Luz y Fuerza endurece su postura frente a la reforma laboral y denuncia un deterioro crítico del servicio eléctrico en San Juan

La titular del sindicato Luz y Fuerza en San Juan, Lilia Martín, confirmó la adhesión plena del gremio a la movilización nacional convocada por la CGT contra la reforma laboral. En diálogo con Mundo Laboral SJ, cuestionó el proyecto oficial por inconstitucional, advirtió sobre despidos y cierres de empresas, y denunció un grave deterioro del servicio eléctrico provincial por la tercerización y la falta de personal capacitado.

En un panorama complejo y de creciente conflictividad social y sindical, el gremio Luz y Fuerza de San Juan se sumó formalmente a la movilización nacional impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en rechazo a la reforma laboral que el Gobierno ya comenzó a debatir en el Congreso. La decisión fue ratificada tras una asamblea multitudinaria y reuniones de secretarios generales tanto a nivel nacional como provincial.

“Esta reforma es inconstitucional y nos retrotrae a principios del siglo pasado, cuando los trabajadores carecíamos de derechos básicos”, afirmó Lilia Martín, secretaria general del sindicato, al trazar un diagnóstico severo sobre el impacto de la iniciativa oficial. Desde su perspectiva, el proyecto no constituye una modernización, sino una reedición agravada de políticas ya implementadas en el país que derivaron en desocupación, pérdida de derechos y debilitamiento del entramado productivo.

La dirigente sindical contextualizó el debate en un escenario económico marcado por despidos masivos, suspensiones y cierres de empresas en sectores clave como el comercio, la construcción y la industria. “Lo que vemos es una destrucción del tejido social y del aparato productivo. Empresas que resistieron crisis muy profundas hoy están bajando las persianas y dejando trabajadores en la calle”, sostuvo.

Para Martín, la reforma laboral apunta además a reducir de manera sustancial el poder de negociación colectiva. “Está claramente orientada a debilitar al movimiento obrero organizado y a facilitar un esquema de mayor precariedad laboral”, advirtió, al tiempo que remarcó que la CGT ya activó presentaciones judiciales y gestiones políticas para frenar la iniciativa.

El conflicto sindical se entrelaza, en San Juan, con una problemática específica y sensible: la situación del servicio eléctrico provincial. En ese marco, Luz y Fuerza declaró el estado de alerta y movilización y se manifestó frente al Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), en reclamo por el accionar de la empresa concesionaria Naturgy.

Según explicó la referente sindical, el modelo de gestión adoptado por la empresa se basa en la reducción del plantel propio y la tercerización casi total de las tareas, una decisión que —aseguró— tiene consecuencias directas sobre la calidad del servicio y la seguridad laboral. “La empresa ha perdido cerca de la mitad de su personal especializado. Las vacantes no se cubren y se reemplazan por contratistas sin la formación adecuada”, señaló.

Martín puso el foco en los riesgos que esta situación implica en una actividad catalogada como de alto peligro. “La normativa es clara: el trabajo eléctrico requiere capacitación específica, evaluaciones y certificaciones formales. Eso no ocurre con las empresas contratistas, y los accidentes graves que hemos visto este año lo demuestran”, denunció.

En este sentido, la representante gremial desmintió uno de los argumentos más recurrentes en las audiencias públicas: la idea de que contar con más personal encarece la tarifa. “Es falso. La ley establece que la empresa debe garantizar calidad y continuidad del servicio, y eso incluye operación y mantenimiento con personal idóneo. Sin eso, el sistema falla, como está ocurriendo”, afirmó.

La problemática excede el plano gremial y adquiere una dimensión claramente social. Departamentos como Calingasta, uno de los más afectados, registraron cerca de cien cortes de energía en lo que va del mes, con interrupciones prolongadas del suministro. “Esto ya no es un reclamo sindical, es un reclamo de interés público”, enfatizó Martín.

La postura de Luz y Fuerza frente a la reforma laboral y al deterioro del servicio eléctrico sintetiza una preocupación más amplia: la tensión entre un modelo orientado a la rentabilidad financiera y la necesidad de preservar derechos laborales y servicios esenciales. Para el gremio energético, la defensa del empleo calificado, la seguridad laboral y la calidad del suministro no son consignas corporativas, sino pilares de un sistema que considera a la energía como un derecho humano y un factor estratégico del desarrollo.

“La tarifa no será más cara por tener personal capacitado; será más justa y el servicio, más eficiente”, concluyó Lilia Martín. En esa afirmación se condensa el eje de un conflicto que, lejos de agotarse en una protesta sectorial, interpela de lleno al rumbo de las políticas laborales y energéticas del país.