El movimiento universitario festeja el rechazo al veto presidencial en el Senado

El Senado convirtió en ley el financiamiento universitario tras rechazar el veto presidencial. El movimiento académico destacó el logro como fruto de la organización social, pero subrayó que el gobierno podría resistirse a aplicarlo bajo el argumento del déficit fiscal. Dirigentes gremiales remarcaron que la defensa de la universidad pública excede lo institucional y representa una causa democrática y social más amplia.

La sanción definitiva de la ley de financiamiento universitario fue recibida con entusiasmo en el ámbito académico. La norma restituye recursos fundamentales para el funcionamiento de las universidades públicas y constituye un revés político para el Poder Ejecutivo.

Ricardo Petraglia, secretario general de la Asociación de Docentes Universitarios Nacionales (ADUNA), valoró la decisión legislativa: “Es fundamental que los representantes del pueblo escuchen al pueblo y voten en consecuencia”. Sin embargo, advirtió que el avance es limitado: “Esta ley, de implementarse, volvería a poner a las universidades en el nivel en el que estaban en diciembre de 2023. Sabemos que es muy probable que el gobierno no la implemente, pero hoy tenemos que sentirnos orgullosos porque es la demostración de que luchar sirve”.

La secretaria de Relaciones Internacionales de Conadu, Yamile Socolovsky, subrayó el carácter colectivo del triunfo: “El resultado en el Senado es fruto de la unidad y de la movilización popular frente al ajuste”. Para la dirigente, el movimiento universitario logró enviar “un mensaje contundente al Congreso” y al mismo tiempo reafirmó el rol de la universidad pública como actor democrático.

Socolovsky recordó que la gestión de Javier Milei ya ha desconocido otras normas apelando a la necesidad de reducir el déficit. Por eso, advirtió que la tarea inmediata será exigir que el financiamiento se ejecute efectivamente: “Nuestra responsabilidad es defender el cumplimiento de esta ley”.

Los gremios coinciden en que el debate por el financiamiento trasciende lo estrictamente académico. “La defensa de la universidad pública constituye una bandera clave en la lucha por la soberanía, la democracia y la justicia social”, sostuvo Socolovsky, en sintonía con el diagnóstico de Petraglia y otros referentes.

Ese enfoque explica que la movilización social haya sido determinante en el proceso parlamentario: estudiantes, docentes y no docentes confluyeron en marchas y vigilias, transformando la causa universitaria en una expresión más amplia de rechazo al ajuste.

La sanción de la ley de financiamiento universitario se erige como una victoria significativa en el escenario político actual, pero también como un punto de partida. El movimiento académico celebra el logro, al tiempo que reconoce que la verdadera disputa recién comienza: lograr que el gobierno cumpla con la norma. En ese desafío, la calle seguirá siendo, como hasta ahora, el principal bastión de la universidad pública y de quienes la defienden como patrimonio colectivo de la sociedad argentina.