El Gobierno prepara otro recorte del 10% en el Estado

El Gobierno nacional relanzará en 2026 el denominado Plan Motosierra, con el que proyecta reducir nuevamente la planta de empleados públicos en un 10%. En coordinación entre Manuel Adorni y Federico Sturzenegger, la estrategia apunta esta vez a los organismos descentralizados, tras una primera etapa que ya dejó casi 59.000 bajas desde el inicio de la gestión.

El Ejecutivo dio señales claras: el ajuste en el sector público no solo continuará, sino que se profundizará. Tras varios meses marcados por reorganizaciones internas, cambios de gabinete y tensiones gremiales crecientes, la Casa Rosada confirmó que relanzará el Plan Motosierra en 2026 con el objetivo declarado de achicar nuevamente la estructura estatal. La meta es contundente: eliminar otro 10% de la planta de empleados públicos.

El encargado de calibrar el recorte es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien trabaja junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en una nueva ronda de evaluaciones sobre cada dependencia. La consigna, según fuentes oficiales, es revisar “con extrema puntillosidad” las funciones, superposiciones y dotaciones de personal, bajo un mandato explícito del presidente Javier Milei: lograr un Estado más pequeño y “eficiente”, basado en parámetros de productividad que el propio Gobierno define y actualiza mes a mes.

Desde el despacho de Sturzenegger insisten en que “la motosierra es constante”. Y las cifras respaldan la afirmación: desde diciembre de 2023 hasta hoy, los ceses de contratos, jubilaciones anticipadas y bajas por reorganización acumuladas ascienden a 58.797 trabajadores, incluyendo personal de organismos centralizados y descentralizados, fuerzas de seguridad, áreas militares y empresas públicas.

El INDEC aportó en las últimas semanas su propio diagnóstico. Según un informe reciente, la dotación del personal en la administración pública nacional, sociedades y empresas del Estado registró en octubre una baja del 0,3% respecto del mes anterior. El total de trabajadores asciende actualmente a 282.570, un número que el Gobierno pretende reducir de manera significativa en los próximos meses.

Tras una primera fase focalizada en ministerios y áreas centrales, la segunda parte del ajuste tendrá un blanco más definido: los organismos descentralizados. El listado en análisis es extenso e incluye nombres sensibles para la estructura institucional del país, como AFIP, ARCA, ANMAT, Archivo General de la Nación, CONICET, INDEC, ANSES, ENARGAS, INTA, INTI y ENACOM, entre otros. La lógica, explican en la Casa Rosada, es revisar cuántos puestos cumplen tareas consideradas esenciales y cuántos son, según su criterio, prescindibles.

No existe un porcentaje uniforme para todos los organismos. Según fuentes del Ejecutivo, “en cada organismo se llega al número en función de la cantidad de personas activas y su nivel de actividad”, por lo que la magnitud del recorte variará dependiendo del área. La evaluación se desarrolla con reserva debido al clima de conflictividad sindical que se intensificó en los últimos meses, especialmente ante la inminencia de vencimientos contractuales.

El Ejecutivo prevé que la ola de bajas comience a materializarse en diciembre, cuando expire una parte importante de los contratos anuales, y que se profundice durante los dos primeros trimestres de 2026. A esa poda podría sumarse otro capítulo clave del plan oficial: la eliminación progresiva de los registros automotores y un nuevo paquete de privatizaciones en empresas públicas, iniciativas que también reducirían personal mediante restructuraciones o cierres.

La reactivación del Plan Motosierra se da en un clima político tenso, con sindicatos movilizados, organismos con presupuestos en mínimos históricos y un escenario social desgastado por la caída de ingresos. Mientras el Gobierno defiende el ajuste como requisito para “ordenar” el Estado, los gremios advierten sobre el impacto en la calidad de los servicios públicos, la parálisis técnica en áreas estratégicas y la pérdida de capacidades acumuladas durante décadas.

La reedición del Plan Motosierra abre un nuevo capítulo en la política de reducción estatal del Gobierno. Con casi 59.000 empleados menos en dos años y un recorte adicional previsto para 2026, la estrategia se profundiza tanto en intensidad como en alcance institucional. El foco sobre los organismos descentralizados anticipa tensiones crecientes con sindicatos y trabajadores especializados, mientras el Ejecutivo reafirma su visión de un Estado reducido a funciones básicas. El desafío será sostener el funcionamiento operativo de áreas críticas sin deteriorar la calidad administrativa y técnica que sostiene la actividad pública en el país.