Malestar en el sistema universitario: FATUN convocó a un paro nacional

La Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales resolvió un paro nacional de 24 horas para el martes 19 de noviembre en rechazo al deterioro salarial y a la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario. El gremio advierte una situación “insostenible” y organiza una jornada federal de visibilización por la gratuidad educativa. El conflicto se encamina a escalar con nuevas acciones en diciembre, en defensa del presupuesto y las condiciones laborales de los nodocentes.

En una atmósfera de estrés permanente dentro del sistema universitario público, la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales (FATUN) anunció un paro nacional de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo para el martes 19 de noviembre. La medida se definió en un plenario virtual que reunió a la Mesa Ejecutiva, el Consejo Directivo y a las conducciones sindicales de todo el país, y forma parte de un plan de acción destinado a enfrentar lo que la organización califica como un “proceso de desfinanciamiento” que pone en riesgo la estructura académica y laboral de las universidades públicas.

El gremio advirtió que la suspensión de la Ley de Financiamiento Universitario (LFU) por parte del Poder Ejecutivo acelera un deterioro profundo de los recursos disponibles para salarios, funcionamiento y programas estratégicos. Según FATUN, la situación económica del personal nodocente se volvió “insostenible” en los últimos meses, con salarios que perdieron poder adquisitivo frente a la inflación y presupuestos que no acompañan las necesidades básicas de mantenimiento y funcionamiento institucional.

Uno de los aspectos centrales del comunicado sindical es la unidad federal que rodea a la protesta. La fecha original del paro fue reprogramada “para que la totalidad de los sindicatos de base puedan estar contenidos de acuerdo a sus realidades”, un gesto de coordinación que busca fortalecer la respuesta gremial ante un escenario que consideran crítico. FATUN enfatiza que el objetivo primordial es garantizar la continuidad y el carácter público y gratuito del sistema universitario, fuertemente dependiente de la aplicación completa de la LFU.

Como parte de la escalada del conflicto, el miércoles 20 de noviembre habrá acciones de visibilización en todo el país, convocadas por las organizaciones que conforman la comunidad universitaria. La jornada estará centrada en la defensa del principio de gratuidad educativa, la preservación de los fondos para infraestructura y funcionamiento, y el reclamo de recomposición salarial para los trabajadores nodocentes, que representan una porción esencial del funcionamiento cotidiano de las instituciones: administración, mantenimiento, servicios, laboratorios, informática y áreas técnicas sin las cuales ninguna universidad puede operar.

La preocupación excede lo salarial. Según FATUN, la falta de financiamiento impacta también en la calidad de los servicios universitarios, la continuidad de proyectos estratégicos, los comedores, los hospitales escuela y los programas de extensión e investigación. El sindicato advierte que el recorte presupuestario compromete la estabilidad del sistema universitario nacional, considerado uno de los pilares de la formación profesional y científica del país.

De cara a las próximas semanas, la Federación convocó para el 2 de diciembre un nuevo Plenario Nacional de Secretarios Generales en el que se evaluará el impacto del paro y se definirán los pasos a seguir. La Mesa Ejecutiva, además, fue autorizada a impulsar acciones judiciales para exigir la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, a la vez que continuará las gestiones ante organismos claves como el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical.

El escenario anticipa un fin de año complejo para las universidades nacionales, en un contexto económico marcado por la recesión y la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores de la educación superior. La fatiga laboral, el deterioro presupuestario y la incertidumbre institucional reavivan un debate que atraviesa gobernantes, docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades: cómo garantizar un sistema universitario inclusivo, gratuito, de calidad y sostenido por políticas públicas estables.