Fracaso del plan de empleo formal: más beneficios a empresarios, menos trabajadores registrados

El Régimen de Promoción del Empleo Registrado, lanzado hace un año con el objetivo de formalizar el trabajo y reducir la no registración, muestra resultados adversos. Los beneficios otorgados a los empleadores no se tradujeron en nuevos empleos formales: los asalariados registrados cayeron y el trabajo informal volvió a crecer. Mientras tanto, la crisis de ingresos y el endeudamiento de los hogares profundizan un cuadro de deterioro estructural del mercado laboral argentino.

El programa, uno de los pocos en los que la administración libertaria buscó tender puentes con el sector gremial, otorgó importantes beneficios fiscales y condonaciones a los empleadores que adhirieran al plan: extinción de acciones penales, perdón de multas y condonación de entre el 70% y el 90% de las deudas por aportes y contribuciones. Sin embargo, esa política de estímulos no solo no redujo la informalidad, sino que acentuó el fenómeno que pretendía resolver.

Los números detrás del fracaso

Los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) muestran que, entre diciembre de 2024 y julio de 2025, los asalariados privados registrados pasaron de 6.258.000 a 6.244.000, es decir, 14.000 empleos formales menos.

La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC ratifica la tendencia: en ese mismo período, la proporción de asalariados formales cayó del 63,9% al 62,3%, mientras que los informales aumentaron del 36,1% al 37,7%.

A la vez, el propio Ministerio de Capital Humano informó que solo 1.950 empleadores se acogieron al régimen, regularizando 16.703 puestos de trabajo, apenas el 0,26% del total de asalariados privados registrados. Una cifra marginal que exhibe el alcance limitado de una política que, según expertos laborales, terminó premiando la evasión.

“Dar beneficios a los empresarios no genera empleo de calidad, quedó demostrado”, señaló a Data Gremial un dirigente sindical con llegada a la CGT. “El único camino sostenible es fortalecer el mercado laboral y garantizar derechos”, añadió.

El trasfondo histórico de una deuda social

La informalidad laboral es una vieja deuda estructural de la economía argentina. En los últimos cuarenta años, pasó del 26,9% en 1986 al 49,4% en 2003, incluso durante períodos de desregulación y reformas laborales profundas —como las de los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa— que prometían reducir la informalidad mediante mayor “flexibilidad”.
Tras la crisis de 2001, el empleo formal se recuperó: la tasa de trabajo no registrado bajó al 32,5% en 2015 durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero el retroceso volvió con el macrismo y se agravó bajo la actual gestión.

El nuevo régimen, con su enfoque en beneficios empresariales, repitió los errores del pasado. Lejos de promover la registración, consolidó la precariedad. “Si este plan no funcionó, menos lo hará una reforma laboral más agresiva”, advirtió un especialista en derecho laboral consultado.

El Gobierno prepara ahora una nueva reforma laboral, que busca “facilitar la contratación formal”. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que los incentivos sin control ni obligaciones concretas tienden a precarizar aún más el mercado de trabajo.

Endeudamiento y deterioro social

El impacto del deterioro laboral trasciende los números del empleo. En un contexto de inflación persistente y caída real de los ingresos, crece el endeudamiento de los hogares como estrategia para llegar a fin de mes.

Según el informe del INDEC “Estrategias de manutención: cómo organizan su economía los hogares argentinos”, en el primer semestre de 2025:

37,4% de los hogares utilizó sus ahorros para gastos corrientes,

16,1% pidió dinero prestado a familiares o amigos,

14,2% recurrió a financieras, y

más de la mitad (50,9%) compró en cuotas o al fiado.

Además, un 9,3% de los hogares vendió bienes personales para cubrir necesidades básicas. En comparación con 2003, cuando solo el 22% compraba en cuotas y el 3,4% recurría a préstamos, el salto es significativo: una de cada cuatro familias hoy se endeuda, y entre los sectores de bajos ingresos, una de cada tres.

El estudio también marca diferencias por nivel socioeconómico: los hogares de ingresos altos se endeudan con bancos o tarjetas, mientras que los sectores populares lo hacen de manera informal, con familiares o prestamistas.
“Hay una caída sostenida de los ingresos reales y un aumento del financiamiento cotidiano, lo que muestra el agotamiento del modelo de supervivencia de los hogares”, concluye el informe del organismo.

Análisis: políticas sin efecto y una reforma en duda

El caso del Régimen de Promoción del Empleo Registrado se inscribe en una lógica que ha demostrado sus límites: incentivos al capital sin contrapartidas efectivas en creación de empleo.
A un año de su implementación, el balance es elocuente: los beneficios tributarios no se tradujeron en mayor formalidad ni en mejores condiciones laborales. Por el contrario, la brecha entre trabajadores registrados y no registrados se amplió.

La inminente reforma laboral que el Gobierno enviará al Congreso, envalentonado por el resultado electoral, promete “dinamizar el empleo formal” con herramientas similares. Pero el antecedente inmediato del régimen vigente pone en duda esa promesa.
“La reforma puede igualar las condiciones, pero hacia abajo. Si avanza, vamos a estar todos peor”, advirtió un referente gremial con tono de alarma.