Milei clausura el Consejo de Mayo tras nuevas filtraciones y crece la tensión por la reforma laboral

La experiencia del Consejo de Mayo llega a su fin envuelta en tensiones, desconfianzas y un marcado desequilibrio institucional. Lo que el Gobierno había presentado como un espacio para articular consensos entre los actores centrales del sistema productivo —gobernadores, cámaras empresariales e industria— se disolvió antes de consolidarse como mesa tripartita. Las reiteradas filtraciones de los borradores sobre la reforma económica y laboral precipitaron la decisión presidencial: Javier Milei ordenó clausurar de manera definitiva el Consejo.

Según reveló el periodista David Cayol, la Casa Rosada había intentado blindar las discusiones mediante acuerdos de confidencialidad, exigencia resistida por una mayoría de los mandatarios provinciales. El Ejecutivo había logrado cierta adhesión en sectores del empresariado, pero los gobernadores rechazaron firmar cualquier compromiso que limitará su margen político. Las tensiones internas se tornaron inocultables y, para Milei, las filtraciones representaron una traición que justificó el cierre del ámbito.

Sin embargo, las causas de fondo exceden el enojo presidencial. La arquitectura jurídica de las reformas —incluida la laboral— no se diseñó en oficinas del Gobierno, sino en estudios privados vinculados directamente al empresario Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA. La última versión de la Ley Bases ingresada al Congreso fue elaborada desde la terminal informática de uno de los abogados del propio industrial, un hecho que expone el peso decisivo del sector empresarial en la confección normativa.

En contraste, la representación sindical ocupó un asiento simbólico y acotado. Gerardo Martínez, enviado por la CGT, participó de las reuniones sin acceso real a los textos preliminares ni margen de incidencia en el contenido central de la reforma laboral. Aunque la Casa Rosada insiste en que el proyecto “no está escrito”, diversos borradores circulan hace semanas y sus lineamientos están prácticamente definidos. El virtual desplazamiento de las organizaciones de trabajadores de la discusión profundiza la crítica sindical: una reforma diseñada unilateralmente en clave empresarial.

Los gobernadores, mientras tanto, transitan su propio frente de conflicto: la disputa por los fondos de coparticipación. Esa tensión condiciona cualquier articulación futura con la Casa Rosada y plantea un escenario de imprevisibilidad política en la previa del debate legislativo. La disolución del Consejo plantea un interrogante crítico: ¿cómo reaccionarán las provincias en el Senado cuando deban posicionarse sobre una reforma que impacta directamente en las relaciones laborales y en la economía regional?

El borrador que analiza la CGT —aunque todavía sin confirmación oficial— incluye modificaciones sensibles: cambios en el régimen de indemnización, eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos, desarticulación de mecanismos de actualización salarial, ampliación de la jornada laboral y otras reformas estructurales que la central obrera interpreta como un retroceso profundo en derechos adquiridos. La conducción sindical anticipó su rechazo y se prepara para un escenario de confrontación parlamentaria y callejera.

La última reunión del Consejo de Mayo pondrá fin a un experimento que nunca logró equilibrio ni representatividad plena. Con su cierre, el Gobierno enviará al Congreso un informe final que será transformado en proyecto de ley. A partir de entonces, el Parlamento se convertirá en el epicentro de un debate que ya divide al país: una reforma laboral impulsada desde el poder económico, resistida por el movimiento obrero y condicionada por la fragilidad política de los gobernadores.

El cierre anticipado del Consejo de Mayo desnuda una dinámica que tensiona la promesa de diálogo que el Gobierno intentó instalar. Mientras el empresariado influyó decisivamente en la redacción de las reformas, los sindicatos quedaron relegados y los gobernadores se movieron entre la desconfianza política y la disputa fiscal. Con el proyecto a punto de llegar al Congreso, el tablero se reconfigura: la reforma laboral dejará de ser una discusión reservada para convertirse en una pulseada abierta que pondrá a prueba alianzas, liderazgos y la capacidad real del oficialismo para articular mayorías. Lo que se define ahora no es solo un cambio normativo: es el modelo de relaciones laborales que regirá en la Argentina durante las próximas décadas.