Tras el aumento del 61%, el Gobierno abre sumarios a trabajadores del Garrahan y tensa el clima interno

Luego de meses de reclamos y de haber conseguido un aumento del 61%, los trabajadores del Hospital Garrahan denunciaron que el Gobierno inició sumarios disciplinarios contra los referentes del conflicto. Las sanciones alcanzan a Norma Lezana y a otros profesionales de la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), acusados de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación”. El gremio calificó la medida como “una represalia ridícula e infundada” y convocó a un Cabildo Abierto en defensa del hospital público.

Cuando parecía que el largo conflicto salarial del Hospital Garrahan comenzaba a cerrarse, una nueva decisión oficial volvió a encender las tensiones.
Los trabajadores, nucleados en la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), denunciaron que el interventor designado por el Ministerio de Salud de la Nación, Mariano Pirozzo, inició sumarios disciplinarios contra los referentes gremiales que encabezaron las protestas, entre ellos Norma Lezana, histórica dirigente del hospital.

Las notificaciones acusan a los profesionales de “coacción, resistencia a la autoridad y usurpación” por las medidas de fuerza realizadas durante el conflicto que derivó, finalmente, en un aumento salarial del 61%.
Desde la APyT consideraron las sanciones como un acto de persecución política y gremial, destinado a disciplinar a quienes protagonizaron la lucha por recomponer los sueldos y defender las condiciones laborales.

“Nos acusan casi de terroristas por reclamar ser recibidos por la dirección del hospital”, señaló Lezana, al calificar los sumarios como “ridículos, infundados e insólitos”.
La dirigente sostuvo que los trabajadores responderán “en todos los terrenos: administrativo, judicial y apelando a la solidaridad social que permitió visibilizar nuestro reclamo durante todo este tiempo”.

El foco de las críticas apunta directamente a Pirozzo, designado por el ministro de Salud, Mario Lugones, a quien el gremio señala como un funcionario sin trayectoria en el ámbito de la pediatría pública. “Este personaje, formado en la Universidad Maimónides y entrenado en el Hospital Militar Cosme Argerich, jamás recibió a los representantes gremiales durante los meses de conflicto”, remarcaron desde la asociación.

Lezana fue aún más contundente: “De Lugones y Pirozzo esperamos cualquier cosa. Haber tenido que reconocer, después de negarlo durante casi un año, que nuestros reclamos eran válidos, ahora se complementa con esta represalia increíble. Si creen que nos van a intimidar, demuestran que no entendieron nada”.

La dirigente recordó que el conflicto por recomposición salarial y condiciones laborales provocó más de 300 renuncias de profesionales calificados, situación que —dijo— “evidencia el vaciamiento del sistema de salud pública y el desinterés por sostener el hospital de referencia pediátrica más importante del país”.
“Si hubo violencia en este conflicto, fue la del ministro-empresario y del interventor que desconocen la pediatría pública. Nuestra lucha fue por cuidar al hospital, no por dañarlo”, añadió.

Una nueva jornada de protesta

Como respuesta a las sanciones, la APyT convocó a un Cabildo Abierto de Organizaciones y Familiares para este jueves 13 de noviembre a las 16, dentro del predio del hospital.
El encuentro contará con la participación de organizaciones de la salud, del movimiento por la discapacidad, de la universidad pública, jubilados, colectivos feministas, organismos de derechos humanos y sindicatos solidarios.

Durante la actividad se debatirán los pasos a seguir frente a los sumarios y se analizarán acciones conjuntas contra las políticas de ajuste del Gobierno nacional, incluyendo los proyectos de reforma laboral y previsional que preocupan a los gremios.
“El ataque contra los voceros del movimiento en defensa del Garrahan busca allanar el terreno para nuevos embates. Pero no nos van a callar”, concluyó Lezana.

El conflicto del Garrahan, lejos de cerrarse con el acuerdo salarial, entra ahora en una nueva fase marcada por la confrontación política y gremial.
Las sanciones a los trabajadores abren un frente sensible dentro del sistema de salud pública, donde la tirantez entre las autoridades y el personal sanitario se reaviva bajo un clima de desconfianza y malestar.

El hospital insignia de la pediatría argentina, símbolo de atención pública de excelencia, vuelve a quedar en el centro de la escena. Y con él, una pregunta de fondo:
¿puede sostenerse un sistema sanitario de calidad cuando quienes lo sostienen son perseguidos por defenderlo?