Las jubilaciones perdieron cerca del 30% de poder adquisitivo con la nueva fórmula de actualización

Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que las jubilaciones acumulan una pérdida del 27,4% en términos reales desde la modificación de la fórmula de movilidad impulsada por el Gobierno. El deterioro es aún mayor entre quienes cobran el haber mínimo, afectados por el congelamiento del bono desde marzo de 2024.

Las jubilaciones y pensiones atraviesan uno de los mayores retrocesos en su poder adquisitivo de las últimas décadas. Desde la implementación del nuevo esquema de actualización dispuesto por el gobierno de Javier Milei, los haberes previsionales acumulan una caída real del 27,4%, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

El deterioro se produjo tras el cambio en el mecanismo de movilidad previsional introducido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024, que reemplazó la fórmula establecida por la Ley 27.609 —basada en la evolución de los salarios y la recaudación— por un sistema de ajuste automático atado exclusivamente a la inflación.

De acuerdo con el análisis de CEPA, esta modificación fue clave para que el Gobierno alcanzara el superávit fiscal, pero lo hizo a costa de una fuerte licuación de los ingresos de los jubilados. En diciembre, la jubilación mínima sin bono se ubicó en $340.886. Sin embargo, si se hubiera mantenido la fórmula anterior, el haber habría alcanzado los $434.279, lo que representa una diferencia mensual de $93.393.

El informe sostiene que la fórmula derogada “hubiera sido superadora en el tiempo” y que fue eliminada “en el preciso momento en que podía comenzar a mejorar los haberes”. Según CEPA, el esquema previo incorporaba un rezago que permitía que las jubilaciones le ganaran a la inflación cuando esta comenzaba a desacelerarse. En contraste, el sistema actual impide nuevas pérdidas, pero también bloquea cualquier recuperación del poder adquisitivo ya erosionado.

El impacto del congelamiento del bono

La situación es aún más crítica para quienes perciben la jubilación mínima con bono. El refuerzo mensual permanece congelado en $70.000 desde marzo de 2024, lo que provocó una profunda licuación de su valor real en un contexto inflacionario.

Mientras los haberes jubilatorios aumentaron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, la jubilación mínima con bono incluido solo se incrementó un 101%. Según CEPA, para sostener el poder de compra original, el bono debería haber alcanzado en diciembre los $177.485. La diferencia —$107.485 mensuales— representa el recorte efectivo que sufren los jubilados de menores ingresos.

Como resultado, las jubilaciones mínimas con bono se encuentran actualmente un 16,8% por debajo de los niveles registrados en el último trimestre del gobierno anterior.

Un retroceso histórico

El informe también advierte que el inicio de la actual gestión implicó un “rápido retroceso” de los haberes previsionales: una caída del 26,3% para jubilaciones sin bono y del 21,3% para aquellas que sí lo perciben. Estos niveles colocan el poder adquisitivo actual alrededor de un 3% por debajo del promedio registrado durante la década de 1990, uno de los períodos más críticos para los ingresos jubilatorios.

A este escenario se suma el veto presidencial a iniciativas legislativas destinadas a recomponer los haberes. En agosto de 2025, el Poder Ejecutivo anuló una ley que contemplaba un aumento excepcional del 7,2% para completar la inflación de enero de 2024 y elevaba el bono a $110.000. De haberse aplicado, la jubilación mínima con bono habría alcanzado los $446.935, recuperando buena parte del poder adquisitivo perdido tras la asunción de Milei.

El fin de la moratoria y la crisis del sistema

Por último, CEPA advierte que la finalización de la moratoria previsional en marzo de 2025 profundiza la crisis estructural del sistema. Sin esta herramienta, “9 de cada 10 mujeres y 8 de cada 10 varones que alcanzan la edad jubilatoria no pueden acceder a una jubilación” por no reunir los 30 años de aportes requeridos.

En esos casos, la única alternativa es la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y exige una edad de acceso más elevada para las mujeres, consolidando un esquema de mayor exclusión y menores ingresos para los adultos mayores.

El informe de CEPA expone con claridad que el cambio en la fórmula de movilidad previsional se convirtió en una de las principales anclas del ajuste fiscal, con un costo social significativo. Mientras el Gobierno sostiene el superávit, las jubilaciones permanecen estancadas en niveles históricamente bajos, sin mecanismos que permitan recuperar lo perdido y con un sistema que, lejos de ampliarse, restringe cada vez más el acceso a una jubilación digna.