San Juan se planta ante Nación por la Zona Fría: una declaración simbólica pero políticamente potente

Con una amplia mayoría, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó una declaración de rechazo a la eliminación del beneficio de Zona Fría en las tarifas de gas. Aunque la medida no tiene efecto vinculante sobre Nación, marca una posición política fuerte frente al proyecto de Presupuesto 2026, que busca derogar la ampliación del régimen.

Durante una sesión especial celebrada este miércoles 15 de octubre, la Legislatura de San Juan protagonizó una de las pocas escenas de unidad política en tiempos de polarización. Con 34 votos afirmativos y uno en contra, correspondiente al único legislador libertario, el cuerpo aprobó una Declaración de rechazo ante la posibilidad de que el Gobierno nacional elimine los beneficios tarifarios de Zona Fría, contemplados en la Ley N.º 27.637.

El pronunciamiento no tiene efectos legales sobre el Ejecutivo nacional ni implica una directriz hacia el Congreso, pero funciona como un gesto institucional contundente. La Cámara de Diputados provincial busca dejar constancia de la preocupación local por la eventual quita de un beneficio que alcanza a más de 120.000 usuarios sanjuaninos, que pagan entre 30 y 50% menos en su factura de gas gracias al esquema vigente.

La posición adoptada en la provincia llega en un momento clave: el proyecto de Presupuesto 2026 enviado por el Gobierno de Javier Milei incluye un artículo que deroga la ampliación de la Zona Fría, incorporada en 2021 durante la gestión de Alberto Fernández. Si ese artículo prosperara, el beneficio se limitaría nuevamente a la Patagonia, La Puna y Malargüe, dejando afuera a provincias como San Juan, Mendoza, La Pampa, Tucumán y parte de Buenos Aires.

La Unión de Usuarios y Consumidores, a través de su titular Claudio Boada, advirtió que la eliminación de la ampliación carece de sustento económico, ya que el subsidio no depende del Tesoro nacional, sino de un aporte solidario de 6,8% que pagan todos los usuarios del país. “No afecta al déficit cero, que es el principal argumento del Gobierno. Lo financian los propios consumidores”, remarcó Boada, en alusión al plan de ajuste fiscal que sostiene la administración libertaria.

Las organizaciones de consumidores y distintos intendentes de las regiones afectadas advirtieron que la medida duplicaría las tarifas y restringiría el poder adquisitivo de comunidades enteras, generando un efecto regresivo en economías locales como las de Azul, Olavarría o Jáchal.

En San Juan, el rechazo legislativo implica ahora un mandato político a los diputados nacionales de los bloques Producción y Trabajo y Unión por la Patria, quienes deberán trasladar la postura provincial a la Cámara baja del Congreso. Allí se espera que la discusión se concentre en las comisiones de Presupuesto y Energía, donde los sectores opositores intentarán eliminar el artículo que deroga la ampliación.

Un reclamo simbólico que tensiona la relación Nación–Provincia

Aunque la declaración de la Legislatura no tiene efectos normativos, su peso político es evidente. Representa una posición unificada de casi todo el arco sanjuanino frente a una medida percibida como injusta y centralista. También anticipa una pulseada entre las provincias cordilleranas y el Gobierno nacional, en un contexto de fuertes ajustes sobre subsidios y transferencias.

De fondo, lo que está en discusión no es solo una tarifa, sino el modelo de federalismo fiscal que Milei pretende imponer. San Juan, al igual que otras jurisdicciones afectadas, defiende la idea de que el costo energético debe contemplar las condiciones climáticas y socioeconómicas de cada región.

En ese sentido, la sesión legislativa de este miércoles 15 de octubre fue más que un gesto administrativo: fue una señal política hacia Buenos Aires, una advertencia de que el ajuste no puede avanzar a costa del interior productivo.