Docentes universitarios se suman al paro nacional y exigen cumplir con la Ley de Financiamiento

El paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) encontró fuerte adhesión en el sector universitario. Los gremios académicos denuncian una pérdida del 40% del poder adquisitivo y la parálisis de las negociaciones salariales desde septiembre del año pasado. La falta de actualización del financiamiento universitario y el incumplimiento del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) agravan un conflicto que amenaza con prolongarse.

La educación argentina atraviesa uno de los momentos más críticos de los últimos tiempos. Este martes, escuelas y universidades de todo el país se paralizan en el marco de una huelga nacional docente que, más allá de las cifras y consignas, expresa un profundo malestar estructural. El detonante es la caída sostenida del salario real y la ausencia de respuestas del Gobierno nacional ante los reclamos docentes.

La medida de fuerza, impulsada por la CTERA, encontró eco inmediato en el frente universitario. En San Juan, el gremio ADICUS —que representa a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de San Juan— confirmó su adhesión total. Su secretario general, Jaime Barcelona, fue claro: “Hace más de un año que el Ministerio no convoca a paritarias. Las universidades están funcionando con presupuestos reconducidos y sueldos licuados por la inflación”.

El reclamo excede la cuestión salarial inmediata. Los sindicatos docentes universitarios advierten que el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) permanece congelado y que el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario está afectando no solo los salarios sino también las condiciones mínimas de funcionamiento. En algunos casos, las universidades enfrentan dificultades para sostener servicios básicos, mantenimiento edilicio o programas de extensión.

En lo económico, la pérdida de poder adquisitivo de los docentes ronda el 40% interanual, según estimaciones gremiales y estudios independientes. La inflación acumulada en el último año superó el 180%, mientras que los incrementos salariales apenas alcanzaron la mitad. “Estamos frente a un proceso de deterioro que no solo empobrece a los docentes, sino que desmantela la universidad pública como espacio de conocimiento y movilidad social”, sostuvo el dirigente de Adicus.

El conflicto también tiene una dimensión simbólica: la universidad pública, históricamente reconocida por su excelencia y gratuidad, se ve hoy tensionada por políticas de ajuste que contradicen la tradición de inversión en educación superior. La falta de convocatoria a diálogo por parte del Gobierno nacional acentúa la confrontación. La comunidad universitaria denuncia un retroceso en derechos adquiridos y un desinterés estatal que pone en riesgo la continuidad de proyectos científicos y académicos.

En San Juan, al igual que en otras provincias, se espera un alto acatamiento al paro. No habrá clases en las facultades, y las actividades de investigación y extensión también se verán suspendidas. Desde los gremios docentes destacan que el conflicto “no es solo salarial, sino de supervivencia del sistema universitario público”.

El paro nacional docente reabre un debate profundo sobre el lugar que ocupa la educación —y en particular la universidad pública— en la agenda de prioridades del Estado. Más allá de la coyuntura salarial, la discusión interpela el modelo de país: uno que concibe la educación como gasto o como inversión estratégica.

Si el Gobierno persiste en la inacción, el conflicto tenderá a prolongarse y radicalizarse. La docencia universitaria, que durante décadas fue símbolo de excelencia y compromiso público, enfrenta hoy la disyuntiva entre resistir o desintegrarse en la precariedad. La respuesta oficial a esta huelga marcará no solo el rumbo de la negociación paritaria, sino el futuro inmediato del sistema educativo argentino.