Las universidades públicas acuden a la Justicia y acusan al Ejecutivo de incumplir la ley votada por el Congreso

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) resolvió por unanimidad iniciar acciones judiciales contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, vetada parcialmente por el presidente Javier Milei y suspendida mediante decreto. En un plenario extraordinario realizado en la Facultad de Derecho de la UBA, las rectoras y rectores reclamaron respeto por la división de poderes y advirtieron sobre el impacto que la decisión oficial tiene en la sustentabilidad del sistema universitario.

Las universidades nacionales dieron un paso histórico en defensa de su autonomía y del sistema público de educación superior. En una reunión extraordinaria del Plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), celebrada en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, se resolvió por unanimidad presentar una acción judicial contra el Gobierno nacional por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El conflicto se originó tras el veto presidencial que Javier Milei aplicó sobre la norma aprobada por el Congreso en agosto y ratificada por la oposición el 2 de octubre. Aunque la ley fue promulgada formalmente, su aplicación quedó suspendida mediante decreto, una medida que —según el sistema universitario— vulnera la Constitución Nacional al desconocer la potestad del Poder Legislativo.

“Cuarenta años después del primer plenario del CIN, nos volvemos a reunir en la UBA y esta vez para exigir el cumplimiento de la ley y el respeto al sistema republicano”, expresó el presidente del Consejo, Oscar Alpa, al abrir la sesión.

“Un decreto no puede suspender una ley”

Durante el encuentro, la posición de las universidades fue unánime. El decano de Derecho de la UBA, Leandro Vergara, fue categórico: “Un decreto no puede suspender una ley”. En la misma línea, el vicepresidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, advirtió que “es grave para la institucionalidad democrática del país que se naturalice el incumplimiento de la ley, más aún cuando se trata de normas con amplia legitimidad social, institucional y política”.

La decisión de acudir a la Justicia, afirmaron los rectores, responde a la necesidad de “garantizar la vigencia del Estado de Derecho y la estabilidad de las universidades públicas frente a medidas discrecionales del Poder Ejecutivo”.

“Hemos sido muy responsables y serios priorizando siempre los caminos institucionales para reclamar una respuesta, y corresponde ahora recurrir a la Justicia para garantizar el cumplimiento de la ley”, enfatizó Bartolacci.

Un reclamo que trasciende lo presupuestario

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada con amplio consenso parlamentario, garantiza una actualización automática de los fondos destinados a las universidades nacionales, así como la recomposición salarial del personal docente y no docente. La suspensión de su aplicación, argumentan los rectores, “pone en riesgo la continuidad de funciones básicas de enseñanza, investigación y extensión”, en un contexto en el que varias instituciones ya enfrentan dificultades para cubrir gastos operativos.

Además de la acción judicial, el CIN resolvió elevar un pedido formal al Congreso Nacional para que el Presupuesto 2026 incorpore como base los recursos previstos en la ley vetada. “El sistema universitario necesita previsibilidad y respeto institucional”, insistieron los rectores, al tiempo que destacaron que la autonomía universitaria “no puede ser vulnerada por decisiones administrativas de carácter político o coyuntural”.

Contexto político y tensiones institucionales

El enfrentamiento entre el Gobierno y las universidades públicas se enmarca en un clima de tensión creciente entre el Poder Ejecutivo y distintos sectores del sistema educativo. Desde su llegada a la Casa Rosada, Milei y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, han cuestionado los niveles de gasto del sistema universitario y la supuesta “politización” de las casas de estudio.

Sin embargo, las universidades replican que el incumplimiento de la ley de financiamiento representa un golpe directo a la autonomía académica y al federalismo educativo, al dejar a las instituciones sin recursos suficientes para sostener sus programas.

En ese contexto, el pronunciamiento del CIN no sólo tiene peso jurídico, sino también político: marca una posición unificada del sistema universitario frente al Poder Ejecutivo, que por primera vez desde el retorno democrático enfrenta una acción judicial colectiva de las universidades públicas.