Los gobernadores alertan por una “reforma tributaria encubierta” y advierten sobre la caída de la coparticipación

En simultáneo al intento del oficialismo por reunir los votos necesarios para avanzar con la reforma laboral en el Senado, los gobernadores comenzaron a endurecer su postura y le enviaron señales claras a la Casa Rosada: no acompañarán la iniciativa sin modificaciones sustanciales, especialmente en lo referido al impacto fiscal de los cambios en el Impuesto a las Ganancias.

El principal foco de conflicto gira en torno a la coparticipación federal. Los mandatarios provinciales advierten que las modificaciones propuestas implicarían una merma significativa de recursos para las arcas locales, en un contexto de caída sostenida de la recaudación, mayores responsabilidades delegadas por Nación y cuentas provinciales cada vez más ajustadas.

En ese marco, el ministro del Interior, Diego Santilli, activó una nueva gira federal con el objetivo de sumar respaldos. La semana pasada visitó Chubut, donde se reunió con el gobernador Ignacio Torres, y esta semana volvió a la Patagonia para supervisar la situación por los incendios forestales. El lunes desembarcó en Chaco, donde logró el respaldo del radical Leandro Zdero, y este jueves continuará su recorrido con una visita al mendocino Alfredo Cornejo, otro de los mandatarios con buen diálogo con el Gobierno.

Sin embargo, el respaldo no aparece garantizado. Aunque en la Casa Rosada dan por descontado el apoyo del PRO y buscan pescar votos entre radicales, provincialismos y peronistas no alineados, los gobernadores dejan en claro que no votarán “a libro cerrado” y que intentarán introducir cambios al texto.

Advertencias por la coparticipación

Uno de los nombres clave en la estrategia oficial es el correntino Juan Pablo Valdés, recientemente asumido y referente del frente Provincias Unidas. El gobernador anticipó que mantendrá reuniones con sus legisladores para definir una postura común frente a la reforma laboral y expresó reparos sobre el impacto en los recursos provinciales.

“Hay puntos que nos preocupan. Tenemos que analizar los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran derechos laborales”, sostuvo Valdés, quien además advirtió por la caída de la coparticipación federal. La preocupación se agrava en Corrientes por las inundaciones que afectaron distintas regiones en las últimas semanas, lo que incrementa la necesidad de fondos para asistencia y reconstrucción.

Para el Gobierno, el apoyo de Valdés resulta estratégico: su espacio cuenta con dos senadores radicales y con el acompañamiento del peronista Carlos “Camau” Espínola, lo que podría resultar decisivo en una votación ajustada.

En contraste, el pampeano Sergio Ziliotto, abiertamente opositor a la gestión libertaria, ya anticipó que no acompañará la reforma laboral. Aunque mantiene canales de diálogo institucional, desde su entorno señalaron que la iniciativa representa una “reforma impositiva encubierta” que impactaría de lleno en Ganancias y le significaría a La Pampa una pérdida anual de entre $20.000 millones y $35.000 millones.

Otros mandatarios peronistas, como Axel Kicillof, Ricardo Quintela, Gildo Insfrán y Gustavo Melella, permanecen directamente fuera del radar de negociaciones del oficialismo, con posiciones abiertamente críticas al rumbo económico.

Los dialoguistas también ponen límites

Incluso entre los gobernadores considerados dialoguistas emergen señales de advertencia. El cordobés Martín Llaryora y el santafesino Maximiliano Pullaro se muestran cautelosos y, por ahora, esquivos a comprometer su respaldo. En ambos casos, el reclamo por las deudas de Nación con las cajas previsionales provinciales sigue abierto y tensa la relación con la Casa Rosada.

Desde Córdoba reconocen que “si no hay una negociación seria, no hay acompañamiento”, mientras que en Santa Fe admiten coincidencias parciales, pero reclaman un equilibrio que evite perjuicios tanto para los trabajadores como para el sector privado.

A este cuadro se suma una agenda de reclamos que incluye el deterioro de las rutas nacionales, la paralización de la obra pública y la caída de transferencias, factores que vuelven especialmente sensible cualquier modificación en el esquema tributario.

El capítulo Ganancias se convirtió en una línea roja para las provincias. El proyecto oficial propone una reducción de las alícuotas del impuesto a las sociedades, bajando del 30% al 27% en un tramo y del 35% al 31,5% en otro. Según estimaciones preliminares, solo esta modificación implicaría una caída de recaudación cercana a los 1,6 billones de pesos.

Un informe elaborado por el peronismo advierte que, de avanzar la iniciativa sin cambios, las provincias perderían más de $1,7 billones en 2026. En un escenario de coparticipación en retroceso y mayor carga sobre los gobiernos subnacionales, el impacto resulta difícil de absorber.

La ofensiva del Gobierno para aprobar la reforma laboral choca con una realidad fiscal que pone a los gobernadores en guardia. Aun aquellos dispuestos al diálogo advierten que no convalidarán un esquema que reduzca recursos clave para las provincias y profundice los desequilibrios existentes.

Con Ganancias en el centro de la escena, la discusión trasciende lo laboral y se convierte en una pulseada por el reparto de fondos y el federalismo fiscal. La Casa Rosada enfrenta así un desafío complejo: sumar votos sin erosionar aún más la relación con las provincias, en un contexto económico marcado por la escasez de recursos y la creciente tensión política.