Gremios universitarios advierten: “El 2 de octubre el Senado debe estar a la altura”

El titular de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan, Daniel Durán, analizó el presente del sistema universitario tras la tercera marcha nacional en defensa de la educación pública. Denunció que el Ejecutivo proyecta un ajuste del 40% para 2026 y advirtió que la reforma laboral encubre un proceso de precarización que golpea a trabajadores y estudiantes.

El sistema universitario argentino atraviesa semanas decisivas. Luego de la multitudinaria tercera marcha universitaria, que movilizó a miles de personas en todo el país en rechazo al veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, los gremios, estudiantes y autoridades académicas se mantienen en estado de alerta.

Daniel Durán, secretario general de la Asociación del Personal de la Universidad Nacional de San Juan (APUNSJ), explicó en diálogo con Mundo Laboral SJ que la protesta “no se reduce a un reclamo salarial, sino que involucra a toda la sociedad”. Según planteó, la universidad pública constituye “una de las principales herramientas históricas de movilidad social ascendente” y, en el plano económico, es un “socio estratégico” para el desarrollo regional.

Durán ejemplificó con el caso de San Juan, donde el aporte universitario resulta clave para sectores exportadores: “Productores locales de frutos secos pueden llegar a mercados internacionales gracias a los institutos universitarios que proveen insumos sanitarios, de lo contrario tendrían que importar de Estados Unidos o Brasil. Es un aporte de enorme valor agregado para la economía regional”, sostuvo.

La atención del frente universitario está puesta en el Senado, que el próximo 2 de octubre debatirá la insistencia sobre la ley vetada por el Poder Ejecutivo. El dirigente explicó que el procedimiento constitucional requiere que ambas cámaras rechacen el veto para que la norma pueda ser promulgada. “Estamos expectantes y movilizados, porque el destino del financiamiento depende de esa definición”, subrayó.

Durán también denunció que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un recorte del 40% en las partidas universitarias, sumado al ajuste similar aplicado en el año en curso: “Esto representa una estrategia de disolución del sistema universitario nacional. Es insostenible”, advirtió.

En ese contexto, el sindicalista cuestionó la orientación económica del Gobierno: “El ajuste no lo paga la casta, lo pagan los trabajadores. Se baja el salario para reducir costos y se recortan servicios para contener la demanda. Y a esto se suma una reforma laboral que, bajo un discurso elegante, implica precarización”. Según Durán, el impacto ya se siente en los hogares: “Los salarios no alcanzan más allá del día 15 de cada mes; muchas familias sobreviven con tarjetas de crédito y adelantos, en un esquema de endeudamiento que se vuelve insostenible”.

La fortaleza del frente universitario aparece como un factor central. Docentes, no docentes, estudiantes y autoridades han consolidado un espacio común de defensa: “Todo el sistema está articulado y en estado de alerta, porque la postura del Ejecutivo frente a la universidad pública es una agresión muy grave”, remarcó el dirigente sanjuanino.

La encrucijada universitaria sintetiza tensiones más amplias: ajuste presupuestario, reformas laborales y deterioro del poder adquisitivo. Mientras el Gobierno mantiene su ofensiva, gremios y comunidades académicas refuerzan la unidad y anticipan nuevas acciones de protesta. El desenlace legislativo del 2 de octubre marcará un punto de inflexión en el futuro de la universidad pública argentina, hoy vista por amplios sectores como bastión social y motor de desarrollo económico regional.