UATRE San Juan reclama la prórroga del decreto 514/21 y alerta por el riesgo de pérdida de empleos rurales

El secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en San Juan, Miguel Agüero, advirtió que la falta de prórroga del decreto 514/2021 —que permite compatibilizar planes sociales con empleo registrado— pone en riesgo la formalidad laboral de miles de trabajadores rurales. Además, denunció la existencia de casos de trabajo no registrado y pagos por debajo del salario convenido.

En un momento de incertidumbre económica y social que golpea con fuerza al interior del país, el gremio rural UATRE encendió una señal de alarma. La organización reclama la urgente extensión del decreto 514/21, una norma clave que permitió durante los últimos cuatro años que beneficiarios de programas sociales pudieran acceder a empleos temporarios registrados sin perder sus beneficios estatales.

“El decreto perdió vigencia el 30 de septiembre y eso genera un perjuicio enorme”, explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ. Según precisó, la medida impacta directamente sobre unas 120.000 familias rurales en todo el país, que durante este período pudieron trabajar formalmente, acceder a salarios dignos y a la cobertura social correspondiente.

El dirigente sostuvo que la compatibilidad entre trabajo y asistencia “fue una herramienta fundamental para combatir la informalidad, el trabajo infantil y las condiciones precarias que persisten en el campo”. En ese sentido, destacó que “el decreto 514/21 permitió registrar a miles de trabajadores y mejorar el control sobre la actividad rural, garantizando derechos básicos que durante años fueron postergados”.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) también se hizo eco del reclamo. Según informó el gremialista, el presidente del Secretariado Nacional de UATRE, José Voytenco, mantuvo reuniones con representantes del organismo internacional para exponer la situación y solicitar apoyo frente a la falta de respuesta del Gobierno nacional. “El Ejecutivo no está dimensionando la importancia que tiene esta herramienta para el sostenimiento del empleo rural”, subrayó Agüero.

La preocupación gremial no es solo por los trabajadores. El propio dirigente advirtió que los productores también se verán afectados si no se restablece la medida: “Los costos laborales se encarecerán, y muchos empleadores se verán tentados a recurrir nuevamente a la informalidad o incluso a mano de obra externa. Es una situación regresiva que perjudica a toda la cadena productiva”.

Fiscalizaciones y trabajo no registrado

A la par del reclamo formal, UATRE San Juan continúa con los operativos de fiscalización en distintos departamentos de la provincia. Durante la última semana, el gremio detectó entre 14 y 15 trabajadores sin registrar en el sector pistachero. “Nos encontramos con casos de jóvenes que cobran la mitad de lo que establece el convenio. En octubre el jornal diario debía ser de $41.210, pero algunos recibían apenas $20.000”, detalló Agüero.

El sindicalista relató además que muchos de esos trabajadores se niegan a brindar sus datos por temor a perder los beneficios de sus planes sociales, lo que evidencia el vacío legal dejado por la falta de prórroga del decreto. “La gente está informada, sabe que el decreto venció, y eso genera miedo. El empleador se aprovecha de esa situación y paga menos, mientras el trabajador queda sin protección”, denunció.

Las inspecciones se realizan junto al RENATRE (Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores), aunque Agüero reclamó una participación más activa de la Nación y de la Provincia. “Las fiscalizaciones buscan asegurar el cumplimiento de la ley laboral, detectar irregularidades y proteger a los trabajadores. Es fundamental que los organismos públicos acompañen este esfuerzo”, remarcó.

La pérdida de vigencia del decreto 514/21 expone una frágil estructura laboral en el corazón productivo del país. Lo que para muchos fue una herramienta transitoria se consolidó en la práctica como un mecanismo esencial para sostener la formalidad y la inclusión en el ámbito rural. Su ausencia no solo amenaza los ingresos de miles de familias, sino que también profundiza la brecha entre el trabajo registrado y la economía informal.

Desde UATRE, la advertencia es clara: sin una prórroga inmediata, la Argentina corre el riesgo de retroceder en derechos laborales que costaron décadas en consolidarse. En un escenario donde la pobreza y la precariedad se expanden, la formalización del trabajo rural no puede quedar sujeta a la desidia burocrática. La compatibilidad entre empleo y asistencia no es una concesión, sino una política de Estado indispensable para garantizar dignidad en el campo argentino.