El Gobierno avanza sobre la estructura salarial del empleo público nacional

La administración de Javier Milei derogó una decisión vigente desde 2004 que regulaba los haberes de los contratados en el Estado. La medida, firmada por Guillermo Francos y Federico Sturzenegger, promete “optimizar la gestión pública”, pero genera preocupación por la ausencia de un nuevo marco que garantice la equidad salarial.

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de revisión del empleo público al derogar, mediante la Decisión Administrativa 26/2025, una normativa que durante más de dos décadas había regulado los salarios de los trabajadores contratados en la Administración Pública Nacional.

El texto, rubricado por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger, deja sin efecto la Decisión Administrativa N° 3/2004, que establecía los criterios de equiparación salarial entre los empleados contratados y los de planta permanente.

Hasta ahora, ese esquema garantizaba que los contratados percibieran un salario equivalente al de un trabajador de planta en el mismo nivel escalafonario, ajustado según la carga horaria y la especialización profesional. Además, los antecedentes laborales y formativos tenían peso en la asignación de un adicional por grado, que reconocía la experiencia y la capacitación acumulada.

Con la derogación, desaparece el marco normativo que aseguraba la proporcionalidad salarial y la estandarización de los mecanismos administrativos de contratación. Según el Gobierno, esta decisión forma parte de una “revisión integral de las políticas de personal” orientada a “optimizar los procesos que propendan a la mejora en la calidad de la gestión”.

Sin embargo, el texto oficial no introduce un régimen sustituto ni detalla cómo se fijarán los nuevos salarios, lo que abre interrogantes sobre la situación contractual y remunerativa de miles de trabajadores estatales que se desempeñan bajo la modalidad de locación de servicios o contratos temporales.

El marco derogado estaba amparado en la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164 y el Decreto N° 1421/02, que fijaban los principios de idoneidad, transparencia y equidad dentro del empleo público. A partir de ahora, la ausencia de reglas claras podría derivar en discrecionalidad para determinar sueldos y condiciones, dejando expuestos a los trabajadores que no forman parte de la planta permanente.

El procedimiento de control —hasta hoy a cargo de las unidades de Recursos Humanos, con auditorías internas en cada organismo— también queda sin sustento normativo, lo que podría impactar en la trazabilidad y en la transparencia de las contrataciones futuras.

La eliminación de la norma de 2004 marca un cambio estructural en el empleo público argentino y abre una etapa de transición cargada de incertidumbre. Si bien el Gobierno argumenta que la medida busca una gestión más eficiente y moderna del Estado, la falta de un nuevo marco regulatorio pone en riesgo los principios de equidad y previsibilidad salarial que habían regido durante más de veinte años.

Hasta tanto se defina una nueva política de remuneraciones y contratación, los trabajadores estatales contratados permanecen en un limbo administrativo, sin certezas sobre su futuro laboral ni sobre los criterios que regirán sus ingresos.