El 18 de diciembre, la CGT vuelve a la calle y se planta frente a la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) decidió dar un paso al frente y convocar a una movilización nacional el próximo 18 de diciembre, con epicentro en la Plaza de Mayo y réplicas en todo el país. La medida, confirmada por fuentes sindicales, constituye la primera reacción orgánica y contundente del movimiento obrero frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y enviado recientemente al Congreso.

La decisión no es menor: llega en momentos en que el oficialismo busca avanzar con celeridad sobre un paquete de reformas económicas y estructurales durante las sesiones extraordinarias del Congreso. En ese marco, la reforma laboral aparece como una de las iniciativas más sensibles, tanto por su impacto directo en las condiciones de empleo como por su fuerte contenido ideológico.

Entre los artículos más resistidos por la CGT y las centrales sindicales se encuentran las modificaciones en el régimen de indemnizaciones por despido, la flexibilización en los esquemas de contratación, los cambios en los aportes patronales y la reconfiguración del sistema de negociación colectiva. Cada uno de estos puntos reavivó históricas tensiones entre el sindicalismo y los gobiernos que impulsan desregulaciones profundas en el mercado laboral.

Este jueves, la CGT reunió a su Consejo Directivo en la histórica sede de Azopardo 802. Bajo la conducción de los triunviros Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello, la mesa chica analizó en detalle el contenido del proyecto oficial y definió una postura unificada: rechazo frontal y movilización masiva. El clima, según confiaron participantes del encuentro, fue de “preocupación, pero también de firmeza”.

La convocatoria del 18 de diciembre no solo apunta a mostrar capacidad de movilización, sino también a enviar un mensaje político directo: el sindicalismo no está dispuesto a permitir que el Gobierno avance sin resistencia sobre aspectos nodales del sistema de derechos laborales vigente. La jugada se inscribe dentro de una estrategia más amplia de la central obrera, que combina presión callejera, diálogo político con sectores opositores del Congreso y trabajo técnico para intentar frenar o modificar el articulado más conflictivo del proyecto.

En paralelo, en la Casa Rosada observan la maniobra con atención. Saben que la marcha será un indicador clave del músculo sindical en un momento crítico del debate legislativo. También entienden que, de masificarse, podría abrir un frente político que complique la ingeniería parlamentaria diseñada por el oficialismo para aprobar la reforma antes de fin de año.

El llamado a la movilización se da además en un contexto en el que la relación entre el Gobierno y el movimiento obrero atraviesa su momento más tenso desde el inicio de la nueva gestión. Para la CGT, el avance de una reforma de este calibre sin consenso social ni negociación suficiente constituye un límite claro. Para el oficialismo, en cambio, la transformación del mercado laboral es vista como una pieza esencial de su programa económico.

La marcha del 18 de diciembre se perfila como el primer gran test de fuerza entre la CGT y el Gobierno de Javier Milei desde que comenzó el debate legislativo de la reforma laboral. En un clima político cargado de tensiones, la movilización funcionará como un termómetro decisivo: medirá la capacidad de resistencia del movimiento obrero y pondrá a prueba la determinación del Ejecutivo para avanzar con uno de los cambios más trascendentes —y controvertidos— en materia laboral de las últimas décadas. Cuando termine el día, quedará claro si el Gobierno enfrenta un obstáculo circunstancial o el inicio de una oposición sindical más organizada y persistente.