El Gobierno consolida su estrategia de achicamiento en los Medios públicos

Con la designación de María Gabriela Fernández en la Subsecretaría de Medios Públicos, el Gobierno acelera la reestructuración del sistema estatal de comunicación, anticipando nuevos recortes, retiros voluntarios y una redefinición profunda del rol del Estado en materia informativa.

La política de ajuste del Gobierno nacional sumó esta semana un nuevo capítulo con la designación de María Gabriela Fernández como subsecretaria de Medios Públicos. El nombramiento, formalizado mediante el Decreto 7/2026, consolida una estrategia que combina reordenamiento institucional, reducción presupuestaria y un repliegue deliberado del Estado en el sistema de comunicación pública.

De perfil técnico, bajo nivel de exposición pública y formación jurídica, Fernández asume la conducción de una subsecretaría clave que concentra Radio y Televisión Argentina (RTA), Radio Nacional, la TV Pública, Contenidos Públicos y la Agencia de Publicidad del Estado, ex Télam. Se trata de un área neurálgica desde la cual se definen no solo políticas administrativas, sino también el alcance simbólico y democrático de los medios estatales.

La designación se produce en un contexto de reconfiguración profunda del esquema presidencial. Tras el corrimiento de Guillermo Francos y el ascenso de Manuel Adorni a la Jefatura de Gabinete, el área de Comunicación quedó aún más concentrada. Bajo esa órbita opera ahora Javier Lanari, mientras que la reciente disolución de la Secretaría de Prensa —hasta entonces conducida por Eduardo Serenellini— terminó de cerrar un esquema reducido, centralizado y con dependencia directa de la Presidencia.

Este rediseño institucional no es neutro. Responde a una concepción ideológica explícita del Gobierno, que desconfía del rol del Estado como garante del derecho a la información y la libertad de expresión, principios consagrados por el derecho internacional como pilares del sistema democrático. En línea con esa mirada, la administración de Javier Milei sostiene que esos derechos deben quedar librados al mercado, aun cuando ello implique desigualdad de acceso, concentración de voces y pérdida de pluralismo.

En ese marco, los medios públicos vuelven a quedar en el centro del ajuste. Según versiones difundidas por medios oficialistas, el Gobierno planea reducir aún más la planta de personal en la TV Pública y Radio Nacional, bajo el argumento de que las estructuras actuales están “sobredimensionadas” y responden a herencias de gestiones anteriores. La herramienta elegida sería un esquema de retiros voluntarios, con compensaciones diferenciadas según antigüedad y función, y una implementación gradual.

La ejecución de ese proceso quedará en manos del interventor Carlos Curci, ex vocero de la Sociedad Rural, quien reemplazó a Eduardo González. Desde el Ejecutivo insisten en aplicar criterios propios de empresas comerciales, señalando que los medios estatales “funcionan a pérdida” y presentan dotaciones superiores a las de señales privadas, una comparación que omite deliberadamente su función social, federal y cultural.

Dentro de ese plan, Paka Paka aparece como una de las señales más comprometidas: podría ser transferida a otras áreas, privatizada o directamente cerrada. En el caso de RTA, el objetivo oficial sería reducir su estructura “casi a la mitad”. La ex Télam, encargada de administrar la pauta oficial, también figura entre las dependencias alcanzadas por los recortes.

La llegada de María Gabriela Fernández no representa un cambio de rumbo, sino la continuidad de una política clara y sostenida: achicar, desarticular y resignificar el sistema de medios públicos bajo una lógica de mercado. Más que una discusión administrativa, lo que está en juego es el modelo de comunicación que el Estado argentino decide abandonar.

En tiempos de alta concentración mediática, fragmentación social y crisis de representación, el repliegue estatal en materia informativa no es una decisión inocua. Supone aceptar que el acceso a la información, la diversidad de voces y la construcción de sentido colectivo queden subordinados a la rentabilidad. El ajuste, en este caso, no solo recorta presupuestos: recorta derechos, presencia federal y pluralismo democrático.