El Gobierno busca acuerdos con la CGT y empresarios por la reforma laboral

Frente al fuerte rechazo sindical y a la falta de consensos legislativos, el Gobierno nacional decidió abrir una mesa de diálogo con la CGT y el sector empresario. Desde el 16 de enero funcionará una comisión técnica en el Senado para analizar modificaciones al proyecto, con la mira puesta en llevarlo al recinto el 10 de febrero.

La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo atraviesa su momento más delicado en el Congreso. La resistencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), sumada a las dudas de sectores empresarios y a la fragilidad del oficialismo en el Senado, obligó al Ejecutivo a recalibrar su estrategia y apostar ahora al diálogo como vía para destrabar la iniciativa.

La decisión política fue confirmada por la senadora Patricia Bullrich, jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Alta, quien reconoció que el Gobierno está dispuesto a introducir cambios en el proyecto con el objetivo de reunir los votos necesarios para su aprobación. “El objetivo es votar la ley y, así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los consensos”, afirmó.

En ese marco, el próximo 16 de enero comenzará a funcionar una comisión técnica en el Senado, encabezada por Josefina Tajes, asesora de Bullrich. El espacio analizará los planteos formulados por el sindicalismo y por distintas entidades empresariales, en coordinación con los bloques legislativos que vienen acompañando al oficialismo. La intención es avanzar hacia un dictamen consensuado y llevar la iniciativa al recinto el 10 de febrero.

Además, el Gobierno iniciará la semana próxima una instancia formal de diálogo con la CGT, en un intento por reducir tensiones y explorar posibles puntos de acuerdo. Sin embargo, desde el oficialismo aclaran que la negociación tendrá límites claros.

“Estamos escuchando a todos y vamos a tomar las cosas que sean razonables y apunten a que el mercado laboral crezca. Lo que no queremos es que todo quede igual”, sostuvo Bullrich, al reiterar la visión oficial de que el actual esquema laboral está agotado y desalienta la creación de empleo formal.

Según la senadora, uno de los ejes centrales de la reforma es brindar mayores certezas a las empresas, particularmente en materia de litigios laborales, contingencias e indemnizaciones. En ese sentido, lanzó un mensaje directo al sindicalismo: “Si la CGT quiere cuidar el empleo, tiene que ayudar a que las cosas se puedan cambiar”.

Bullrich también aclaró que, hasta el momento, la central obrera no presentó una contrapropuesta formal por escrito, aunque aseguró que cualquier iniciativa será evaluada siempre que no implique sostener el statu quo. Las negociaciones, agregó, se concentrarán principalmente en el Senado, donde el oficialismo busca articular acuerdos con el radicalismo, el PRO y bloques provinciales.

Uno de los puntos más sensibles del proyecto —las cuotas solidarias sindicales— también formará parte de la discusión. Desde el Gobierno insisten en que la reforma debe abordarse de manera integral, incluyendo modalidades de contratación, convenios colectivos y modernización del sistema laboral. “No se puede acordar solo lo que le conviene a una de las partes”, remarcó la senadora.

La postura de la CGT

En este sentido, la CGT endureció su discurso. Esta semana difundió un comunicado titulado “La reforma laboral también impacta en tu salud”, en el que la Secretaría de Acción Social, encabezada por José Luis Lingeri, advirtió sobre las consecuencias que tendría la iniciativa oficial sobre el financiamiento y el funcionamiento de las obras sociales sindicales.

“Menos recursos no generan beneficios reales: generan más dificultades, menos prestaciones y un retroceso en un derecho básico”, señaló la central obrera, que rechazó de plano la idea de que el debate se limite a una discusión corporativa. “No se trata de cajas ni de intereses sectoriales”, enfatizó el texto.

Con el proyecto aún lejos de garantizarse la aprobación, el Gobierno decidió abrir una instancia de negociación que busca descomprimir el conflicto social y político que rodea a la reforma laboral. El desafío será lograr modificaciones suficientes para sumar apoyos sin desnaturalizar una iniciativa que el oficialismo considera estructural. En un escenario de fuerte tirantez social y sindical, el diálogo aparece ahora como la única vía posible para evitar que la reforma quede empantanada en el Senado.