Mientras el mundo reduce la semana laboral, el Gobierno planea extender la edad jubilatoria y flexibilizar los horarios

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, anticiparon que tras las elecciones legislativas impulsarán una reforma estructural del sistema laboral y previsional. En lugar de reducir la jornada, como ensayan países desarrollados, el oficialismo plantea elevar la edad jubilatoria a los 70 años y flexibilizar los límites horarios según las necesidades empresariales.

El plan económico que el Gobierno nacional prepara para después del 26 de octubre incluye un giro drástico en materia laboral y previsional. La extensión de la edad jubilatoria hasta los 70 años y una reforma laboral de corte flexibilizador son dos de los ejes centrales de la nueva agenda que el oficialismo busca instalar bajo el argumento de “modernizar” el mercado de trabajo.

Durante un acto en la Bolsa de Comercio de Córdoba, el Presidente fue categórico:

“Se vienen la reforma tributaria, la reforma laboral y mucha desregulación económica… Vamos hacia un mercado laboral más libre”, expresó Milei, en un discurso que volvió a poner sobre la mesa la intención de reestructurar la relación entre trabajadores y empleadores.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo fue más específico en junio, durante el Congreso Somos Pymes, donde señaló que “el daño que está haciendo la actual estructura laboral es indignante” y que “la reforma laboral es algo fundamental”.

El diagnóstico oficial apunta a que el empleo privado registrado no crece desde 2011 y que la cantidad de empleadores permanece estancada desde 2007, según datos que el propio Caputo utilizó para justificar el impulso a la flexibilización.

El contraste internacional

Mientras en países como Reino Unido, Islandia y Japón se desarrollan experiencias exitosas con semanas laborales reducidas, que demostraron mejoras en productividad, bienestar y retención de talento, en la Argentina libertaria se proyecta el camino opuesto.

Los ensayos internacionales muestran que, al trabajar cuatro días en lugar de cinco, las empresas registraron mayor motivación, menos estrés y productividad igual o superior, incluso con menor carga horaria. Sin embargo, en un país donde la cultura sindical sigue presente y los sectores empresariales mantienen visiones tradicionales de productividad, esas tendencias parecen lejanas.

Tampoco los avances tecnológicos —ni el desarrollo efectivo de la inteligencia artificial o la automatización— se consolidaron lo suficiente como para habilitar una redistribución real del tiempo de trabajo.

El debate sobre la jornada reducida hoy está presente solo en el discurso de las consultoras privadas, mientras la legislación argentina mantiene límites de 8 horas diarias o 48 semanales, sin fijar un mínimo de días laborables.

En teoría, podría trabajarse solo tres días por semana sin superar el tope de horas, pero en la práctica el problema radica en la reducción del salario y la necesidad de modificar leyes para sostener la remuneración completa con menor carga horaria.

Las limitaciones legales y sindicales

La Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Jornada de Trabajo fijan los marcos vigentes.
Cualquier intento de reducir o redistribuir las horas laborales —sin alterar los ingresos— requeriría una reforma legislativa o la firma de acuerdos sectoriales que contemplen particularidades por industria o convenio colectivo.

Según especialistas en derecho laboral, no sería necesaria una reforma general, sino modificaciones específicas acordadas con los gremios.
En Argentina, muchos sectores ya operan con convenios diferenciados, lo que permitiría —al menos en teoría— ensayar una reducción de jornada por rama de actividad.

Sin embargo, los cambios estructurales que impulsa el Gobierno libertario avanzan en la dirección contraria: hacia un sistema más flexible en materia de despidos y contratación.
A partir del DNU 70/2023 y su incorporación parcial en la Ley de Bases 27.742, se habilitaron nuevas modalidades de contratación, fondos de cese laboral y mecanismos alternativos a la indemnización tradicional.

El objetivo declarado es “fomentar la registración y reducir la litigiosidad”, aunque desde el movimiento sindical se advierte que el verdadero propósito es abaratar el costo del despido y debilitar la estabilidad laboral.

Un debate que divide el futuro del trabajo

El contraste entre la reforma laboral flexibilizadora que impulsa el Gobierno argentino y las tendencias internacionales que buscan acortar las jornadas es nítido.
Mientras el mundo debate cómo mejorar la calidad de vida laboral, el oficialismo nacional avanza hacia un modelo centrado en la rentabilidad y la desregulación.

En un contexto de alta inflación, salarios depreciados y creciente precarización, la discusión sobre extender la edad jubilatoria a los 70 años suma una nueva preocupación.
Los gremios, las centrales sindicales y los especialistas en política laboral anticipan un escenario de fuerte resistencia en el Congreso y en las calles.

El debate sobre el futuro del trabajo en la Argentina se abre entre dos paradigmas opuestos: mientras el mundo desarrollado ensaya fórmulas para trabajar menos y vivir mejor, el Gobierno de Javier Milei proyecta un esquema de mayor flexibilidad, más horas y jubilaciones tardías.

El argumento de la eficiencia choca con la realidad de un mercado laboral frágil y con la resistencia sindical que, de concretarse estas reformas, promete ser también uno de los capítulos más intensos del año político.