A ochenta años de la instauración del aguinaldo: de la conquista social a la discusión sobre su alcance indemnizatorio

En el aniversario del Decreto-Ley 33.302/1945, que instituyó el sueldo anual complementario y consolidó un núcleo central de derechos laborales, resurgen las tensiones en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional, cuestionado por excluir estos beneficios del cálculo indemnizatorio.

Este 20 de diciembre se cumplen ochenta años de la publicación del Decreto-Ley 33.302, una de las normas más trascendentes de la historia laboral argentina. Promulgado durante el gobierno de Edelmiro Farrell e impulsado decisivamente por Juan Domingo Perón desde la entonces Secretaría de Trabajo y Previsión, el texto consagró el carácter obligatorio del sueldo anual complementario —conocido como aguinaldo— e introdujo un nuevo paradigma en la relación entre capital y trabajo.

La medida no fue un hecho aislado ni improvisado. Representó la culminación de un proceso iniciado en 1943, cuando la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzó a intervenir activamente en los conflictos laborales, desplazando la lógica de la negociación desigual y colocando al Estado como garante de derechos. En ese marco, el Decreto 33.302 funcionó como un punto de llegada: sintetizó una concepción del trabajo como eje de la justicia social y como fundamento de la cohesión económica.

Durante ese período, se impulsaron transformaciones estructurales que redefinieron el mundo laboral argentino. El Estatuto del Peón Rural, sancionado en 1944, estableció por primera vez condiciones mínimas en el trabajo agrario, desafiando intereses históricos del sector terrateniente. A ello se sumó la generalización de las vacaciones pagas mediante el Decreto 1.740/1945, la creación de los Tribunales del Trabajo y una expansión inédita de los convenios colectivos, que alcanzaron a millones de trabajadores y consolidaron mejoras salariales, previsionales y de protección frente al despido.

El Decreto-Ley 33.302 coronó ese entramado normativo al fijar tres pilares centrales: el pago obligatorio de un salario anual complementario, la indemnización por despido injustificado y la creación del Instituto Nacional de Remuneraciones, encargado de establecer salarios mínimos acordes al costo de vida. “El aguinaldo no nació de un cuento de rosas. Existió un contexto político adverso y esta medida supuso un profundo convencimiento de que en la Nueva Argentina los trabajadores ocupaban un lugar central”, reflexionó el historiador Emmanuel Bonforti, al analizar el alcance político y social de aquella decisión.

Con el correr de las décadas, estos derechos se incorporaron al sentido común laboral argentino y atravesaron distintos ciclos económicos y políticos. Más allá de reformas parciales, el aguinaldo y las vacaciones pagas se consolidaron como componentes estructurales del salario y como resguardo ante la inestabilidad del empleo.

La reforma laboral y el nuevo enfoque oficial

El contraste se vuelve inevitable al observar el escenario actual. El proyecto de reforma laboral impulsado por el presidente Javier Milei reabre un debate de fondo sobre el alcance de esas conquistas. Entre los puntos más cuestionados por sindicatos y sectores de la oposición figura la exclusión de conceptos no mensuales —como el aguinaldo, las vacaciones pagas, premios y otros adicionales— del cálculo de las indemnizaciones por despido sin causa.

De prosperar esta modificación, el monto indemnizatorio se vería sensiblemente reducido, alterando uno de los mecanismos históricos de protección frente a la pérdida del empleo. La iniciativa incorpora, además, la posibilidad de establecer un fondo de cese laboral optativo con aportes patronales acotados, habilita el pago de indemnizaciones en cuotas y flexibiliza el régimen de vacaciones, permitiendo su fraccionamiento con un mínimo de siete días consecutivos.

Desde el oficialismo, el argumento central gira en torno a la necesidad de “modernizar” el sistema laboral, reducir costos y fomentar la formalización del empleo. Sin embargo, las principales centrales sindicales, encabezadas por la CGT, calificaron la propuesta como regresiva y convocaron movilizaciones en rechazo al proyecto, al considerar que debilita derechos consolidados y traslada el riesgo económico hacia los trabajadores.

El debate parlamentario, atravesado por tensiones políticas y falta de consensos, se intensificó durante diciembre y sufrió postergaciones. En paralelo, sectores del peronismo y bloques opositores preparan contrapropuestas orientadas a preservar el espíritu de las normas surgidas en 1945, en un contexto económico marcado por la precarización y la caída del poder adquisitivo.

A ochenta años de la implantación del aguinaldo, la discusión excede largamente un aspecto técnico del cálculo indemnizatorio. Lo que está en juego es el modelo de relaciones laborales que el país elige proyectar.

El Decreto-Ley 33.302 simbolizó una etapa de ampliación de derechos y de reconocimiento del trabajo como columna vertebral del desarrollo social. La reforma en debate, en cambio, interpela ese legado y reabre una disputa histórica entre la lógica de la protección y la de la flexibilización.

El aniversario no solo invita a recordar una conquista emblemática, sino también a reflexionar sobre su vigencia en un escenario donde el sentido del trabajo, su valor social y su protección vuelven a ser objeto de una discusión profunda y decisiva para el futuro.