La UTA rechazó la oferta salarial y crece el riesgo de un paro nacional de colectivos

El fracaso de la negociación paritaria entre la Unión Tranviaria Automotor y las cámaras empresarias reavivó la posibilidad de una medida de fuerza a nivel nacional. Reclamos salariales, atraso en los subsidios y un sector financieramente asfixiado configuran un escenario de alta conflictividad.

El transporte público vuelve a quedar en el centro de la escena sindical y económica. La reunión paritaria realizada este martes entre la Unión Tranviaria Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del sector concluyó sin acuerdo y dejó abierta la posibilidad de un paro nacional, en una situación marcada por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, la falta de actualización de los subsidios y el deterioro financiero de las compañías.

Durante el encuentro, las cámaras transportistas —AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA— presentaron una propuesta de aumento salarial del 1%, considerada insuficiente y rechazada de plano por el gremio que conduce Roberto Fernández. Ante la falta de avances, las partes resolvieron pasar a un cuarto intermedio y fijaron una nueva audiencia virtual para el próximo martes 20 de enero a las 14 horas.

Desde el sector empresario argumentan que la negociación salarial se encuentra condicionada por una situación económica crítica. Denuncian un “estrangulamiento financiero” producto del atraso en la actualización de las tarifas y de las demoras en el pago de los subsidios estatales, cuya administración depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Capital Humano. En ese marco, advierten que cerca del 40% de las empresas de transporte atraviesa una situación delicada, con riesgo concreto de quiebra.

“Como todos los años, si los Estados responsables de las distintas jurisdicciones no incrementan los subsidios, los empresarios no contamos con los fondos necesarios para cumplir con las obligaciones salariales”, sostuvo Adrián Noriega, vocero de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros, al describir la fragilidad del sistema.

Desde la UTA, en cambio, calificaron la oferta salarial como una “burla” y remarcaron que los trabajadores no están dispuestos a quedar atrapados en la puja entre el Estado y las empresas. El salario básico del sector se ubica actualmente en torno a los $1.370.000, al que se suman distintos adicionales, aunque el gremio advierte que la inflación y el encarecimiento del costo de vida siguen licuando los ingresos.

“No vamos a permitir que se intente normalizar la precarización laboral ni la falta de pago en término”, señalaron desde el sindicato, que difundió un acta oficial en la que ratificó el estado de alerta y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza si no aparece una propuesta superadora en la próxima audiencia.

El conflicto en el transporte público vuelve a exhibir las tensiones estructurales de un sistema sostenido por subsidios insuficientes, tarifas congeladas y salarios presionados por la inflación. Con millones de usuarios potencialmente afectados, la falta de definiciones amenaza con derivar en un paro nacional que tendría un fuerte impacto social y económico. La participación del secretario de Trabajo, Julio Cordero, solicitada por la UTA para la próxima audiencia, aparece como una instancia clave para evitar que el conflicto escale y termine paralizando el transporte en todo el país.