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Docentes universitarios convocan a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre
La docencia universitaria y preuniversitaria realizará un paro nacional de seis días, del 1 al 6 de diciembre, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario 27.795. La medida surge tras la decisión del Gobierno de suspender su ejecución a través del Decreto 759/25, a pesar de reconocer una deuda salarial superior al 40%.
El plenario de secretarías generales de la docencia universitaria y preuniversitaria resolvió convocar a un paro nacional del 1 al 6 de diciembre, en protesta por la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario y la falta de recomposición salarial. La medida afectará el dictado de clases, las actividades académicas y, en varios casos, también las mesas de exámenes.
La decisión llega en un contexto de malestar creciente en las universidades nacionales, marcado por salarios depreciados, presupuestos insuficientes y un paquete de reformas estructurales que, según los gremios, profundiza el deterioro de la educación pública.
Una ley votada cuatro veces que el Gobierno se niega a aplicar
Las federaciones docentes recordaron que la Ley de Financiamiento Universitario 27.795 —conquistada “con lucha, organización y unidad”— fue aprobada cuatro veces por el Congreso.
Sin embargo, el presidente Javier Milei dispuso suspender su ejecución mediante el Decreto 759/25, al mismo tiempo que reconoció la existencia de una deuda salarial del 40,25% sobre los básicos de julio de 2025.
Para los gremios, la decisión es ilegal, vulnera una norma vigente y profundiza la crisis estructural:
salarios estancados,
recomposiciones por debajo de la línea de pobreza,
infraestructura deteriorada,
caída del financiamiento para investigación, extensión y becas estudiantiles.
Salarios de pobreza y multiempleo: el deterioro cotidiano
El Sindicato de Trabajadores Docentes Universitarios (Sitradu) graficó la situación con datos concretos:
un auxiliar de primera con dedicación semi-exclusiva cobra alrededor de $450.000 de bolsillo,
un no docente de categoría siete percibe unos $600.000 de básico.
Estos ingresos —muy por debajo de la inflación acumulada y del costo de vida— obligan a miles de docentes y no docentes a recurrir al multiempleo, afectando la calidad del trabajo académico, la investigación y la continuidad de proyectos científicos.
“Con docentes pobres no hay universidad de calidad”, advirtieron.
Asimismo, denunciaron que no hay fondos suficientes para salarios, becas, infraestructura ni mantenimiento, mientras que —según su crítica política— el Gobierno favorece la desregulación económica, la baja de retenciones y la rentabilidad financiera.
Un presupuesto 2026 que anticipa un ajuste aún mayor
Las organizaciones docentes alertaron que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé menos del 40% de inversión en educación, profundizando un escenario que describen como de “crisis terminal”.
La combinación de salarios depreciados, falta de financiamiento y reformas estructurales —laboral, tributaria, previsional y penal— configura, para los gremios, un ataque integral a los derechos de trabajadores y estudiantes.
“Llegamos al punto en que no podemos seguir fingiendo una normalidad que no existe”, señalaba el documento difundido tras la reunión sindical.
Unidad docente–estudiantil: un llamado a la movilización
El paro por seis días busca funcionar como una señal de alarma y como instancia de acumulación de fuerza.
La Federación convocó a toda la docencia universitaria y preuniversitaria, y llamó al movimiento estudiantil —históricamente protagonista de las luchas por la educación pública— a sumarse a la medida.
Exigencia de tres puntos centrales:
- Aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario.
- Convocatoria urgente a la paritaria nacional universitaria.
- Un Presupuesto 2026 que respete los recursos fijados por la ley vigente.