San Juan unido para sostener el beneficio de gas que Milei pretende borrar del mapa

Legisladores sanjuaninos de todos los espacios políticos se unieron para defender el régimen de Zona Fría, un beneficio que reduce las tarifas de gas y que el Gobierno nacional busca eliminar en el Presupuesto 2026. La medida, impulsada por Javier Milei, carece de sustento fiscal: el fondo se financia con aportes de los propios usuarios. La decisión abriría una nueva grieta social en provincias donde el invierno se traduce en pobreza energética.

En una escena poco habitual, oficialistas, peronistas y libertarios coincidieron en un mismo reclamo: frenar la eliminación del Régimen de Zona Fría. La Legislatura de San Juan fue este lunes el escenario de un acuerdo transversal donde confluyeron representantes de todas las bancadas provinciales. El objetivo fue contundente: exigir que la Nación mantenga un beneficio que hoy ampara a más de 120.000 usuarios sanjuaninos con descuentos de entre 30% y 50% en sus boletas de gas.

El vicegobernador Fabián Martín fue categórico al recordar que “la Nación no pone un peso”. El subsidio —recordó— se financia a través de un fideicomiso alimentado por un aporte del 6% que realizan el resto de los consumidores del país, por lo que su continuidad no impacta en las cuentas públicas. “Si se elimina, se castiga a los hogares que más lo necesitan, y no se ahorra nada”, sentenció.

La reunión fue acompañada por un consenso inusual: giojistas, uñaquistas, orreguistas y hasta referentes de La Libertad Avanza acordaron pedir que el Congreso excluya del Presupuesto 2026 el artículo que deroga la ley sancionada en 2021. Según los legisladores, si la norma cae, el aumento para los hogares alcanzaría el 100%. A nivel nacional, el beneficio cubre a 14 provincias, entre ellas Mendoza, Buenos Aires, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

Pero mientras los legisladores provinciales intentan blindar el régimen, en Buenos Aires y en la Cámara baja nacional crece el malestar. Intendentes como Nelson Sombra (Azul) y Maximiliano Wesner (Olavarría) viajaron al Congreso para denunciar que el recorte propuesto por Milei no tiene justificación económica ni climática. “No es un subsidio fiscal. Es un fondo compensador que garantiza equidad térmica en el país más austral del mundo”, explicó Sombra, quien recordó que su distrito llegó a registrar temperaturas más bajas que Tierra del Fuego.

El diputado peronista Walberto Allende, impulsor original de la inclusión de San Juan en la Zona Fría, fue más allá: habló de un intento de “vaciamiento institucional del fondo”. Según detalló, la reforma presupuestaria elimina la garantía legal y deroga los artículos que obligaban a mantener el recargo del 7,5% sobre el gas exportado, uno de los pilares del financiamiento. “En síntesis: se vacía el fondo y se deja todo a discreción del Ejecutivo”, resumió.

La consecuencia sería devastadora para miles de familias. En Azul, por ejemplo, 450 millones de pesos trimestrales dejan de salir de los bolsillos de los vecinos gracias al descuento, recursos que luego se vuelcan al consumo local. “Quitar el beneficio no sólo enfría los hogares, también congela la economía”, analizó Sombra.

Paradójicamente, el Gobierno que proclama el “federalismo fiscal” avanza en decisiones que castigan a los territorios más vulnerables. Lo hace con una lógica de ajuste lineal, sin medir el impacto social ni regional de las medidas. Aún más contradictorio: se trata de un fondo autosustentado, cuya eliminación no genera ahorro alguno pero sí pérdidas concretas en calidad de vida y actividad económica.

Mientras tanto, la resistencia crece. En los concejos deliberantes bonaerenses, incluso en municipios gobernados por La Libertad Avanza, se discuten resoluciones para exigir que el artículo 72 del Presupuesto 2026 sea retirado. Otros, como Capitán Sarmiento, se niegan a acompañar la protesta, dejando en evidencia el quiebre interno del oficialismo.

En paralelo, los beneficiarios del Programa Hogar —que subsidia el gas en garrafas— también sufren la poda: hoy reciben apenas 1.500 pesos por garrafa, cuando su costo real ronda los 15 mil. El subsidio energético, antes una herramienta de equidad territorial, se desdibuja en un ajuste sin brújula.

La eliminación del Régimen de Zona Fría no es un ahorro: es una decisión ideológica. Un símbolo más de un modelo que confunde gasto con inversión y equidad con privilegio. San Juan, Azul, Olavarría y decenas de municipios enfrentan hoy el costo de una política que rompe consensos y desconoce realidades térmicas, geográficas y sociales.

En nombre del “orden fiscal”, el Gobierno avanza sobre un derecho básico: no pasar frío. Y lo hace con una frialdad que ni el invierno más riguroso podría justificar.