Martín Solazo (UOM San Juan): “No vemos luz al final del túnel”

En una entrevista con la UOM provincial, su titular Martín Solazzo lanzó un panorama crítico: la industria metalúrgica registra pérdidas sostenidas, y ya se estiman cerca de 22.000 puestos de trabajo menos a nivel nacional. Solazzo advierte que la combinación de desindustrialización, transferencia de producción al exterior y una reforma laboral que reduciría derechos amenaza con profundizar una crisis social y productiva que golpea con particular fuerza a las familias trabajadoras.

El diagnóstico que presenta la Unión Obrera Metalúrgica de San Juan, a través de su secretario general Martín Solazzo, no es un lamento aislado sino la concreción local de tendencias que, según el gremio, vienen consolidándose a escala nacional: caída sostenida de la producción industrial, reconfiguración de cadenas productivas hacia la exportación con escasa generación de empleo local y una pérdida de derechos laborales que lejos de “aliviar costos” para las empresas, terminaría por precarizar el trabajo y aumentar la desocupación.

Solazzo parte de datos recientes —entre ellos la caída de 6,4% de la industria entre octubre del año pasado y octubre de este año — para ilustrar una regresión que ubica la actividad en niveles comparables a la peor fase de la pandemia de 2020. Pero detrás de esa cifra hay historias concretas: empresas que optan por transformar sus plantas en centros de acopio o ensamblaje reducidísimo, despidos que, aun cuando no siempre aparezcan en los grandes titulares, suman sangrados permanentes en los padrones locales y una cadena de efectos que amplifica la vulnerabilidad familiar. En San Juan, el sindicato estima la pérdida de cerca de 180–200 empleos en el último año sólo en el metalúrgico; extrapolado al territorio nacional, el número de 22.000 puestos fuera del sistema constituye una amenaza económica y social de escala.

La explicación que ofrece Solazzo conjuga factores coyunturales y estructurales. En la primera línea está la política económica reciente: tipos de cambio, costos logísticos, condiciones para la inversión y un régimen tributario que, según el dirigente, castiga la producción local más que incentiva la actividad. Paradójicamente, las empresas pueden aumentar rentabilidad a través de la exportación de bienes o de la deslocalización de etapas productivas; el resultado es una fábrica que factura pero contrata menos. “La rentabilidad de la empresa no cae, al contrario, crece —dice Solazzo—. Pero eso no se traduce en empleo.” En segundo lugar, la reforma laboral propuesta por el oficialismo aparece en la entrevista como un nuevo eje de preocupación: el sindicato la califica de “receta vieja” que busca reducir derechos (horas, vacaciones, garantías colectivas) en nombre de la competitividad, cuando la solución real para aliviar costos empresariales debería pasar por una revisión tributaria y por políticas públicas que protejan la producción nacional.

El dirigente distingue, además, entre lo que son reivindicaciones legítimas de modernización y la pérdida de derechos encubierta. Reconoce que existen aspectos “modernizables” vinculados a tecnología y procesos productivos, pero sostiene que cualquier cambio debe discutirse puertas adentro de cada convenio colectivo, con la participación plena de las organizaciones gremiales y sin imposiciones externas que individualicen la negociación y debiliten la protección colectiva. Esta postura subraya la tradicional lógica sindical: defender salarios, condiciones y estabilidad como pilares de la reproducción social y de la demanda interna.

En su relato se esboza otro elemento: la respuesta práctica del sindicato ante el cierre o el riesgo de cierre. Lejos de limitarse a la protesta, la UOM local afirma haberse involucrado en gestiones no tradicionales —interceder en licitaciones, asistir a empresas con asesoramiento para sostener la producción— porque entiende que la inacción significaría resignar fuentes laborales. Es una admisión de incapacidad estructural: el sindicato no puede sustituir políticas públicas; pero lo hace porque la urgencia social lo obliga.

El riesgo de escalada social aparece como una consecuencia plausible si no se revertieran tendencias: miles de familias sin ingreso y sin redes de contención, desempleo técnico que se profundiza y un mercado interno que se contrae. En este punto, Solazzo hace una lectura política exigente: respeta los resultados electorales que dieron lugar al actual gobierno pero rechaza la dirección de sus medidas, y reclama apertura y rectificación en materia económica y laboral para evitar un deterioro mayor.

La experiencia histórica, citada por el propio dirigente gremial, muestra que intentos de flexibilización laboral sin políticas compensatorias suelen terminar en mayor informalidad y desempleo: episodios de los años 90 y otras experiencias recientes dan argumentos a quienes sostienen una política de sostén industrial. El desafío hoy es complejo: Argentina necesita equilibrio entre costos empresariales competitivos, protección del empleo y estímulos a la inversión productiva dentro del país. Las herramientas disponibles —crédito productivo, reducción selectiva de cargas, incentivos a la exportación con condiciones de empleo local, regulaciones que promuevan encadenamientos productivos— requieren diseño y consenso social. Sin diálogo y sin medidas de corto plazo que amortigüen la pérdida de empleo, las advertencias sindicales adquieren carácter preventivo, no únicamente reivindicativo.

La entrevista con Martín Solazzo condensa la percepción de un sector que siente que la política económica actual está debilitando su capacidad de producir y sostener empleo. Entre cifras de caída de la actividad, pérdida de puestos y una reforma laboral potencialmente regresiva, el reclamo sindical es claro: cualquier cambio debe priorizar la protección de derechos, la negociación colectiva y políticas públicas que incentiven la producción en suelo argentino. La alternativa, advierten desde la UOM, es un proceso de desindustrialización que no sólo reduce la economía real sino que deja a miles de familias sin sustento —un coste social que, remarcan, el país no puede permitirse.