertan sobre sus consecuencias: tarifas más altas, menor control estatal y profundización de las desigualdades territoriales.

El deterioro de las rutas nacionales expone una de las caras más concretas del ajuste: infraestructura abandonada, mayor riesgo vial, costos logísticos crecientes y pérdida de competitividad. La subejecución de fondos específicos, la paralización de obras y el vaciamiento de Vialidad Nacional definen un entorno que ya se traduce en vidas perdidas. Lejos de ser un debate técnico, la crisis vial revela el impacto cotidiano de las decisiones fiscales y plantea una pregunta central: cuánto más puede deteriorarse el país antes de que el costo del ajuste resulte irreversible.