Fuerte rechazo docente a la reforma educativa que impulsa Milei

La Unión Docentes Argentinos y la CTERA declararon el estado de alerta frente al borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa”. Denuncian que la iniciativa desregula el sistema, debilita la educación pública, elimina la estabilidad docente y quita al Estado su rol de garante. También cuestionan la habilitación del home schooling, la enseñanza religiosa y la declaración de «esencialidad» que impediría los paros.

El Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con los sindicatos docentes al poner en circulación un borrador de la denominada “Ley de Libertad Educativa”, una iniciativa que busca derogar la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 —vigente desde 2006— y reemplazarla por un marco legal orientado a la desregulación del sistema educativo.

La Unión Docentes Argentinos (UDA), liderada por Sergio Romero, declaró el estado de alerta y anticipó su “rechazo absoluto” al texto conocido en las últimas horas. Para el dirigente, la propuesta no solo carece de diálogo previo sino que “serrucha el sistema educativo”, lo desmantela y lo reemplaza por un esquema privatista, con pérdida de derechos laborales y con un retiro explícito del Estado del rol de conducción y financiamiento.

“El proyecto derriba el sistema actual para sustituirlo por otro con tintes de privatización, confesionalidad, destrucción de la carrera docente, pérdida de estabilidad y una quita total del financiamiento”, expresó Romero.

El gremio adelantó que presentará su disidencia en el Consejo de Mayo, el espacio institucional donde el Gobierno llevó el borrador para su análisis.

Las claves de la reforma: desregulación, home schooling y potestad provincial

El texto habilita como “formas alternativas de enseñanza” el home schooling, la educación híbrida y la educación a distancia, sin fijar una edad mínima. En el caso de la educación en el hogar, se prevé que los estudiantes acrediten aprendizajes mediante exámenes periódicos.

Otro punto que generó fuerte rechazo es la apertura a que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, bajo modalidad optativa y fuera del horario escolar. Además, la norma permite que cada institución diseñe planes de estudio propios, coexistiendo con los diseños curriculares oficiales.

La iniciativa incorpora también la declaración de “esencialidad” para la educación básica, una figura que ya intentó impulsar el Gobierno mediante otras vías y que busca limitar de hecho la posibilidad de realizar paros docentes, al exigir la “continuidad mínima del servicio educativo”.

Romero anticipó que reclamará una reunión con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, para corroborar si el Ejecutivo avanzará en esa dirección. “Voy a intentar dialogar. Pero si ese diálogo no prospera, vamos a presentar formalmente nuestra disconformidad y evaluaremos medidas de fuerza”, afirmó.

Financiamiento y derechos laborales, en el centro del conflicto

Para UDA, uno de los aspectos más alarmantes es que el proyecto deroga íntegramente la Ley 26.206 y buena parte de la Ley 26.058 de Educación Técnico Profesional, además de eliminar la obligación del Estado de invertir al menos el 6% del PBI en educación.

“La inversión educativa es un pilar de desarrollo para cualquier Nación. Este borrador desvincula al Estado de la conducción política, administrativa y pedagógica del sistema, cuando debería hacerse todo lo contrario”, sostuvo Romero.

En el plano laboral, la propuesta avanza sobre la estabilidad docente, no hace referencia a paritarias y omite mecanismos de negociación colectiva. Para los gremios, esto representa un retroceso histórico que afecta derechos básicos reconocidos en cualquier actividad.

Otro punto señalado como crítico es el refuerzo del financiamiento a la gestión privada, lo que, según advierten, ocurre en detrimento de la educación pública y de los sectores más vulnerables que dependen de ella.

La postura de CTERA: “Un ataque a la escuela pública y al sistema democrático”

La Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) también repudió enérgicamente el proyecto. La organización encabezada por Sonia Alesso lo calificó como “un verdadero ataque al sistema democrático en su conjunto”, al considerar que elimina el papel del Estado como garante del derecho a la educación y reduce su responsabilidad al plano subsidiario.

Desde CTERA denuncian que, bajo la idea de “libertad”, el Gobierno pretende desarmar la escuela pública, debilitar a las organizaciones sindicales y avanzar sobre derechos sociales y laborales conquistados a lo largo de décadas.

La difusión del borrador de la llamada “Ley de Libertad Educativa” encendió de inmediato las alarmas en todo el arco gremial docente. La crítica central coincide en que el proyecto desregula el sistema, disminuye la responsabilidad estatal, promueve la privatización y recorta derechos laborales.

Con UDA y CTERA ya en estado de alerta, y ante la inminencia de presentaciones formales en el Consejo de Mayo, el escenario educativo se empantana en un clima de alta conflictividad. Si el Gobierno decide avanzar, los gremios anticipan un camino de resistencia que podría derivar en un nuevo ciclo de medidas de fuerza.