CONADU acusa al Gobierno de desfinanciar el sistema universitario y pone en duda el inicio de clases 2026

Carlos De Feo, secretario general de la CONADU, sostuvo que el Gobierno incumple la Ley de Financiamiento Universitario y empuja a las universidades nacionales a un escenario crítico. Advirtió que, sin correcciones inmediatas, en 2026 “no habrá clases” y que el ajuste golpea con especial dureza a las instituciones del interior. “El proyecto oficial es volver a un modelo elitista donde solo acceden quienes pueden pagar”, afirmó.

En una entrevista con Radio La Torre, el secretario general de CONADU, Carlos De Feo,  estableció un diagnóstico severo sobre el estado del sistema universitario argentino. Aseguró que el presupuesto actual llegó a un nivel “límite” y que la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento por parte del Gobierno nacional compromete el normal inicio del ciclo lectivo 2026.

“El Gobierno está incumpliendo la Constitución. El Ejecutivo no hace las leyes, las ejecuta”, remarcó De Feo, aludiendo a la norma que establece criterios de inversión sostenida para garantizar el funcionamiento del sistema. Según el dirigente, la reciente ley aprobada por el Congreso “no incrementa el presupuesto, apenas permite recuperar lo recortado en los últimos dos años”, ajustes que —subrayó— golpearon con especial dureza a las universidades del interior.

El presupuesto 2025, explicó, parte de una base distorsionada: “Los aumentos proyectados se calculan sobre un gasto ejecutado paupérrimo”. A ello se suma una estimación oficial de inflación del 10% para el próximo año, un número que incluso organismos estatales como el Banco Nación consideran irreal. “Si la inflación duplica esa proyección, como todo indica, el presupuesto del año próximo será incluso menor al de este año”, advirtió.

Docentes y no docentes en situación crítica

El deterioro salarial se convirtió en un factor adicional que amenaza la continuidad del sistema. “Hoy muchas trabajadoras y trabajadores universitarios necesitan un segundo empleo. Otros directamente abandonan la docencia porque no pueden sostenerse con estos sueldos”, señaló De Feo.

Según sus estimaciones, en los últimos dos años el sistema perdió alrededor de 10.000 docentes. Esa merma impacta en la calidad educativa y en el acceso: “Significa más de 100.000 estudiantes afectados. Para ellos, la universidad ya se cerró”, sentenció.

Universidades del interior: el eslabón más vulnerable

El mensaje del dirigente fue especialmente enfático respecto de las instituciones medianas y pequeñas, que considera en “serio riesgo operativo”. Entre las más afectadas mencionó a las universidades de La Rioja, Catamarca, Chilecito, Chamical y otras sedes territoriales con fuerte inserción comunitaria.

Mientras tanto, becas congeladas en $35.000 —“una cifra irrisoria, que alcanza para dos apuntes y un par de sándwiches”— profundizan las dificultades de miles de estudiantes que dependen del apoyo estatal para sostener sus estudios.

En este contexto, De Feo destacó el rol de la Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) como ejemplo del impacto social que tienen las instituciones del interior: “Muchas localidades existirían de otra forma sin la universidad. Para miles de jóvenes, es la única puerta al derecho a estudiar”.

El retorno a un modelo elitista

El dirigente sindical calificó la política oficial como un intento de reinstalar un modelo excluyente: “Están volviendo a la Argentina de 1910, cuando había cuatro universidades y estudiaban solo los ricos”. Para De Feo, el Gobierno concibe el financiamiento como un gasto prescindible, desinvierte en investigación, achica la presencia territorial y abre la puerta al arancelamiento.

“No buscan cobrar para sostener la universidad: buscan que quienes no puedan pagar, no accedan. Es una política de exclusión”, sostuvo.

Un 2026 en conflicto: “O la mantenemos abierta o la cerramos”

De Feo adelantó que en febrero los gremios definirán un plan de lucha y anticipó que es “casi inevitable” que el año académico comience con conflicto. Si bien descartó medidas durante diciembre para no perjudicar mesas de exámenes y procesos de graduación, fue categórico sobre el futuro inmediato:
“En 2026 no vamos a iniciar las clases si no se cumple la ley. No se puede sostener la universidad sobre la espalda de trabajadores que cobran monedas.”