La CGT redobla su ofensiva en el Senado contra la reforma laboral del Gobierno

Mientras el Ejecutivo intensifica el diálogo con gobernadores para garantizar el avance de la reforma laboral, la CGT acelera su estrategia parlamentaria y apunta a conquistar a los senadores que no responden directamente a la Casa Rosada. El objetivo: bloquear los artículos más sensibles del proyecto y frenar un cambio estructural en las relaciones laborales.

La Confederación General del Trabajo (CGT) mantiene una intensa actividad política en pleno receso estival y profundiza su ofensiva para frenar la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Mientras el Ejecutivo negocia apoyos con los gobernadores, la central obrera redobló su estrategia en el Congreso y puso el foco en la Cámara de Senadores, donde considera que aún existen márgenes para bloquear o modificar sustancialmente la iniciativa.

Además de una sostenida campaña de difusión en redes sociales, en la que advierte sobre las consecuencias del proyecto en materia de derechos laborales y organización sindical, la CGT aceleró los contactos directos con legisladores que integran lo que en el sindicalismo denominan el “centro político”: senadores que no responden de manera automática al oficialismo, pero tampoco se alinean con una oposición frontal.

En ese universo aparecen los peronistas no kirchneristas, sectores de la Unión Cívica Radical (UCR) y representantes de bloques provinciales, cuyo voto resulta decisivo para el futuro de la reforma. Según fuentes sindicales, allí se concentra la principal batalla parlamentaria.

La estrategia combina distintos perfiles dentro de la conducción cegetista. El secretario general del Sindicato de Empleados del Vidrio, Cristian Jerónimo, y el referente del gremio del Seguro, Jorge Sola, encabezan la vía del diálogo político y parlamentario. En contraste, Jorge Argüello, del sindicato de Camioneros, representa la postura más confrontativa y no descarta una escalada del conflicto con medidas de fuerza si el proyecto avanza sin cambios.

El proyecto de reforma laboral, impulsado por el presidente Milei y el ministro Federico Sturzenegger, logró avanzar en comisión tras la firma del dictamen. Sin embargo, ese respaldo estuvo lejos de ser un triunfo pleno: mientras los libertarios firmaron en forma favorable, el PRO, la UCR y los bloques provinciales lo hicieron en disidencia, dejando abierta la puerta a una poda artículo por artículo durante el tratamiento en el recinto.

Ese escenario diluyó el optimismo inicial del oficialismo, que daba por asegurada una victoria política encabezada por la senadora Patricia Bullrich. Por el contrario, comenzó a tomar fuerza la posibilidad de que el proyecto sufra modificaciones profundas o incluso quede bloqueado.
La incertidumbre política se agravó con el tenso debate del Presupuesto 2026 en la Cámara de Diputados, donde el Ejecutivo y sus aliados habituales evidenciaron fisuras y desacuerdos, obligando al oficialismo a recomponer vínculos parlamentarios. Para la CGT, ese traspié fue leído como “la primera batalla ganada”.

Con ese diagnóstico, la central obrera profundizó las gestiones para reunir entre siete y ocho voluntades en el Senado que permitan frenar los artículos más sensibles del proyecto, especialmente aquellos que afectan el financiamiento sindical y debilitan la capacidad de representación de los gremios.

Entre los nombres con los que ya hubo conversaciones figuran la salteña Flavia Royón, la cordobesa Alejandra Vigo y el correntino Mauricio “Camau” Espínola. En paralelo, la CGT busca sumar a los senadores santacruceños del espacio Movere, Natalia Gadano y José Carambia, a la neuquina Julieta Carroza y a un grupo de radicales que buscan marcar distancia de la Casa Rosada.

Según publicó el diario La Nación, dentro de la CGT también surgieron críticas al bloque justicialista por no involucrarse de lleno en la “pelea fina” por los votos. “Nadie va a hablar por nosotros”, deslizaron los sectores más duros, en un contexto donde la central obrera atraviesa, además, tensiones internas sobre cómo enfrentar la avanzada libertaria.

Los puntos en disputa

Los ejes que generan mayor rechazo en la CGT incluyen la ampliación de las actividades consideradas esenciales —lo que limitaría el derecho a huelga—, la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la posibilidad de renegociar la cuota solidaria que aportan los trabajadores no afiliados.

No obstante, el punto que concentra mayor resistencia es la creación del Fondo de Asignación Laboral (FAL), que reemplazaría el actual régimen de indemnizaciones. El nuevo esquema se financiaría con un aporte obligatorio del 3% de los empleadores y modificaría el destino de esos recursos, que dejarían de alimentar el sistema previsional para ser administrados por la Comisión Nacional de Valores (CNV), bajo la órbita de los ministerios de Economía y Capital Humano.

Para la CGT, este cambio no solo debilita la protección ante el despido, sino que altera el equilibrio del sistema de seguridad social y reduce el poder de negociación sindical.

El punto de partida

Los primeros contactos formales de la CGT con legisladores del PJ comenzaron el 10 de diciembre. Luego, la central obrera mantuvo reuniones con gobernadores de Provincias Unidas en un encuentro realizado en el Banco de Chubut, del que participaron Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), incluso antes de que el texto oficial ingresara al Congreso.

“Como en ese momento no teníamos el texto, hablamos en abstracto”, explicó Pullaro tras aquel encuentro. “Hubo muchas coincidencias. Hay una sensatez muy grande frente a los problemas que tiene la Argentina. Después, obviamente, ellos defenderán a los trabajadores, y está bien que así sea”, concluyó el gobernador santafesino.

Mientras el Gobierno busca blindar la reforma laboral con acuerdos políticos y respaldo territorial, la CGT apuesta a una estrategia quirúrgica en el Senado para frenar o desarticular el corazón del proyecto. En ese pulso se juega no solo una reforma clave del programa libertario, sino también el equilibrio de poder entre el Estado, el mercado y el movimiento sindical en la Argentina que viene.