Gobernadores dividen posiciones ante la reforma laboral y el sindicalismo pierde peso en el Congreso

Mientras la CGT y las dos CTA expresan su rechazo, el Gobierno de Javier Milei acelera el debate por la reforma laboral, que se discutirá tras la renovación legislativa del 10 de diciembre. El proyecto, que busca “modernizar las normas de trabajo”, ya divide aguas entre los gobernadores, incluidos varios del peronismo. Con el sindicalismo en franca minoría parlamentaria, el Ejecutivo se encamina a un debate con correlación de fuerzas favorable.

La discusión sobre la flexibilización laboral avanza por distintos frentes: el Consejo de Mayo, las legislaturas provinciales y el Congreso de la Nación, donde el oficialismo presentará formalmente su proyecto una vez renovadas las bancas legislativas. La iniciativa, que promete ser uno de los ejes centrales del programa económico del gobierno de Javier Milei, ya despertó reacciones encontradas tanto en el sindicalismo como entre los mandatarios provinciales.

Desde las principales organizaciones gremiales —la Confederación General del Trabajo (CGT) y las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma)— la postura fue inmediata: rechazo total a cualquier intento de ampliar la jornada laboral o flexibilizar derechos adquiridos. Pero el debate se trasladó a las provincias, donde la posición de los gobernadores será determinante, tanto en términos políticos como en el comportamiento de sus bloques en el Congreso.

Desde la Provincia de Buenos Aires, el gobierno de Axel Kicillof salió a marcar diferencias con dureza. Su ministro de Trabajo, Walter Correa, calificó el proyecto de Milei como “fuera de época” y remarcó que “lo que hoy se discute en el mundo es la reducción de la jornada laboral, no su ampliación a 12 o 13 horas diarias”. La postura bonaerense busca marcar un límite político y simbólico frente al avance de un modelo que considera regresivo en materia de derechos laborales.

Sin embargo, el rechazo no es unánime dentro del peronismo. Dos gobernadores de esa extracción, Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca), salieron públicamente a respaldar la necesidad de una actualización normativa.

Jaldo, que ya acompañó con votos legislativos varias iniciativas del oficialismo, sostuvo que “las normas laborales deben modernizarse porque la tecnología avanzó y la realidad productiva cambió”. Aclaró que “no se trata de quitar derechos, sino de adaptarlos a los tiempos actuales” y que los “derechos adquiridos no se tocan”, una línea discursiva que busca equilibrar pragmatismo político y resguardo simbólico del legado justicialista.

En sintonía, Jalil planteó que una reforma podría ser “una herramienta para promover la inversión y el empleo”, sumándose a un grupo de mandatarios que ven en el debate una oportunidad para atraer capital y reactivar economías provinciales golpeadas.

El respaldo también se extiende a gobernadores de otras fuerzas políticas. El radical Maximiliano Pullaro (Santa Fe) valoró el “cambio de actitud del Gobierno tras las elecciones” y se comprometió a trabajar “en unidad para sacar el país adelante”, siempre que las reformas “sirvan para impulsar la producción y formalizar el empleo”.

Su correligionario cordobés, Martín Llaryora, reclamó que el nuevo clima de diálogo “incluya a los gobernadores, la industria y las instituciones representativas del trabajo y la producción”, advirtiendo sobre los riesgos de un debate cerrado entre tecnócratas y despachos nacionales.

Entre los apoyos previsibles también figuran el sanjuanino Marcelo Orrego (Producción y Trabajo), el entrerriano Rogelio Frigerio (PRO) y el salteño Gustavo Sáenz (Identidad Salteña), quienes manifestaron su disposición a acompañar los proyectos del Ejecutivo en nombre de la gobernabilidad y la competitividad regional.

El mapa político que se configura anticipa un Congreso favorable al oficialismo, especialmente tras la renovación legislativa del 10 de diciembre, que dejará a las fuerzas opositoras tradicionales con menor representación sindical. En la nueva composición, el bloque gremial se reduce a figuras como Sergio Palazzo (La Bancaria), Hugo Yasky (docentes), Vanesa Siley (judiciales) y el ingreso de Hugo Moyano (h.), abogado del sindicato de Camioneros. La izquierda, en tanto, perdió una banca, acentuando el desequilibrio.

La reforma laboral que promueve el Gobierno de Milei abre un debate que excede el plano técnico y toca el núcleo del modelo de relaciones laborales argentino. Mientras el sindicalismo resiste y los gobernadores miden costos y beneficios, el oficialismo aprovecha su nuevo peso parlamentario y un contexto económico adverso para instalar la idea de “modernización” como sinónimo de competitividad.

Pero más allá de los discursos, el desafío político será definir si esa modernización implica una actualización equilibrada de derechos o una reconfiguración estructural del trabajo que modifique la relación histórica entre el capital y el movimiento obrero.