Denuncian alarmante crecimiento de la violencia estatal y digital contra periodistas

La segunda edición del Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina volvió a encender todas las alarmas. El documento, presentado en el anexo de la Cámara de Senadores por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), la Federación Internacional de Periodistas (FIP) y especialistas de la Universidad de Buenos Aires, reveló un dato contundente: los ataques represivos y actos de censura contra periodistas aumentaron un 66% en 2025 respecto del año anterior.

El relevamiento responsabiliza directamente al Gobierno de Javier Milei, al que acusa de impulsar “expresiones de odio, hostigamiento y prácticas tendientes a restringir el ejercicio periodístico y el debate público”. Según el documento, la violencia no solo se intensificó en las calles, sino también en los tribunales y en el terreno digital, donde crecieron las amenazas, campañas de desprestigio y prácticas de doxeo desde cuentas oficiales.

El registro más alto de agresiones en coberturas de protesta

De acuerdo con los datos de SiPreBA y FATPREN —expresados también ante la CIDH—, 83 periodistas fueron víctimas de represión mientras cubrían manifestaciones hasta fines de octubre de 2025. Solo en la marcha del 12 de marzo, en la que resultó herido el reportero Pablo Grillo, se documentaron al menos 20 casos de violencia policial: impactos de balas de goma, golpes, vejámenes e intoxicaciones por gases lacrimógenos.

El contraste con 2024 es alarmante: aquel año se habían registrado 50 agresiones. El salto al presente —83 casos— marca una tendencia clara. El informe advierte que la criminalización del periodismo crítico se volvió una herramienta sistemática, acompañada del uso de figuras legales como “resistencia a la autoridad” para detener y disciplinar a quienes documentan abusos estatales. “Defender la libertad de expresión —plantea el documento— es hoy una condición indispensable para la vigencia de la democracia”.

Censura, persecución judicial y un caso sin precedentes

Uno de los puntos más sensibles del informe es el incremento de acciones judiciales orientadas a limitar la difusión de información de interés público. El texto subraya que en 2025 se registró el primer intento de censura judicial en más de tres décadas: la prohibición de difundir audios atribuidos a Karina Milei, un hecho que encendió el rechazo de amplios sectores académicos y profesionales.

A ello se suma la “judicialización de la expresión crítica”, que alcanzó no solo a periodistas, sino también a dirigentes sociales, docentes, artistas y ciudadanos que manifestaron opiniones contrarias al Gobierno en espacios públicos o redes sociales.

Ataques digitales y discursos estigmatizantes

El informe dedica un apartado extenso a los discursos de estigmatización y violencia digital. Señala que desde cuentas oficiales de la Presidencia se promovieron campañas de desinformación y hostigamiento contra comunicadores, referentes sindicales y activistas.

La violencia simbólica, destaca el texto, tuvo un impacto especialmente grave sobre mujeres periodistas, que recibieron amenazas misóginas, campañas coordinadas de difamación y ataques de usuarios alentados por discursos oficiales.

Desinformación, IA y un ecosistema mediático debilitado

El 2025 electoral estuvo atravesado por una nueva variable: la utilización intensiva de deepfakes y contenidos manipulados mediante inteligencia artificial. El documento muestra cómo estas prácticas erosionaron el debate público, multiplicaron las operaciones políticas y afectaron la credibilidad de los medios.

En paralelo, el ecosistema laboral del sector continúa en caída libre. El informe alerta por el congelamiento salarial en medios públicos, la falta de actualización paritaria en privados y los despidos masivos. La precarización, afirma, “se volvió estructural”: salarios por debajo de la inflación, contratos inestables y un deterioro profesional que afecta la calidad informativa.

El Informe sobre Libertad de Expresión en Argentina 2025 dibuja un panorama severo: más violencia, más censura, más hostigamiento y un deterioro laboral profundo. El crecimiento del 66% en agresiones contra trabajadores de prensa no es un dato aislado: es la evidencia de una política que, según los gremios, apunta a disciplinar voces críticas y restringir el pluralismo informativo.

En un país donde la tensión institucional atraviesa todas las capas del debate público, el periodismo aparece nuevamente como un sector clave para sostener la vida democrática. La advertencia del informe es clara: sin condiciones mínimas de seguridad, independencia y respeto institucional, la libertad de expresión —piedra angular de cualquier sociedad democrática— se vuelve frágil. Y su deterioro, advierten los gremios, compromete no solo a quienes informan, sino al conjunto de la ciudadanía.