Presupuesto 2026: Docentes y no docentes advierten sobre un conflicto educativo de escala nacional

Las proyecciones del Presupuesto 2026 anticipan una nueva caída del financiamiento universitario, con salarios docentes en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia y crecientes advertencias gremiales sobre la posibilidad de no iniciar el ciclo lectivo. Desde el sector denuncian un ajuste que excede lo fiscal y responde a una disputa ideológica con la universidad pública.

El conflicto entre el gobierno de Javier Milei y el sistema universitario público escala hacia un escenario crítico de cara a 2026. De acuerdo con las proyecciones surgidas del Presupuesto aprobado a fines de 2025, si el Ejecutivo continúa sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario —que permanece suspendida y que el oficialismo incluso intentó derogar—, la inversión destinada a las universidades nacionales sería la más baja de los últimos veinte años.

El recorte presupuestario previsto para el sector universitario alcanza el 7,2% en relación con 2025 y un 34,3% respecto de 2023. En términos macroeconómicos, la educación universitaria recibiría apenas el 0,47% del Producto Bruto Interno, una cifra que marca un piso histórico. En este aspecto, el Presupuesto elimina el objetivo del 6% del PBI para educación en general y la meta del 1% para ciencia y tecnología, profundizando el ajuste sobre el sistema científico nacional.

Esta decisión impacta de manera directa sobre organismos clave como el CONICET, el INTI, el INTA, el Instituto Malbrán y la CONAE, entre otros, configurando lo que desde el sector académico describen como un ataque integral al entramado de producción de conocimiento del país.

A ello se suma una disposición particularmente sensible: el Presupuesto le otorga a la Secretaría de Educación la facultad de interrumpir transferencias o congelar partidas a las universidades si considera “inadecuado” el uso de los fondos, una medida que distintos especialistas y gremios advierten como una violación directa del principio constitucional de autonomía universitaria.

Salarios en mínimos históricos

Desde el Frente Sindical Universitario advirtieron que el cierre de 2025 consolidó un escenario crítico. “Cerramos el año con la negativa del gobierno a aplicar la ley de financiamiento universitario sancionada y reafirmada por el Congreso por enorme mayoría, incluso existiendo una cautelar judicial”, señalaron.

El panorama salarial profundiza la crisis: los docentes universitarios acumulan meses sin recomposición, con un 0% de aumento en diciembre, la eliminación del bono y una pérdida sostenida frente a la inflación. “Hay una clara discriminación respecto de otros trabajadores del Estado nacional, en un contexto donde el costo de vida sigue en aumento”, remarcaron.

Según las estimaciones gremiales, los salarios docentes universitarios se encuentran en su nivel más bajo desde el retorno de la democracia, hace más de 40 años.

“Está en riesgo el ciclo lectivo 2026”

La nueva secretaria general de Conadu, Clara Chevalier, fue contundente al describir el escenario: “Están poniendo en riesgo el ciclo 2026 de más de dos millones de estudiantes en todo el país. Con un recorte que ya se acerca al 50% y docentes que no llegamos a cubrir lo básico para reproducir nuestras vidas, no podemos esperar otra cosa que un 2026 conflictivo”.

Chevalier sostuvo que el ajuste tiene consecuencias directas sobre la vida cotidiana de los trabajadores universitarios: “Hay docentes que cobran alrededor de 500 mil pesos y no pueden cubrir ni el alquiler ni la comida”. Y agregó una definición política que atraviesa todo el conflicto: “Hay un ensañamiento con la universidad y con la ciencia que no es solo económico: es un enfrentamiento puramente ideológico”.

Alerta por no inicio y conflicto nacional

La posibilidad de un no inicio del ciclo lectivo ya comenzó a instalarse formalmente en el debate gremial. Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA) anticiparon que el escenario de 2026 podría comenzar con medidas de fuerza si el Gobierno insiste en mantener suspendida la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que —recordaron— “fue votada cuatro veces por el Congreso contra todos los intentos del oficialismo”.

Además, advirtieron que el Ejecutivo podría apelar el reciente fallo judicial que lo obliga a cumplir con la ley, lo que profundizaría el conflicto. “No estamos ante un ajuste más: estamos frente a un intento de destrucción de un sistema público que nuestro pueblo construyó durante décadas”, afirmaron.

Los reclamos también alcanzan a los trabajadores no docentes. Desde la Federación Argentina del Trabajador de las Universidades Nacionales (FATUN) resolvieron mantener el estado de “alerta y movilización” y advirtieron que, si no hay respuestas oficiales, “peligra en 2026 el comienzo del ciclo lectivo y el normal funcionamiento de todas las universidades públicas del país”.

Con financiamiento en mínimos históricos, salarios pulverizados y una ley vigente que el Ejecutivo se niega a aplicar, el ajuste sobre la universidad pública aparece cada vez menos como una medida fiscal y más como una definición ideológica. En este escenario, el riesgo de un no inicio del ciclo lectivo deja de ser una advertencia retórica y comienza a perfilarse como una posibilidad concreta de alcance nacional.