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Elecciones en ASIJEMIN: un voto para consolidar legitimidad en la minería y preservar lazos con las comunidades

Del 17 al 22 de noviembre ASIJEMIN celebrará sus comicios nacionales para renovar la comisión directiva, la comisión revisora de cuentas y las representaciones regionales. Con lista única encabezada por Marcelo Mena, el proceso —certificado por la Secretaría de Trabajo y veedores— concentra el debate no sólo sobre la conducción gremial sino sobre la relación de la actividad minera con las comunidades rurales, con puntas de conflicto y propuestas concretas como la posible industrialización del mineral en la planta de Casposo y la búsqueda de alternativas viales en Calingasta.
Cada cuatro años la organización sindical jerárquica de la minería somete su estructura a la validación de las bases. En 2025 ese ritual institucional adquiere una dimensión ampliada: además de la renovación de la conducción nacional, se definen las delegaciones regionales, las comisiones internas y los delegados de base en yacimientos que van desde Veladero y Gualcamayo hasta Cerro Vanguardia, Cerro Negro y otras sedes provinciales. El operativo electoral —que involucra puntos de votación en Salta, Olavarría, Puerto San Julián, Santa Cruz, San Juan y otros emplazamientos— se desplegará en jornadas sucesivas a lo largo de seis días para garantizar la concurrencia de turnos, faenas y planteles distribuidos en multitud de complejos productivos.
La elección llega con una particularidad organizativa: la lista única —la “azul”, encabezada por Marcelo Mena— presenta una oferta cerrada que abarca desde el secretariado nacional hasta las delegaciones regionales del centro y sur. Esa unidad formal, anunciada públicamente en asambleas y ratificada ante la junta electoral recientemente constituida, transmite un mensaje de cohesión interna y busca validar una continuidad en la conducción. Pero la existencia de lista única no elimina el valor simbólico y político del acto electoral: las urnas servirán para medir el nivel de adhesión real entre los trabajadores, el grado de legitimidad de la conducción y la capacidad del sindicato para representar intereses laborales en escenarios de creciente complejidad económica y social.
La certificación del proceso por parte de la Secretaría de Trabajo y la presencia de veedores amplifican la formalidad del procedimiento y reducen el margen de cuestionamientos jurídicos o administrativos. Al mismo tiempo, la extensión temporal de los comicios responde a una realidad práctica: los yacimientos no son un único centro urbano con electorado concentrado, sino una red de sitios productivos que obligan a escalonar la votación para asegurar que quienes están en turno tengan la posibilidad de emitir su voto sin afectar la operativa minera.
Fuera del calendario estrictamente electoral, la intervención pública del secretario general subraya dos ejes que cruzan la agenda del sindicato: la preservación de la licencia social y la importancia de integrar a la comunidad en la hoja de ruta de la minería. En Calingasta —donde la disputa sobre accesos y puentes ha puesto en tensión el uso de infraestructura cercana a la villa cabecera— ASIJEMIN propone una lectura conciliadora: la minería debe avanzar “de la mano” con la sociedad local, priorizando soluciones que minimicen la conflictividad y maximicen oportunidades productivas y turísticas. En ese sentido, la sugerencia de evitar el uso de la actual entrada turística de la villa para tránsito pesado, proponiendo vías alternativas, es un ejemplo de propuesta técnica pensada para preservar tejido social y economías locales.
Relacionado con la dimensión productiva, la posibilidad de procesar mineral en la planta de Casposo fue explicitada como una alternativa para mejorar la integración de cadenas y dar valor agregado regionalmente. La propuesta implica desafíos técnicos, ambientales y de gobernanza: requerirá evaluaciones de impacto, acuerdos con comunidades, inversión y esquemas claros de responsabilidad social empresarial y sindical. Para ASIJEMIN esa apuesta combina la defensa del empleo y la promoción de actividad industrial en jurisdicciones que reclaman dinamismo económico, pero se la presentará siempre como compatible con exigencias de orden y mitigación ambiental para evitar fricciones que dañen la legitimidad de la minería.
El gremio de los jerárquicos mineros también se mantiene atento al escenario nacional más amplio: la posibilidad de una convocatoria de la CGT por parte del Gobierno para discutir políticas laborales aparece en el horizonte y, aunque hasta el momento no hubo una invitación formal, la Mesa sindical y las organizaciones mayoritarias monitorean la situación. La eventual participación de ASIJEMIN en mesas de coordinación intersindical sería coherente con su inserción en la mesa sindical nacional y con la necesidad de asegurar que las transformaciones del sector minero —fiscales, regulatorias y laborales— se discutan con voz organizada.
Desde una mirada crítica, el proceso electoral sindical y las declaraciones de su conducción plantean varias preguntas de fondo. La unidad expresada por una lista única puede ser leída como estabilidad y consenso, pero también como una oportunidad perdida para un debate plural que ponga en discusión estrategias frente a externalidades crecientes: economía regional, mitigación de impactos, reparto de beneficios y mecanismos de control ciudadano. Más aún, la gestión de la relación con comunidades como Calingasta requiere no sólo declaraciones de buena voluntad, sino institucionalidades concretas: mesas de diálogo permanentes, protocolos para obras de infraestructura, transparencia en los convenios de empleo local y auditorías independientes sobre efectos ambientales y sociales.
En términos prácticos, la elección será además un termómetro de gobernabilidad interna: un resultado favorable a la lista que encabeza Mena consolidará su capacidad de interlocución frente a empresas y gobierno; un resultado débil, aun con lista única, podría estimular reclamos por representatividad o activar espacios de negociación interna sobre prioridades. Para las comunidades, el desenlace sindical definirá cuánto peso tendrán los reclamos locales al momento de negociar inversiones, obras y planteos de infraestructura.
Finalmente, el rol de la Secretaría de Trabajo como garante técnico del proceso y la previsión de veedores confieren al comicio una transparencia formal que debería reducir conflictos post-electorales. Sin embargo, la verdadera prueba de la legitimidad sindical no termina en el escrutinio: empezará al día siguiente, cuando la conducción renovada deba demostrar capacidad para traducir la representación en políticas concretas que garanticen empleo de calidad, condiciones de seguridad y una minería que conserve —y no erosione— la licencia social que tanto subrayan sus dirigentes.
Las elecciones de ASIJEMIN, convocadas del 17 al 22 de noviembre, van más allá de la mera renovación de cargos: son una oportunidad para medir la fortaleza interna del sindicato, su legitimidad ante los trabajadores y su capacidad de liderazgo en una industria que exige equilibrio entre productividad y responsabilidad social. Con la lista única de Marcelo Mena en la cabecera, la contienda será tanto un plebiscito de confianza como el punto de partida para enfrentar desafíos concretos que demandan acuerdos técnicos, transparencia y diálogo permanente con las comunidades. El resultado, y sobre todo la gestión que le siga, definirá si la conducción se limita a administrar la estabilidad o si logra transformar esa estabilidad en políticas inclusivas que sostengan la minería como motor de desarrollo regional.