La CGT advierte una “guerra abierta” con el Ejecutivo por los cambios en la legislación laboral

La relación entre la Confederación General del Trabajo (CGT) y el Gobierno nacional atraviesa su punto de máxima tensión. Tras el contundente triunfo electoral del oficialismo en los comicios legislativos, la Casa Rosada decidió reinstalar la reforma laboral como eje prioritario de su agenda parlamentaria. En respuesta, la central obrera comenzó a reorganizar sus fuerzas internas y a delinear una estrategia de resistencia sindical, política y judicial.

Durante la semana posterior a las elecciones, el clima en la dirigencia gremial osciló entre el estupor y la preocupación. Pese a los escándalos de campaña —como la vinculación del primer candidato bonaerense de La Libertad Avanza con causas judiciales por narcotráfico—, el Gobierno logró un respaldo suficiente para transformar una crisis en oportunidad política. De inmediato, los principales voceros libertarios anunciaron que la reforma laboral regresará al Congreso con impulso renovado, esta vez con mayor poder parlamentario.

En los pasillos de Azopardo, sede histórica de la CGT, se habló abiertamente de “una guerra abierta”. La conducción gremial considera que el Gobierno intentará avanzar sobre derechos laborales básicos, amparado en los resultados electorales. La comparación con el frustrado DNU 70 y la Ley Bases fue inmediata: los proyectos que la CGT logró frenar judicialmente ahora vuelven con otro marco político, pero con la misma orientación.

Reunión en la UOCRA: diagnóstico y estrategia

El jueves, en la sede de la UOCRA, la mesa chica ampliada de la CGT se reunió por primera vez tras los comicios para analizar el nuevo escenario. El anfitrión, Gerardo Martínez, ofició de moderador y expuso la preocupación por lo que denominó “una embestida regresiva”.

El encuentro buscó unificar la respuesta sindical frente a las versiones que anticipan un nuevo techo salarial, condiciones flexibles de contratación y mayor libertad para despidos. La cumbre culminó con un documento interno en el que se ratificó que la central “se opondrá a toda iniciativa que elimine derechos conquistados”.

Voceros sindicales consultados por Data Gremial señalaron que la estrategia incluirá acciones judiciales, articulación legislativa y eventuales movilizaciones. Además, se reforzará el diálogo con las regionales del interior, que ya demostraron su eficacia en la batalla por la Ley Bases, cuando lograron persuadir a varios legisladores provinciales de votar en contra.

Pero esta vez, reconocen, el desafío será mayor. En la Casa Rosada se prepara una ofensiva política y mediática para intentar dividir la resistencia sindical, y ya se detectaron señales de presión económica: el congelamiento de 60 mil millones de pesos comprometidos con las obras sociales sindicales. Esos fondos, parte de un fideicomiso creado en 2016, habrían sido retenidos como herramienta de negociación.

Las armas del Gobierno

Mientras los gremios afinan su modo resistencia, el Gobierno avanza con su propio plan. El presidente Javier Milei se reunió esta semana con gobernadores aliados para coordinar el tratamiento legislativo de la reforma. En el corazón del proyecto reaparecen figuras centrales del equipo desregulador, encabezadas por Federico Sturzenegger, que ya confirmó que el texto retomará los ejes del DNU 70.

Entre los puntos más controvertidos figuran el fin de la ultraactividad de los convenios colectivos, la posibilidad de acuerdos por empresa —que pasarían a funcionar como techo y no como piso de condiciones— y la eliminación de la cuota solidaria sindical, aporte que realizan los trabajadores no afiliados y que constituye una de las principales fuentes de financiamiento de los gremios.

El Ejecutivo argumenta que estos cambios son “modernizaciones necesarias”, mientras desde la CGT denuncian que se trata de un intento deliberado de desfinanciar a las organizaciones sindicales y debilitar su capacidad de negociación. En los despachos libertarios, ya circulan documentos que exhiben los montos que recaudan sindicatos como Camioneros o Comercio, con el claro objetivo de instalar el tema en la opinión pública y ganar apoyo mediático.

El peso de las internas

En paralelo, la CGT enfrenta dos disputas internas simultáneas: la renovación de su conducción y la crisis del peronismo tras la derrota electoral.

En el plano político, los dichos de Héctor Daer criticando a Cristina Fernández de Kirchner por su actitud el día de los comicios profundizaron las diferencias entre los sectores más dialoguistas y los que aún orbitan alrededor del kirchnerismo. “No estamos llegando a la gente. Hace falta una profunda autocrítica”, confió una fuente cercana a la conducción.

En lo interno, la central se encamina a elegir en noviembre un nuevo triunvirato conformado por Jorge Sola (Seguro), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Maia Volcovinsky (Judiciales). Sin embargo, los sectores combativos cuestionan la fórmula por falta de representación propia y amenazan con romper si no se los incluye. Nadie, por ahora, quiere cargar con la responsabilidad de una fractura.

El tablero sindical y político argentino se encamina hacia una confrontación decisiva. El Gobierno libertario, envalentonado por las urnas, busca consolidar su proyecto de desregulación laboral; la CGT, debilitada por internas pero todavía influyente, intenta articular una resistencia que preserve los pilares del derecho del trabajo.

La batalla por la reforma laboral promete ser una prueba de fuerza institucional: pondrá en juego la capacidad de diálogo, la cohesión del movimiento obrero y la verdadera extensión del poder político del oficialismo. En el horizonte inmediato, se perfila un escenario de presión creciente donde cada movimiento tendrá impacto estructural en el futuro del trabajo en la Argentina.