La UTA anticipa paros en todo el país si no se deposita el salario completo antes del jueves próximo

La Unión Tranviarios Automotor advirtió que, si para el cuarto día hábil de la próxima semana no se paga el 100% de los salarios y el aguinaldo, se paralizarán los servicios en todas las compañías que incumplan. Las cámaras empresarias alertan sobre un sistema al borde del colapso por tarifas intervenidas, subsidios insuficientes y caída de pasajeros.Un conflicto que vuelve a escalar y amenaza con paralizar el transporte

La Unión Tranviarios Automotor (UTA), liderada por Roberto Fernández, endureció su posición y emitió un ultimátum directo al sector del transporte público: si antes del jueves próximo no está depositado el 100% de los sueldos y aguinaldos, habrá paro en cada empresa incumplidora, a nivel nacional.

La medida, comunicada formalmente por el gremio, rechaza cualquier esquema de pago fraccionado y cuestiona que los trabajadores sean «rehenes» de la disputa entre compañías y Gobierno por subsidios y tarifas.

Mientras tanto, las cámaras empresarias —especialmente en el AMBA— aseguran que el servicio está “en un punto de quiebre”. CETUBA, AAETA, CEAP, CTPBA y CEUTUPBA alertaron esta semana sobre un “inminente colapso” y remarcaron que las tarifas cubren menos del 70% de los costos reales, incluso con los últimos ajustes. Los subsidios, aseguran, no alcanzan para sostener la operatividad ni para cumplir con las obligaciones salariales.

AMBA: empresas al límite y un caso emblemático que encendió todas las alarmas

El caso más visible de la crisis es el de la Línea 148, paralizada recientemente en el sur del Conurbano. La detención del servicio dejó a millones de pasajeros sin movilidad y a los choferes de la empresa El Nuevo Halcón sin cobrar sus sueldos.
La situación no es aislada: más de 40 empresas de la región no lograron completar los pagos, y ya anunciaron que los haberes de noviembre se cancelarán en dos tramos, mientras que el aguinaldo se abonará en seis cuotas.

“El sector ya no puede asumir más esfuerzos”, insisten las cámaras. Reclaman una adecuación urgente del marco tarifario y del sistema de subsidios, que consideran desactualizado frente a inflación, suba de insumos y caída de la demanda.

Además, advierten que entienden el ajuste fiscal, pero señalan que la reducción de subsidios sin un esquema alternativo deriva en un ajuste directo sobre salarios, frecuencia de servicios y condiciones de seguridad.

El interior tampoco resiste: FATAP pide “condiciones excepcionales” para cumplir salarios

La crisis no se limita al AMBA. La FATAP, que representa a empresas de Tucumán, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Formosa y Catamarca, se sumó al conflicto al presentar una denuncia formal ante la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.

La entidad asegura que la eliminación de subsidios nacionales, la insuficiencia de aportes provinciales y tarifas sin sustento técnico han generado un deterioro profundo del sector:

cierres de empresas,

eliminación de servicios,

pérdida de fuentes laborales,

deterioro del capital

y proliferación de medios alternativos informales y riesgosos, como motos para transporte de pasajeros.

Para diciembre, FATAP advierte que es “materialmente imposible” pagar los salarios de noviembre y la segunda cuota del aguinaldo sin un esquema extraordinario, replicando el mismo cuadro crítico que atraviesa el AMBA.

Una disputa que expone la fragilidad estructural del sistema

El conflicto se tensó aún más tras las presentaciones ante el secretario de Trabajo, Julio Cordero.
Las empresas argumentan que la combinación de tarifas congeladas, subsidios demorados, inflación persistente y caída de pasajeros por la recesión destruyó la ecuación económica del sector.
La UTA, por su parte, sostiene una postura inamovible: el pago íntegro es “irrenunciable”.
Para el gremio, los problemas financieros de las compañías “no pueden trasladarse a quienes sostienen el servicio”.

En el fondo, la discusión vuelve a poner bajo la lupa la sostenibilidad del sistema de transporte público urbano: un entramado que combina tarifas subsidiadas, dependencia del financiamiento estatal, regulación fragmentada entre Nación y provincias, y demandas laborales que se intensifican en contextos de crisis.