El gobierno eliminó la equiparación de los salarios de trabajadores estatales de planta y contratados

El Gobierno derogó una decisión administrativa de 2004 que garantizaba paridad salarial en la administración pública. La medida habilita diferencias entre empleados del mismo organismo y profundiza la pérdida de poder adquisitivo del sector.

El Gobierno de Javier Milei derogó una norma que, durante más de dos décadas, había garantizado la equiparación salarial entre los trabajadores contratados y los de planta permanente del Estado. La medida, formalizada a través de la Decisión Administrativa 26/2025, lleva las firmas del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y fue publicada este lunes en el Boletín Oficial.

El texto oficial anula la Decisión Administrativa N° 3/2004, vigente desde el gobierno de Néstor Kirchner, que establecía que los empleados contratados bajo el régimen del artículo 9 de la Ley Marco de Empleo Público debían percibir remuneraciones equivalentes a las de la planta permanente, ajustadas según categoría y carga horaria. La disposición de 2004 había sido una conquista histórica en materia de igualdad laboral dentro del sector público, y su eliminación deja sin referencia salarial a miles de agentes del Estado.

La nueva resolución sostiene que “la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública se encuentra efectuando una revisión integral de la normativa aplicable a la materia de contrataciones de personal, con la finalidad de optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión pública”. No obstante, la norma no presenta un reemplazo ni detalla nuevos criterios para determinar los haberes de los contratados, lo que, en la práctica, habilita discrecionalidad salarial entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.

Una medida en línea con el ajuste

Aunque el texto oficial invoca razones administrativas, la decisión se inscribe en la lógica de ajuste estructural que caracteriza a la gestión de Milei. Desde su llegada al gobierno, los salarios estatales fueron uno de los ejes del recorte del gasto público: congelamientos, despidos y reestructuraciones impactaron sobre el empleo y el poder adquisitivo del sector.

De acuerdo con estimaciones de ATE Nacional, los trabajadores públicos perdieron 19,4% de su salario real promedio desde diciembre de 2023, aunque la cifra se eleva por encima del 40% si se compara con la evolución de precios de servicios básicos, alquileres y educación. En ese contexto, la derogación de la norma de 2004 aparece como un nuevo paso en la desigualación interna del empleo estatal, al romper la paridad entre quienes están bajo contrato y quienes integran la planta permanente.

Fuentes gremiales consultadas advirtieron que la medida “abre la puerta a una precarización más profunda”, y señalaron que miles de trabajadores contratados —muchos con más de diez años de antigüedad— podrían quedar ahora con ingresos sensiblemente inferiores a los de sus pares estables. “Es el modelo Milei aplicado a la administración pública: desregular, licuar y desarmar derechos”, definió un dirigente de ATE.

Contexto político y proyección

La firma de Federico Sturzenegger en la resolución no pasó inadvertida. Desde su designación como ministro de Desregulación, el economista promovió la eliminación de decenas de resoluciones y decretos históricos que, en su visión, “rigidizan” el funcionamiento del Estado. Entre ellos, medidas vinculadas a la negociación colectiva, las empresas públicas y las estructuras administrativas.

Con esta decisión, el Ejecutivo continúa su ofensiva sobre el empleo estatal, en paralelo con los recortes presupuestarios, los retiros voluntarios y las restricciones salariales en todo el sector público nacional. Para los gremios, se trata de un ataque directo al principio de igualdad de trato que rige en la administración pública y que había sido uno de los pilares del sistema estatal desde comienzos de los 2000.

La derogación de la Decisión Administrativa 3/2004 marca un punto de inflexión en la política laboral del Gobierno: rompe una norma de equilibrio interno y consolida la brecha entre los distintos regímenes de contratación del Estado. Bajo el argumento de la “modernización administrativa”, la medida refuerza el sesgo de ajuste que atraviesa toda la gestión de Javier Milei, mientras el salario estatal continúa rezagado frente a la inflación.
En los hechos, se trata de una decisión que no sólo implica una reducción potencial de ingresos, sino también un retroceso institucional en materia de equidad y derechos laborales en el ámbito público.