Gremios en alerta por el vencimiento masivo de contratos en la administración pública

Con casi 60.000 despidos acumulados desde el inicio de la gestión Milei, el vencimiento de 70.000 contratos el 31 de diciembre encendió todas las alarmas en el sector público. ATE anunció un paro nacional y advierte que el Gobierno prepara un nuevo ajuste en la planta estatal para 2026.

Durante el primer año de gestión de Javier Milei, ya se registraron 59.924 desvinculaciones en organismos centralizados, descentralizados, empresas estatales y fuerzas de seguridad. El impacto es visible en la comparación anual: la planta estatal disminuyó en 25.417 trabajadores entre octubre de 2024 y octubre de 2025. Actualmente, según cifras del Indec, el empleo público nacional —incluidas sociedades del Estado— suma 285.570 empleados, lejos del pico superior a los 350.000 alcanzado en 2023.

En este contexto, la falta de definiciones sobre los 70.000 contratos que caducan a fin de año agudiza la preocupación.

Advertencia gremial y paro nacional

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que el Gobierno mantiene en suspenso la continuidad de decenas de miles de vínculos laborales y exigió su renovación inmediata. “Las amenazas están para el 31 de diciembre, cuando se vencen 70.000 contratos. ATE reclama la continuidad de todos esos puestos”, sostuvo el secretario general, Rodolfo Aguiar, quien además confirmó un paro nacional con movilizaciones para el 9 de diciembre.

El sindicato también expresó inquietud por la reforma laboral que el Ejecutivo planea impulsar en el Congreso y que, según anticipan, podría flexibilizar condiciones y facilitar futuras desvinculaciones.

Un ajuste que podría profundizarse en 2026

Dentro del Gobierno reconocen que la hoja de ruta oficial incluye avanzar con un nuevo recorte del Estado. El plan contempla una reducción adicional del 10% de la planta que superó el primer ajuste, lo que equivaldría a otros 29.000 trabajadores. Sin embargo, según estimaciones sindicales, el número podría ser mayor debido al nivel de precarización laboral vigente.

La estrategia proyectada combina la no renovación de contratos, esquemas de retiro voluntario, jubilaciones anticipadas y reorganización interna de áreas consideradas redundantes.

Focos de conflicto y protestas en organismos clave

La preocupación no se limita al vencimiento contractual. La discusión laboral se tensó además por la reforma administrativa que el Gobierno inició en organismos descentralizados. En los últimos días, trabajadores del INTI realizaron una protesta en la avenida General Paz tras conocerse la disolución del Servicio Argentino de Calibración y Medición. La manifestación derivó en incidentes con fuerzas de seguridad, un episodio que elevó el clima de confrontación.

Otros organismos también aparecen bajo análisis: Conicet, Indec, Anses, INTA, INTI, Enargas, Enacom, ENRE, la Oficina Anticorrupción, el Archivo General de la Nación y el ARCA, además de registros automotores y plantas de empresas estatales con potencial de privatización. El Gobierno evalúa eliminar estructuras consideradas duplicadas y avanzar hacia un rediseño integral del sector público.

Mientras el Ejecutivo sostiene que la reducción del Estado es una condición necesaria para equilibrar las cuentas públicas, los gremios alertan sobre el impacto social y el deterioro de áreas estratégicas. La combinación de vencimientos masivos, reformas estructurales y un mercado laboral debilitado configura un escenario de máxima preocupación para miles de familias.