El Gobierno acelera la reforma laboral en el Senado y apuesta al protagonismo de Patricia Bullrich

En medio de las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo, el Gobierno de Javier Milei decidió acelerar al máximo el trámite legislativo de la reforma laboral, una de las iniciativas más ambiciosas —y más controvertidas— de su programa. La apuesta central pasa por avanzar primero en el Senado, donde la flamante senadora Patricia Bullrich asumió un rol protagónico para intentar garantizar una media sanción antes del 26 de diciembre.

Bullrich presentó públicamente los lineamientos centrales del proyecto, al que definió como una propuesta “moderada” orientada a modernizar las relaciones laborales, “generar empleo” y otorgar mayor previsibilidad tanto a empresas como a trabajadores. Sin embargo, el texto legislativo —de más de cien páginas— introduce cambios profundos que afectan pilares históricos del derecho laboral argentino.

Entre las modificaciones previstas se incluyen nuevas modalidades de contratación, figuras laborales de mayor flexibilidad, acuerdos a tiempo parcial y la posibilidad de pactar remuneraciones en moneda extranjera o inclusive en especie. También se habilita un esquema de “salario dinámico”, un banco de horas que elimina el pago obligatorio de horas extra y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional por despido.

Pese al alcance estructural del proyecto, el Gobierno pretende una aprobación veloz. La estrategia legislativa consiste en avanzar primero en el Senado, donde paradójicamente el oficialismo tiene mayor dificultad para reunir mayorías estables. Por esa razón, Bullrich inició una ronda de conversaciones con los bloques del PRO y la UCR en busca de garantizar el respaldo mínimo necesario. La presión del Ejecutivo es explícita: llegar con la media sanción antes de fin de año.

La dinámica interna del Senado, sin embargo, no parece acompañar el apuro. El recambio legislativo dejó a la Cámara Alta en pleno proceso de reorganización, sin comisiones conformadas y con negociaciones aún abiertas sobre la distribución de espacios estratégicos. Aun así, en los últimos días se especuló con que Bullrich podría intentar presidir la Comisión de Trabajo y Seguridad Social —algo inusual para quien conduce un bloque— con el fin de acelerar el dictamen. Otra alternativa que circula es que se sostenga al frente de la comisión a la senadora cordobesa del PRO, Carmen Álvarez Rivero, para evitar demoras formales.

El contraste entre las urgencias políticas del oficialismo y la realidad procedimental del Senado quedó expuesto en la propia advertencia de la presidenta del cuerpo, Victoria Villarruel, quien, consciente del riesgo de un traspié legislativo, lanzó una frase que resonó en el Palacio:

“Patricia, no te tires arriba de la granada”.

Ese comentario sintetizó el clima interno: el apuro del Gobierno choca contra un Congreso que todavía no recuperó su ritmo, una oposición fragmentada pero no indefensa, y un proyecto que despierta fuertes resistencias en el mundo sindical y en sectores de la justicia laboral.

Mientras la Casa Rosada insiste en que la reforma es indispensable para “destrabar” el mercado de trabajo, las organizaciones gremiales denuncian una ofensiva que erosiona derechos conquistados y desfinancia los mecanismos de protección del trabajador. En paralelo, especialistas en derecho laboral advierten sobre la complejidad técnica del texto y el riesgo de judicialización masiva si se aprueba sin un debate profundo.

El proyecto de reforma laboral se convirtió en una carrera contrarreloj que expone tensiones políticas, desafíos institucionales y un oficialismo decidido a avanzar aun en un escenario legislativo inestable. El éxito o fracaso de la estrategia dependerá no sólo de la capacidad de Patricia Bullrich para articular apoyos, sino también de la disposición del Senado a convalidar un debate exprés sobre transformaciones estructurales.
La pregunta que atraviesa estas semanas es clara: ¿logrará el Gobierno imponer la velocidad por sobre la deliberación, o el Congreso le recordará que las reformas de fondo necesitan algo más que apuro político?