Desempleo con ingresos de miseria: la ayuda de ANSeS de $341.000 no cubre ni la canasta básica

El seguro de desempleo que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) volvió a quedar desactualizado frente a la dinámica del costo de vida. Para enero de 2026, el organismo fijó un tope máximo de $341.000 mensuales, un monto que no solo resulta insuficiente para sostener los gastos básicos de un hogar, sino que se ubica muy por debajo de los umbrales oficiales de indigencia y pobreza.

Aun considerando que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) se encuentra atravesando un proceso de revisión metodológica en sus mediciones, los valores de referencia difundidos por organismos nacionales son contundentes. Las últimas estimaciones sitúan la línea de indigencia en torno a los $578.000, mientras que la línea de pobreza supera los $1.250.000 mensuales. En ese contexto, el ingreso máximo que percibe una persona desempleada cubre apenas una fracción de la canasta básica alimentaria y queda lejísimos de los gastos necesarios para vivienda, transporte, salud, educación y servicios esenciales.

La brecha se vuelve aún más evidente si se tiene en cuenta que los cálculos oficiales tienden a subestimar el peso real de algunos consumos mínimos, especialmente los vinculados al transporte, los servicios públicos y los costos asociados a la búsqueda de un nuevo empleo. De este modo, la prestación por desempleo, lejos de funcionar como un verdadero colchón social, termina empujando a los beneficiarios hacia situaciones de pobreza estructural o incluso de indigencia.

Un beneficio con requisitos estrictos

El acceso al seguro de desempleo no es automático ni universal. ANSeS exige que la desvinculación laboral se haya producido por despido sin causa, finalización de contrato o cierre de la actividad. Además, se trata exclusivamente de empleos registrados, con aportes previsionales efectivamente realizados.

Entre los requisitos centrales figura haber trabajado al menos seis meses dentro de los tres años previos al despido, aunque existen excepciones contempladas en los convenios colectivos para casos específicos, como el personal eventual o de temporada, así como regímenes particulares de actividades como la rural o la construcción.

El trámite puede realizarse de forma virtual o presencial y requiere la presentación de documentación que acredite identidad, historial laboral y causa de la desvinculación. Una vez iniciado, el expediente queda sujeto a evaluación por parte del organismo, que determina si corresponde o no el otorgamiento del beneficio.

Un alivio parcial en un mercado laboral adverso

La prestación por desempleo fue concebida como una ayuda transitoria destinada a paliar la pérdida de ingresos mientras la persona busca reinsertarse en el mercado laboral. Sin embargo, en el actual contexto económico, marcado por la caída del empleo registrado, la precarización y la retracción de la actividad, ese objetivo aparece cada vez más desdibujado.

Con un monto que no alcanza siquiera para cubrir la alimentación básica, el beneficio se transforma en una asistencia meramente simbólica frente a la magnitud del problema. Para muchos trabajadores despedidos, el seguro de desempleo no evita la caída en la pobreza, sino que apenas atenúa, de manera insuficiente, el impacto inmediato de la pérdida del salario.

El tope de $341.000 que ANSeS paga por desempleo en enero de este año recién iniciado refleja el profundo desfasaje entre las políticas de asistencia y la realidad económica cotidiana. En un país donde los ingresos necesarios para no ser pobre superan largamente el millón de pesos, la prestación queda reducida a un paliativo mínimo que no garantiza condiciones dignas de subsistencia. La discusión de fondo ya no pasa solo por el acceso al beneficio, sino por su adecuación real al costo de vida y por el rol del Estado frente al aumento del desempleo y la fragilidad social.