El gobierno transfirió más de 40 billones de pesos al capital financiero

Un informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) revela que, desde diciembre de 2023, el gobierno de Javier Milei ejecutó un ajuste sin precedentes que implicó una transferencia de más de 40 billones de pesos al capital financiero. El recorte del gasto público, la licuación salarial y la pérdida de recursos para la seguridad social y las obras sociales conforman un modelo de “redistribución a la inversa”, en el que el costo del orden fiscal recae casi exclusivamente sobre el trabajo y las jubilaciones.

El ajuste libertario, presentado como la gran cruzada contra el “Estado derrochador”, tuvo un efecto concreto y medible: una masiva transferencia de recursos desde los trabajadores hacia los sectores financieros. Según el último informe del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), elaborado por los economistas Diego Kofman, Lavih Abraham, Marco Kofman, Natalia Pérez Barreda y Sergio Arelovich, la pérdida total acumulada por el sector laboral alcanza los 55 billones de pesos.

El estudio, basado en datos oficiales del INDEC, desagrega esa cifra en cuatro grandes componentes:

9,4 billones de pesos de pérdida de recaudación en la seguridad social;

4 billones en la financiación de obras sociales;

1,5 billones en los recursos sindicales;

y 40,1 billones de pesos en ingresos que los trabajadores en relación de dependencia dejaron de percibir desde que comenzó la gestión de Milei.

El informe califica el fenómeno como una “redistribución regresiva del ingreso”, impulsada por políticas que licuaron salarios y jubilaciones, paralizaron la obra pública y recortaron la inversión en educación. Según MATE, desde la asunción del gobierno libertario, el Estado “ahorró” 82 billones de pesos mediante la motosierra fiscal, pero ese ahorro “no fue neutral”: significó una transferencia directa al sector financiero y a los grandes exportadores, mientras el poder adquisitivo de los trabajadores se desplomó.

En términos personales, las pérdidas son abrumadoras.

En el sector público, los salarios se encuentran 19% por debajo del nivel de diciembre de 2023, con una pérdida acumulada de 8,1 millones de pesos por trabajador.

En el sector privado, el retroceso ronda el 5%, equivalente a 1,7 millones de pesos por trabajador.

Y entre los jubilados y jubiladas, la caída del poder de compra alcanza el 23%, lo que significa una pérdida promedio de casi 4 millones de pesos por beneficiario.

El deterioro salarial se combina con el aumento del desempleo y el endeudamiento familiar. “A pesar del fuerte incremento del autoempleo como salida individual a la falta de trabajos formales”, señala el informe, “la morosidad de las familias con el sistema financiero llegó a niveles récord”. Históricamente, entre el 2% y el 3% de los préstamos a hogares se encontraba en situación irregular; en julio de 2025 ese porcentaje trepó al 6,2%, el doble del promedio histórico.

El MATE advierte además que la inflación, lejos de moderarse, lleva casi cinco meses consecutivos en alza, pese a que el gobierno justificó su política de ajuste en la necesidad de reducirla. “El alto costo social que la sociedad soportó para frenar la inflación no ha dado resultados visibles”, subraya el informe, “mientras los salarios y jubilaciones no han recuperado nada de lo perdido”.

A la contracción del consumo se suma la incertidumbre macroeconómica. El propio relevamiento del MATE detecta que la economía se estancó a partir de febrero de 2025, con una caída del 1,5% en julio respecto de ese mes. Incluso entre los empresarios industriales —los supuestos ganadores del modelo libertario— predomina el pesimismo: “por primera vez, son más los que creen que estarán peor en los próximos meses que los que creen que estarán mejor”, indica el estudio.

En los últimos días, la política económica oficial dejó en evidencia esa orientación. En su búsqueda desesperada de dólares tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, el gobierno eliminó por unos días las retenciones a las exportaciones, lo que representó una pérdida fiscal de más de 2 billones de pesos, según los cálculos del MATE. Al contabilizar todas las rebajas y suspensiones de derechos de exportación desde enero, el Estado dejó de percibir más de 3.000 millones de dólares.