FATUN respalda una acción judicial para frenar un decreto que pone en riesgo el financiamiento universitario

La Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales apoyó la presentación judicial impulsada por APUNT para declarar inconstitucional el Decreto 759/2025, al considerar que vulnera la Ley de Financiamiento Universitario y amenaza salarios, funcionamiento institucional y el derecho social a la educación superior.

La tirantez entre el Ejecutivo nacional y el sistema universitario público sumó un nuevo capítulo con la decisión de la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) de respaldar formalmente la acción judicial presentada por la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de Tucumán (APUNT). La demanda apunta a frenar la aplicación del Decreto 759/2025, al que consideran incompatible con la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso.

Según lo planteado en la presentación, el decreto intenta suspender de hecho la vigencia de una ley plenamente vigente, que garantiza recursos para el funcionamiento de las universidades nacionales y la recomposición salarial del personal nodocente. Para APUNT y FATUN, la medida no solo constituye un exceso del Poder Ejecutivo, sino que también lesiona el principio de legalidad, al pretender imponer un decreto por encima de una norma aprobada por el Poder Legislativo.

Desde la federación señalaron que esta acción judicial no es un hecho aislado, sino que se inscribe en una serie de iniciativas impulsadas por distintos sectores del ámbito universitario frente a lo que consideran una avanzada sobre el financiamiento educativo. En ese marco, subrayaron que permitir la suspensión de una ley conquistada tras años de debate y consenso parlamentario sentaría un precedente institucional grave.

“Ningún decreto puede situarse por encima de una ley ni poner en riesgo el normal funcionamiento de las universidades”, advirtieron desde FATUN, al tiempo que remarcaron que el impacto de la medida excede lo presupuestario. La eventual paralización de la Ley de Financiamiento Universitario afectaría de manera directa los salarios de las trabajadoras y los trabajadores, profundizando la pérdida del poder adquisitivo en un contexto económico ya adverso.

Pero el alcance del conflicto va más allá del plano laboral. Para la federación nodocente, lo que está en juego es también el derecho de la sociedad a acceder a la educación superior pública, un pilar histórico del desarrollo social, científico y productivo del país. La restricción de recursos, alertan, compromete la calidad educativa, la continuidad académica y la capacidad de las universidades de cumplir su función social.

El respaldo de FATUN a la acción judicial presentada por APUNT refuerza la idea de que el debate sobre el financiamiento universitario no es técnico ni circunstancial, sino profundamente político e institucional. La disputa pone en tensión el equilibrio entre poderes, la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso y el modelo de universidad que se pretende sostener.

“Defender esta ley es defender la universidad pública, el trabajo digno y el futuro del país”, afirmaron desde la federación, que ratificó su estado de lucha permanente. Con la unidad, la organización y la solidaridad como ejes, el sector nodocente vuelve a situarse en la primera línea de defensa de un sistema universitario que consideran estratégico para la democracia y el desarrollo nacional.